El Congreso de la asociación de León de mayo de 2018 aprobó lo siguiente:
Eliminación de la figura de los «Letrados permanentes» del Consejo General del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Motivación
La Ley Orgánica 4/2013, de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (en vigor desde el 30 de junio de 2013), añadió un nuevo libro VIII («Del Consejo General del Poder Judicial») a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuyo título V («De los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial»), contiene un capítulo III («El personal del Consejo General del Poder Judicial»), artículos 621 a 627, en el que se introduce como novedad la figura del «Letrado permanente» del CGPJ, junto a las tradicionales plazas de Letrados del CGPJ de carácter temporal (art. 621.1 y 2 LOPJ).
Los «Letrados permanentes» son funcionarios de carrera, que han de poseer el título de licenciado o graduado en Derecho, elegidos entre quienes hayan superado el concurso-oposición, seguido con arreglo a los criterios aprobados por el Pleno del CGPJ y publicados en el Boletín Oficial del Estado, siendo nombrados por la presidencia del CGPJ (arts. 621.3 LOPJ y Acuerdos del Pleno del CGPJ de 29 de mayo de 2014 y de 26 de julio de 2017).
El preámbulo de la Ley Orgánica 4/2013 justifica esta novedad, afirmando que «tiene que ver con la profesionalización del Consejo como administración llamada a gestionar las vicisitudes de la carrera de Jueces y Magistrados. Tratándose de una institución que debe renovarse íntegramente cada cinco años, lo que implica una cierta falta de continuidad institucional, se establece que, dentro del Cuerpo de Letrados del Consejo, un número determinado tenga carácter permanente, siendo seleccionados mediante concurso-oposición que garantice, en cualquier caso, los principios de mérito y capacidad, y que esté destinado a desarrollar labores técnico-jurídicas dentro del Consejo. En cuanto a las implicaciones económicas de esta medida, se prevé la amortización progresiva de las plazas de los actuales Letrados. Por lo tanto, se introduce únicamente una medida de reorganización interna con la finalidad de incrementar la eficiencia del órgano, que en ningún caso supondrá incremento de coste» (preámbulo V, pár. 7º).
La reforma operada por Ley Orgánica 4/2013, ha sido criticada, en esencia, por dar al CGPJ un carácter marcadamente presidencialista, hasta que el punto de que se le ha llegado a considerar una mera dependencia del Ministerio de Justicia, cuestionando su función de velar por la independencia judicial en todas sus facetas.
La creación de un cuerpo de «Letrados permanentes» del CGPJ como funcionarios de carrera, supone, en realidad, dar un paso más hacia esa burocratización del órgano de gobierno de los jueces, desde el momento en que tales funcionarios-gestores administrarán asuntos judiciales sin haber tenido, en la mayoría de casos, experiencia jurisdiccional alguna.
Con el pretexto de «profesionalizar la gestión», es decir, al amparo de la cobertura de lo técnico y con apariencia de neutralidad, se desvincula estructural y funcionalmente de la jurisdicción al personal permanente del CGPJ, que en adelante estará llamado a informar y dirigir todos los aspectos relacionados con la carrera judicial, pues «se prevé la amortización progresiva de las plazas de los actuales Letrados».
Los hasta ahora «Letrados de carácter temporal», en su mayoría jueces y magistrados que han participado en el funcionamiento del Consejo de manera satisfactoria y con una estabilidad suficiente (pueden estar en el cargo hasta diez años), pasarían a un segundo plano, poniéndose en entredicho su profesionalidad.
Asimismo, tampoco puede ignorarse el déficit de legalidad de esta improcedente figura, ya que por la ley únicamente se establece la titulación exigida y el sistema de acceso, reenviándose a reglamentos del Consejo la regulación del resto de su régimen jurídico-funcionarial.
En León, a 25 de mayo de 2018.