El ejercicio de la función jurisdiccional es fundamental para la garantía de los derechos de los ciudadanos/as y las libertades públicas y, en definitiva, para el buen funcionamiento de nuestro Estado de derecho.
Esta función ha de llevarse a cabo con plena independencia y además con apariencia de independencia. Es preciso que cualquier ciudadano/a que cumpla los requisitos legales tenga la posibilidad de preparar la oposición de acceso a la carrera judicial sin que las dificultades económicas constituyan un obstáculo.
La recesión económica que hemos padecido y la creciente desigualdad resultante suponen que los aspirantes no parten de la misma casilla de salida para lograr el objetivo y el anhelo de ser juez/a. El derecho de los ciudadanos/as al acceso a los cargos y funciones públicas y a formar parte de las instituciones del estado en condiciones de igualdad de oportunidades exige que los poderes públicos adopten medidas para solucionar este problema removiendo todos los obstáculos.
Por ello solicitamos al Ministerio de Justicia, al CGPJ y a las Comunidades Autónomas que articulen un sistema de becas públicas para proporcionar medios económicos que permitan afrontar la preparación de las oposiciones, a aquellas personas que carezcan de recursos suficientes conforme a los criterios que previamente se establezcan.
EL SECRETARIADO