Con ocasión del inicio del juicio de jurado ante la Audiencia Provincial de Almería por el presunto delito de asesinato del menor Gabriel Cruz, el próximo 9 de septiembre, las asociaciones judiciales abajo firmantes queremos manifestar lo siguiente:
1.- El 13 de abril de 2018, el Consejo Audiovisual de Andalucía, emitió un informe cualitativo sobre el tratamiento dado al caso Gabriel en el que se concluyó, tras el análisis de varios programas televisivos sobre el caso durante los días 6 y 7 de marzo de 2018, que se había incurrido en «difusión de rumores, informaciones erróneas e hipótesis inculpatorias», «utilización de la voz de autoridad» de forma interesada, «difusión de datos personales», «morbo, espectacularización y explotación sentimental», y «difusión de imágenes violentas y politización del debate», entre otras cuestiones.
2.- En los últimos tiempos, asistimos a un creciente interés del público y de la prensa por los casos denominados «mediáticos» y a un cambio sustancial en su tratamiento informativo, si lo comparamos con épocas anteriores. El derecho a la información está reconocido en la Constitución como un derecho fundamental y, en estos casos, nadie duda de que haya interés público. Por tanto, hay un derecho social de ejercicio individual a recibir información veraz de los medios de comunicación, cuya función democrática es incuestionable.
3.- Paralelamente, en este tipo de juicios, no se protege de igual forma el derecho de los investigados a un juicio justo con todas las garantías conforme al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que pasa por el escrupuloso respeto a la presunción de inocencia. Se difunden datos e imágenes de ellos sin especial relevancia en el caso y, a menudo, asistimos a debates televisivos y en prensa en los que se da por sentada su culpabilidad.
4.- Igualmente, no se presta atención en la difusión de la información al derecho de las víctimas a que se respete su derecho a la intimidad y a la imagen. En concreto, se incumple sistemáticamente lo establecido en el artículo 34 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que establece que«los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social».
5.- En el caso concreto de Gabriel Cruz, adicionalmente a todo lo anterior, algunos medios de comunicación no han respetado la voluntad expresa, reiterada e inequívoca de los padres a que se respete la memoria de su hijo y no se haga del juicio un «circo mediático». Además de haberse difundido información que pudiera incumplir el Estatuto de la Víctima y vulnerar el derecho a la intimidad familiar, se ha obviado la voluntad de los directamente afectados.
6.- El caso de Gabriel Cruz no es el único, pero, dada la voluntad familiar inequívocamente prestada y que la familia nos ha trasladado, es una oportunidad idónea para reflexionar sobre qué tipo de información sobre casos judiciales queremos e, incluso, emular las prácticas periodísticas de algunos países de nuestro entorno, más respetuosos con estos temas.
Por todo lo anterior, como asociaciones profesionales que nos guiamos por la defensa de los principios constitucionales, pedimos que se respete la intimidad del menor y su familia, así como la presunción de inocencia de la acusada, mediante un tratamiento informativo responsable que conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes intervinientes. Y extendemos esta petición a todos los casos mediáticos en curso o por venir por ser una asignatura pendiente en nuestra sociedad.
En Madrid, a 26 de agosto de 2019.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA (AJFV)
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (JJpD)