En Madrid, el día 23 de julio de 2018 asisten a la reunión con la Ministra de Justicia, representantes de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales.  Asisten igualmente el Secretario de Estado del Ministerio de justicia, la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Directora de Modernización de Justicia, desarrollo tecnológico y Recuperación y Gestión de activos y el Director del Gabinete de la Ministra de Justicia.

En materia de retribuciones la Ministra de Justicia se compromete a convocar la mesa de retribuciones para finales de septiembre e intentará que esta semana se pueda concretar la fecha.  Las retribuciones dependen del techo de gasto y en este momento se está negociando el incremento en seis mil millones de euros.  La Ministra es consciente del retorno económico que supone la mejora de la Administración de Justicia y están haciendo un estudio sobre ello, lo cual podría redundar en una mejora de retribuciones en su caso.

Además, por lo que respecta a las retribuciones variables se pretende pasar en los presupuestos siete millones de euros del grupo II (modernización) al grupo I (personal) de modo que se podrían asignar 3’5 millones  de euros a jueces, 1’7 millones a fiscales y 1’7 millones a LAJs, lo cual se reflejaría en la nómina de diciembre de 2018 con un aumento lineal de las retribuciones variables.

Respecto a las retribuciones fijas se indica que la Directora de Presupuestos confirma que la subida salarial de la función pública es extensible a los jueces y fiscales en los próximos tres años.

En materia de licencias y permisos la reforma de la Ley Orgánica está avanzada y se espera que en diciembre esté aprobada en este punto.

Respecto a las sustituciones se mantienen las profesionales con pago del 100% del complemento de destino.

En cuanto a la Nueva Oficina Judicial y Justicia Digital hay un compromiso para crear grupos de trabajo que estudien el estado actual y los problemas existentes y que serían convocados para finales de septiembre.  Se pretende ralentizar la implantación del expediente digital hasta que se evalúen estos problemas.

También hay consenso absoluto en la derogación del artículo 324 de la LECrim. relativo a los plazos de duración de la instrucción.

Respecto al Consejo General del Poder Judicial se pretende pasar al sistema colegiado anterior a la reforma del año 2015.  Sin embargo no se contempla que se cambie el sistema de elección de sus miembros.

Se contempla introducir en esta reforma de la Ley Orgánica la supresión del magistrado autonómico.

Hay compromiso en cuanto a la elaboración de un nuevo reglamento de la Carrera Fiscal y que la formación de los fiscales no dependa del Ministerio de Justicia.  No obstante se anuncia que no se crearán las 69 plazas de fiscales anunciadas ya que a pesar del compromiso del anterior Ministro, no estaban presupuestadas.  Se intentarán crear las plazas que se puedan según los presupuestos.

Se reconoce el derecho de huelga de Jueces y fiscales aunque no se concreta nada sobre su regulación expresa.

Juezas y Jueces para la Democracia fue la única asociación que preguntó por la situación de las nuevas promociones, a lo cual la Ministra se mostró receptiva y sensible a sus reivindicaciones para mejorar sus condiciones profesionales, aunque no se concretó ninguna medida.

EL SECRETARIADO