ÍNDICE:
- Una etapa marcada por la crisis en Cataluña y la parálisis institucional
- Área institucional y de relaciones con las asociaciones judiciales
- Área de relaciones con organizaciones y movimientos sociales
- Área de escuela judicial y primeros destinos
- Área de Formación continua
- Área de ética judicial
- Área sindical
- Área de igualdad
- Área de portavocía y comunicación. Medios y redes sociales
- Área internacional
- Área de organización
- Área de publicaciones
- Balance económico del ejercicio 2017
- Una etapa marcada por la crisis en Cataluña y la parálisis institucional
El contexto internacional se caracteriza por el primer año de mandato de Donald Trump, las duras negociaciones del “Brexit”, la persistencia del problema migratorio y las dudas sobre la viabilidad del proyecto europeo.
En España siguen vigentes las políticas de austeridad, con recortes en los servicios públicos, y junto a Bulgaria, Grecia y Lituania destaca por su elevado grado de desigualdad, según el reciente informe de la UE sobre empleo. En los barómetros realizados en los últimos años por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para medir el estado de la opinión pública española, a la hora de identificar los tres problemas principales que existen actualmente en nuestro país, los ciudadanos señalan de forma repetida e invariable, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económico o político. Solo en el último baremo de octubre de 2017 emerge con fuerza el problema catalán por delante de la corrupción.
La situación política en España viene caracterizada por la parálisis institucional que afecta tanto a la acción del ejecutivo como a la escasa actividad legislativa del parlamento. La crisis sobre la vigencia del modelo de organización territorial diseñado en la Constitución de 1978, y especialmente en relación con Cataluña, es sin duda un factor determinante junto al complejo panorama político del que es fiel reflejo la fragmentaria composición de las Cortes.
En el ámbito de la Justicia, en el seno de MEDEL se ha realizado diversas iniciativas para denunciar la situación de los jueces/zas y fiscales turcos y los ataques a la independencia judicial en Polonia con motivo de la controvertida reforma judicial impulsada por el gobierno conservador del Partido Ley y Justicia. La Comisión Europea ha activado un proceso sancionador contra este estado que a largo plazo podría terminar con la suspensión de su derecho de voto en las instituciones comunitarias por una reforma que, a juicio de la UE, amenaza el estado de derecho.
La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la Unión Europea, figurando España como el séptimo estado donde menos juezas y jueces hay por habitante y como el tercero donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente, tras Eslovaquia y Bulgaria. Hasta un 58% de la opinión pública española tiene una imagen “mala” o “muy mala”. Cabe destacar sobremanera que, según el citado estudio, son las “interferencias y presiones del gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.
El “Cuarto informe de evaluación del Consejo de Europa relativo a la prevención de la corrupción con respecto de los miembros del parlamento, jueces y fiscales” [Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)], con críticas al sistema español de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) además de recordar la importancia de que el poder político no interfiera en el judicial. Igualmente, este Grupo indica las medidas anticorrupción que nuestro país aún no ha adoptado, entre las que destaca en el sector de la Justicia: legislar criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos de las altas funciones de la judicatura y ampliar los plazos de prescripción de los procedimientos disciplinarios de los jueces.
La encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja dos datos reveladores. El primero es que solamente una cuarta parte de los jueces españoles consideran que el Consejo General del Poder Judicial dispone de los mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva. Frente a los ataques inaceptables de algunos responsables políticos a la independencia de los jueces se pone de manifiesto la falta de reacción del órgano constitucional encargado de su defensa y amparo. Pero conviene destacar, sobretodo, el segundo dato. Los jueces y juezas españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia. No en vano, recientes nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial avalan esa percepción, mandando un mensaje demoledor a la carreja judicial al ser preferidos aquellos candidatas/os por sus afinidades políticas frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional.
Junto a la parálisis institucional hay que destacar como acontecimiento político del 2017 la crisis catalana. Un problema sobre el modo de integración de Cataluña en la organización territorial española, quedando obsoleto el diseñado por la Constitución de 1978. La centralidad del tema nacional identitario oculta y hace irrelevante la importancia de la agenda social.
La crisis en Cataluña afecta sobre manera a todas las organizaciones progresistas, provocando una fractura en su seno, y JJpD no podía ser menos. Esta es, en breve, la cronología de los acontecimientos: La asociación emite un primer comunicado el 7 septiembre ante la Ley de Referéndum. Hasta esa fecha JJpD había guardo un prudencial silencio sobre todo lo sucedido argumentando que se trataba de un problema eminentemente político. Las leyes de desconexión y de referéndum, declaradas posteriormente inconstitucionales, provocan una crisis del ordenamiento constitucional sin precedentes que motiva cuatro sucesivos comunicados conjuntos de todas las asociaciones judiciales (14 septiembre, 12, 20 y 28 de octubre) reafirmando en esencia la vigencia de la Constitución de 1978 y la independencia del Poder Judicial. Finalmente, la asociación se aparta del resto, con motivo del auto de la jueza Carmen Lamela acordando el ingreso en prisión del ex vicepresidente de la Generalitat y de siete ex consejeros, y emite un comunicado sobre garantías y derechos el 3 de noviembre, que es fuertemente contestado por un sector de la judicatura.
Estos comunicados del Secretariado más algunos emitidos por la Sección Territorial de Cataluña provocan un número importante de bajas (60), que sumadas a las causadas por jubilación (3) y fallecimiento (3), y descontadas las altas (13), no puedan evitar situarnos por debajo del medio millar de asociados/as (494).
- Área institucional y de relaciones con las asociaciones judiciales
Desde esta área, integrada por Ignacio González Vega, Begoña López Anguita, Javier Martínez Derqui y Javier Menéndez Estébanez, se han realizado numerosos contactos y reuniones con todo tipo de instituciones y organizaciones.
Las cuatro asociaciones judiciales hemos elaborado un documento: “Propuestas para la mejora de la Justicia” de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) de 16 de junio de 2017, que ha sido refrendado así mismo por la mayoría de juntas de jueces así como por más de 3.500 jueces y juezas.
En Portugal, en respuesta a la idea expuesta por el Presidente de la República, en su discurso de apertura del año judicial, a todos los profesionales del sistema judicial, las organizaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios y funcionarios han aprobado por unanimidad en este mes de enero un documento con 89 propuestas (sobre organización judicial, justicia económica, acceso a la justicia y delincuencia económica) que presentarán al gobierno, parlamento y al presidente.
Las catorce propuestas se agrupan en tres apartados: a) reforzar la independencia judicial: Consejo General del Poder Judicial; b) modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia; y c) condiciones profesionales.
Teniendo en cuenta la pluralidad de sujetos responsables en materia de Justicia, se ha iniciado la negociación de las anteriores propuestas, en los respectivos ámbitos competenciales, con los grupos parlamentarios PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados (el 20 de julio de 2017), el Ministerio de Justicia (los días 5 de junio y 5 de julio) y el Consejo General del Poder Judicial. Como último recurso, las asociaciones no descartamos cualquier medida de presión.
La reforma del CGPJ, la implantación de los tribunales de instancia o el incremento del número de miembros de la carrera judicial lo hemos abordado con los grupos parlamentarios y con el Ministerio en tanto que la fijación de las cargas máximas de trabajo la interlocución ha sido con el CGPJ sin perjuicio de plantear la demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el Ministerio de Justicia se han constituido tres comisiones de trabajo (expediente digital –habiendo emitido las asociaciones un comunicado conjunto el 25 de julio de 2017, protección social del juez y sustituciones).
En lo tocante a las condiciones profesionales, este es el estado en que se encuentran las negociaciones sobre recuperación de derechos y retribuciones:
En relación con la recuperación del régimen de vacaciones y permisos, se amplía hasta el 6 de febrero el periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados para la “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la LOPJ de reforma parcial del régimen de permisos y licencias” a los miembros de la carrera judicial presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se pretende, al hilio de esa modificación de la LOPJ, introducir otras reformas en el texto legal.
Es sabido que tanto la carrera judicial como la fiscal tienen un régimen retributivo propio. Tras años sin reunirse (desde 2008) se anuncia la convocatoria de la mesa de retribuciones. A tal fin, se han convocado hasta la fecha a las cuatro asociaciones judiciales y a las tres de fiscales a dos reuniones preparatorias sobre la mesa de retribuciones en la Secretaría de Estado de Justicia (12 de diciembre de 2017 y 16 de enero de 2018) y está prevista una tercera el próximo 31 de enero. Es una exigencia irrenunciable de las cuatro asociaciones la recuperación paulatina y sin contraprestaciones del poder adquisitivo.
A diferencia de la primera reunión, encabezada por la Secretaria de Estado de Justicia, la segunda estuvo presente únicamente el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia. La impresión general es que esta segunda reunión fue decepcionante. Desde el Ministerio nos transmitieron las objeciones formuladas por el Ministerio de Hacienda. La negociación se prevé ardua y difícil. A petición nuestra, el Ministerio de Justicia nos convoca a una reunión para el día 31 de enero con la finalidad de estudiar en detalle las diferentes propuestas que se han planteado: recuperación del poder adquisitivo, aumento del crédito destinado a las retribuciones variables hasta el 5%, retribución de trienios en la categoría de devengo, actualización de los grupos de población, mejora de las retribuciones de los servicios de guardia y las sustituciones internas, indemnización por gastos profesionales, carrera profesional, derechos pasivos (pensión de jubilaciones y planes de pensiones) y finalmente, el llamado complemento de modernización de la justicia, unas retribuciones ligadas a ese objetivo (implantación de la nueva oficina judicial o la justicia digital, por ejemplo).
La sensación de parálisis institucional se extiende al Ministerio de Justicia. A falta de una convocatoria definitiva de la mesa de retribuciones (en la que estará presente, entre otros, el Ministerio de Hacienda), no se percibe hasta el momento una efectiva voluntad del Ministerio en negociar propuestas para llevar a la mesa de retribuciones y están paralizadas las comisiones sectoriales que se constituyeron para abordar temas concretos (expediente digital, protección social del juez y sustituciones).
El CGPJ se halla en la recta final de su mandato y tampoco se percibe una decidida apuesta por fijar las cargas de trabajo. También se constituyó un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de Reglamento de las especializaciones civil y penal. En la primera reunión, el 13 de julio de 2017 en Madrid, hicimos constar nuestra protesta por haber adjudicado previo concurso las plazas de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, reservadas a especialistas, previamente a la aprobación de dicho Reglamento. La asociación presentó un informe el 17 de octubre de 2017 al Reglamento de creación de las especialidades Civil y Penal y del desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 7/2015. Esta iniciativa reglamentaria parece haber decaído pese a tener el respaldo de las tres principales asociaciones judiciales. También tuvimos reuniones con el CGPJ a propósito de las adscripciones forzosas de los jueces de menores, mostrando nuestro radical rechazo, y emitiendo al efecto dos comunicados; de las cláusulas suelo, discrepando de las soluciones acordadas con el Ministerio de Justicia; así como de la precaria situación laboral en la que se encuentran los compañeros/as de las últimas promociones.
Y la parálisis política afecta de lleno al parlamento, con una Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia, en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuyos trabajos están pendientes de la elaboración de unas conclusiones consensuadas entre todos los grupos parlamentarios a excepción de Unidos-Podemos que ha abandonado hace poco dicha subcomisión.
En este escenario, nos veremos abocados a consensuar con el resto de asociaciones judiciales un calendario de movilizaciones, sin descartar ninguna medida de presión.
Otras actividades a destacar son la intervención en el debate sobre el actual Estatuto Fiscal en el Congreso de los Diputados convocado por Confederal Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea. 6 de julio de 2017 en Madrid. Creemos que algo tenemos que decir sobre el estatuto orgánico del órgano encargado, entre otros cometidos ex constitutione, de velar por la independencia de los tribunales.
Finalmente, hemos asistido al acto «Madrid y los DDHH: la responsabilidad de las ciudades frente a los CIEs», en el Ayuntamiento de Madrid. 10 de julio de 2017.
- Área de relaciones con organizaciones y movimientos sociales
En esta área, integrada por Amaya Olivas Díaz y Begoña López Anguita, se ha mantenido el compromiso del Secretariado de participar y colaborar con asociaciones representativas de sectores de la sociedad civil especialmente vulnerables.
Hemos continuado con la colaboración y contacto permanente con colectivos como Amnistía Internacional, Rights International Spain, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estamos participando en el grupo de Análisis de la plataforma “No somos delito” en el estudio sobre una nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Especialmente activa y fructífera ha sido la actuación de la asociación en relación con la denuncia de la tortura. Amaya dirigió un Curso en el Servicio de Formación Continua del CGPJ sobre “Derechos Humanos en Situación de Vulnerabilidad“ en el que participaron expertos en esta materia del ámbito jurídico, forense y académico como Ignacio Mendiola, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco; Julián Ríos Martín, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Comillas; Patricia Fernández Vicens, abogada especialista en infancia y fenómenos migratorios y abogada de la Fundación “La Merced Migraciones”; Francisco Etxeberria Gabilondo, médico forense; Pau Pérez Sales, psiquiatra; Inés Herreros Hernández, fiscal, así como nuestros/as compañeros/as Ramón Sáez Valcárcel, Victoria Rosell y Carla Vallejo. Hubo muchas dificultades para que este curso fuera aprobado por el CGPJ, es una materia que no ha sido objeto de estudio a pesar de las condenas impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España como consecuencia de la falta de investigación de las denuncias por torturas. El curso fue un éxito. Sobre esta misma materia se mantiene la colaboración con la Coordinadora contra la tortura. JJpd forma parte de las organizaciones convocadas por el Sub-Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la visita realizada en España en octubre de 2017. Hemos acudido a las Jornadas celebradas por ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados) sobre la tortura.
En relación a la Memoria Histórica se ha participado en actos organizados por la Comisión de Memoria Histórica, y por el Colectivo de Víctimas del Franquismo. Hemos asistido en Motril a un acto organizado en recuerdo de las víctimas de “la desbandá”, el 18 de febrero, estuvimos presentes en el entierro de Timoteo Mendieta y participado en las Jornadas sobre el X Aniversario de la vigencia de la Ley de Memoria Histórica organizadas por la Universidad de Burdeos.
Junto al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares se han organizado unas Jornadas sobre la violencia de género en el Centro Penitenciario de Mujeres Madrid I, en las que actuó Pamela Palenciano representando su monólogo “No solo duelen los golpes”.
Se ha firmado el comunicado a favor de Helena Maleno, activista de derechos humanos que ha sido citada por un Juzgado marroquí por su labor humanitaria de ayuda a los migrantes.
Hemos participado en los actos de la Cumbre Social y asistido al Homenaje a los Abogados de Atocha (9 de junio) así como al 11º Congreso de la Confederación Sindical de CC.OO., celebrado en Madrid, el 29 de junio de 2017. También hemos organizado con CC.OO. una Jornada sobre “Puntos críticos de la contratación laboral: Abusos en la temporalidad, nuevas formas de precariedad y tiempo parcial y desempleo” que se van a celebrar el día 8 de febrero de 2018.
Se organizaron con la Universidad Carlos III de Madrid las Jornadas sobre “Libertad de Expresión y redes sociales”. También se ha organizado con el Consejo General de la Abogacía Española la Jornada sobre “Cataluña, Constitución y concordia”.
Hemos asistido al Acto conmemorativo del 30º Aniversario de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
También formamos parte del colectivo “Fronteres y Drets”, en el que están presentes en nombre del Secretariado Helena y Amaya. En Catalunya se ha creado una alianza de carácter permanente con colectivos progresistas del ámbito jurídico, referido en concreto a todos aquellos aspectos relacionados con la crisis migratoria. Se hizo un acto en relación con el CETA el 24 de febrero de 2017, elaborándose posteriormente una publicación a cargo de JJpD. Están previstos próximamente dos actos en Barcelona: uno sobre la trata de mujeres y otro para poner en común las distintas iniciativas surgidas de colectivos jurídicos en materia de refugiados y asilo a celebrar en el Colegio de Abogados.
Participamos en las Jornadas sobre la Administración de Justicia: organización, tecnología y proximidad que el SISEJ organiza junto al Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación de la Universidad Carlos III, celebradas en Cádiz el 29 de junio de 2017. Y continuamos con nuevos proyectos e iniciativas en este momento.
El Secretariado considera fundamental en una asociación comprometida con la sociedad la participación activa en jornadas, conferencias y reuniones con las asociaciones y grupos defensores de los Derechos Humanos y que representan a los sectores más vulnerables.
- Área de escuela judicial y primeros destinos
En esta área participan Helena Gil Esteve, Mercé Fernández y Amaya Olivas Díaz, destinadas en Barcelona. Para el Secretariado la atención a las nuevas promociones es prioritaria, nos preocupa especialmente ya que la asociación tiene un bajo índice de afiliación y la edad media de quienes integran actualmente JJpD. Esto es problemático a medio plazo, dado que nuestra asociación, aún dentro de su pluralismo, constituye un protagonista destacado de representar una cultura garantista y de los derechos fundamentales. A pesar que desde el Secretariado se han puesto en marcha diferentes iniciativas, no han tenido mucho eco por parte de asociados/as.
Amaya Olivas elaboró el documento “Hacer más grande JJpD” que fue aprobado en el último Congreso celebrado en Lleida y que ha sido mejorado y reelaborado para este Comité Permanente. En base a ese documento se creó la lista de correo “crecerjpd” en la que, según se aprobó en el referido Congreso, se integraron todos los coordinadores de las secciones territoriales junto a las personas voluntarias que así lo solicitaron. La lista estaba coordinada por Helena Gil y desde el principio se enviaron numerosos correos. La iniciativa empezó con fuerza. La compañera Carla Vallejo elaboró unas cartas de presentación que se remitieron a la lista de correo y se pidió a los coordinadores/as territoriales que estuvieran pendientes del BOE y se presentaran a quienes tomaran posesión en su territorio. Se elaboraron dos tipos de cartas (una para quienes acaban de ingresar en la judicatura y otra para los que tomaban posesión tras un concurso de traslado). Se confeccionó una encuesta para los asociados/as y no asociados/as que finalmente no se ha utilizado. No hay constancia de que las cartas se remitieran ni tampoco de que algún coordinador cursara visita a los recién incorporados/as, ni de alguna actividad llevada a cabo en los diferentes territorios para darnos a conocer. El último correo remitido por Helena Gil solicitando voluntarios/as para el buzón del juez/a no obtuvo ninguna respuesta.
La elaboración de un temario de oposición libre tampoco tuvo voluntarios/as que secundaran la iniciativa.
También se propuso hacer reuniones abiertas para darnos a conocer. Tras la visita a la Escuela Judicial por parte de Helena Gil y del coordinador de la Sección Territorial de Cataluña, José María Asencio, se organizó un encuentro en Barcelona una tarde con los alumnos/as que finalmente no se celebro al no presentarse ninguno.
Amaya Olivas asistió junto con el compañero José María Asencio a la Escuela Judicial a presentar la asociación a la promoción 68. Y la coordinadora de la Sección Territorial de Cataluña, Carmen Guil, acudió junto con el compañero Fernando De la Fuente a presentar JJpD a la promoción del cuarto turno.
Helena Gil acudió a la reunión en la Escuela Judicial para la presentación del plan docente de la Promoción 68 que, como viene siendo habitual en los últimos años, fue remitido prácticamente el día anterior a las asociaciones judiciales sin posibilidad de someterlo a debate y valoración. La reunión no dejó de ser un mero trámite y sin posibilidad de modificar el plan. Aunque en esta ocasión sí se ha redactado el plan docente en lenguaje inclusivo, tal y como solicitamos en la última reunión.
Como consecuencia del último Comité Permanente y Congreso creamos desde el Secretariado el “buzón del Juez/a”. En un inicio se integró por unas cinco personas, estando coordinado por Helena Gil. Finalmente se incorporaron algunos asociados/as más y se remitió la información sobre esta iniciativa a la carrera judicial que tuvo una gran acogida. Recibimos mensajes de personas no asociadas con consultas de todo tipo, sobretodo de carácter orgánico, que íbamos resolviendo entre todos. El buzón dejó de funcionar porque tras unos meses resolviendo los voluntarios/as iniciales, resultaba difícil coordinar. Helena escribió a la lista “crecerjpd” en busca de nuevas personas voluntarias y no se ofreció nadie. Se cambió la persona encargada de la coordinación, recayendo en Javier Derqui. Finalmente, ha dejado de funcionar pues no podemos ofrecer a la carrera un servicio que no se presta
- Área de Formación continua
En esta área participa Javier Martínez Derqui. Es uno de los ámbitos en que cabe mejorar para el próximo plan formativo, tanto en la detección de las necesidades formativas, en las propuestas de actividades como en la aprobación de los cursos propuestos.
La Comisión Pedagógica General del Consejo General del Poder Judicial, en la que estuvo presente Javier Martínez Derqui, se reunió el 18 de abril de 2017 en Madrid. Y las reuniones de las Comisiones Pedagógicas Sectoriales Civil, Penal, Social y Contencioso-administrativo tuvieron lugar el 19 de abril de 2017, con representantes en cada una de ellas de compañeros/as de la asociación.
Finalmente, como actividad extraordinaria se celebró dentro del plan de Formación para Jueces y Magistrados correspondiente al año 2017, el Curso sobre Derechos Humanos en Situación de Vulnerabilidad.
- Área de ética judicial
El responsable de esta área es Julio Martínez Zahonero. El Pleno del CGPJ, en su sesión del día 20 de diciembre de 2016, aprobó los principios de Ética Judicial conforme al texto acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016 por el grupo de trabajo sobre ética judicial, en el que participaron los compañeros Miguel Ángel Tabares, Ana Álvarez de Yraola, Javier Pereda, Carlos Gómez y Manuel Olmedo.
Estos principios de Ética Judicial están disponibles en la web del CGPJ: https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Buen-Gobierno-y-Codigo-etico/Codigo-Etico/
Y de ellos ha de destacarse: a)La finalidad de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial; b) No se ha olvidado la responsabilidad de las Administraciones en cuanto a proveer los medios para el correcto desarrollo de la función jurisdiccional; c) Se evita entrar en el ámbito de la “vida privada” con elementos moralizantes que sí se dan en otros códigos, limitándose a los aspectos de la “vida social” en cuanto pueda tener relación directa con la actividad jurisdiccional; d) Se destacan principios de relación con el justiciable que ya se recogían en la Carta de Derechos de los Ciudadanos; e) Se evita la confusión con el ámbito disciplinario, cuestión ésta que fue objeto expreso de pronunciamiento por el Congreso de Cádiz; y f) Se crea una Comisión de Ética Judicial sin interferencias del CGPJ.
Concluidos los trabajos del Grupo, y asumido el documento por el CGPJ, está pendiente la puesta en funcionamiento de la Comisión de Ética Judicial y sin que conste que dichos principios hayan tenido aplicación desde su aprobación.
- Área sindical
En esta área participan Julio Martínez Zahonero, Helena Gil y Mercé Fernández. Constatamos las dificultades de ejercicio de sus funciones por parte de los delegados/as de prevención de riesgos de la asociación. Existe una lista específica dirigida a ellos para compartir experiencias y dinamizar su labor, pero seguimos constatando que hasta ahora sigue siendo escasa la respuesta y la participación de los compañeros/as en estas actividades, que, no obstante, deberían estar más enraizadas en las actividades de las Secciones Territoriales. En tal sentido, seguimos reclamando, sin que se nos haga caso, el impulso definitivo a la aprobación por el CGPJ del Estatuto del Delegado de prevención de riesgos, lo que, sin duda, mejoraría y clarificaría la actividad que hayan de ejercer los compañeros/as designados en esta materia.
El pasado 28 de noviembre de 2017 estaba señalado el juicio de conflicto colectivo interpuesto por las cuatro asociaciones judiciales (APM, AJFV, JJpD y FJI) ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sobre el cumplimiento por el CGPJ de su obligación de fijar una carga máxima de trabajo a efectos de salud laboral. Como es sabido, aunque la demanda está firmada por todas las asociaciones judiciales, es esta asociación, con el apoyo esencial de la Comisión Sindical, la que apadrina su desarrollo e interposición. El Tribunal apuntó un posible litisconsorcio pasivo necesario con el Ministerio de Justicia, y, para evitar mayor dilación, optamos por ampliar la demanda contra el Ministerio. La reanudación de las sesiones está prevista para el próximo 7 de febrero.
En este sentido, constamos que el CGPJ declina su obligación de fijar las cargas de trabajo y continúa con la política de sustituirla con el documento que presentó en su día sobre “mapa de riesgos y sistema de alertas”, que ha elaborado unilateralmente y en el que se parte de la valoración del riesgo, tomando en consideración la carga de entrada en cada órgano, con sistemas de medición obsoletos. Los representantes judiciales en la CNSS, con el apoyo del Secretariado, nos hemos opuesto frontalmente a ese documento, dado que no es otra cosa que la dejación de funciones por parte del Consejo.
Nuestra postura, ya comunicada al Consejo, ha sido la de proponer que se fije, con carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la Carrera Judicial, una horquilla entre el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010. La horquilla se aplicará atendiendo a criterios personales del Juez o Jueza o estructurales del órgano, tales como la penosidad del destino, la complejidad litigiosa, la experiencia en el órgano, la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, problemas estructurales del Juzgado, reformas legislativas y otras análogas.
La indicada carga de trabajo supone, con carácter general, el máximo volumen de trabajo exigible a un Juez/a o Magistrado/a en condiciones compatibles con una adecuada protección de su salud, lo que se tendrá en cuenta por el CGPJ a todos los efectos. La superación de esta carga de trabajo de manera continuada podría suponer un factor de riesgo psicosocial, que debería ser adecuadamente evaluado y, en su caso, dar lugar a la adopción de medidas preventivas por parte del CGPJ.
En cambio, seguimos con la postura del Consejo de retrasar cualquier regulación, con el argumento de que previamente, hay que conocer las necesidades de planta judicial, su pretensión de vincular la carta del juez al del órgano concreto (vinculación de módulos de entrada y de salida). En su sustitución, el Consejo ha procedido a establecer el sistema de alertas, en el que, por generalidad e ineficiencia, desconfiamos. No supone más que un aumento de los módulos, puesto que la alerta se fija en el 150% de los módulos ya anulados, tal y como constatamos en la reunión de la CNSS de 3 de marzo de 2017. Desde entonces, la actividad de la CNSS se encuentra paralizada, sin que constatemos avance alguno.
En igual sentido, más allá de la reunión a que fuimos convocados el pasado día 29 de marzo de 2017 con representantes de la Mutualidad General Judicial, seguimos constatando la ineficiencia de la cobertura de MUGEJU para los riesgos de accidentes y enfermedad, donde el subsidio se abona a partir del sexto mes de baja, donde ya proceden las restricciones orgánicas del salario.
Finalmente, el Secretariado recuerda que ha suscrito una póliza colectiva de accidentes y enfermedad con la Correduría Cerón, de la que ya dimos cuenta a través del correo general, a disposición en la Oficina Técnica de cualquier asociado/a que quiera voluntariamente adherirse a las condiciones que fija.
- Área de igualdad
Por parte del Secretariado y de la persona designada para esta área, Helena Gil, se ha intentado dinamizar la Comisión de Igualdad aportando diversos temas para debatir.
Se consiguió en el último Congreso el cambio de nombre de la asociación tras un intenso debate y mucha participación de los integrantes de la comisión. Salvo en el tema del lenguaje, la comisión no tuvo apenas movimiento.
Elaboramos desde esta área el comunicado del 8 de marzo, fuimos al curso de igualdad en el Consejo y a la reunión de la comisión de seguimiento del plan de igualdad. Helena asistió el 3 de marzo de 2017 al Congreso Ibérico de Asociaciones Judiciales y participó en la mesa redonda sobre Igualdad y Conciliación. La compañera Mar Serna participó del 28 al 30 de marzo de 2017 en un curso del Consejo sobre la LO 1/2007, representando a JJpD. Ignacio González Vega participó en el curso del CGPJ sobre “Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional en el estatuto judicial”, celebrado el 26 de junio de 2017 en Madrid
Acabamos de celebrar el 19 de enero de 2018 unas jornadas sobre “vientres de alquiler/maternidad subrogada” que han tenido mucha participación, sobre todo de entidades sociales. Helena colaboró en la organización y clausuró la Jornada. Vamos a preparar un boletín monográfico sobre el particular y elaborar unas conclusiones desde la Comisión de Igualdad que esperamos puedan ser asumidas por toda la asociación. Y Helena participará el próximo 8 de marzo en el curso a celebrar en el Consejo General del Poder Judicial sobre igualdad y conciliación.
Finalmente, el Secretariado impugnó el 14 de febrero de 2017 el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre requisitos para acceder a juez/a del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa por vulneración de derechos fundamentales, que limita la edad para acceder a dicho puesto, al considerar que el límite autoimpuesto de que los candidatos no superen los 61 años es discriminatorio y en concreto perjudicaba a la candidata María Emilia Casas. Este recurso prosperó, no obstante, el gobierno no seleccionó para la terna de candidatos a la ex presidenta del Tribunal Constitucional. Finalmente, la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa ha elegido a la catedrática de Filosofía del Derecho, María Elósegui Ichaso, magistrada del TEDH, frente al candidato preferido por el Gobierno español, el expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
- Área de portavocía y comunicación. Medios y redes sociales
Son responsables de esta área Ignacio González Vega, Begoña López Anguita y Juan Antonio Lozano.
Es fundamental dar a conocer a la sociedad aquel ingente trabajo desarrollado por la asociación así como nuestro propio discurso, participando en el debate público sobre asuntos jurídicos de actualidad con la emisión de comunicados y notas de prensa amén de la labor de carácter pedagógico sobre la importancia de la independencia judicial, el sistema jurídico-constitucional y el respeto a los derechos fundamentales.
La difusión se realiza a través de los medios de comunicación (televisiones, radios, periódicos y todo tipo de publicaciones impresas y digitales) y las redes sociales.
Es innegable que nuestra presencia en los medios –a través de la portavocía y de los coordinadores territoriales- y en las redes sociales es muy superior a nuestra representación en la carrera judicial.
En las redes sociales, junto con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), somos con bastante diferencia la asociación de juristas con mayor número de seguidores de nuestro país y estamos a enorme distancia del resto de asociaciones judiciales. Así, a fecha 10 de enero de 2018, nuestro perfil de Twitter cuenta con 51.626 seguidores, muy por delante de APM (3.257), AJFV (4.631) y FJI (6.098). Y tenemos 20.961 seguidores en nuestro perfil de Facebook, muy superior a APM (208), AJFV (1.919) y FJI (1.468). Ello permite relacionarse directamente con la sociedad, sin la intermediación de ningún medio de comunicación, al tener la potencialidad de que una información de la asociación, con nuestro propio enfoque, pueda ser conocida a través de la redes por miles de personas.
| JJpD | 51.756 | 20.986 |
| APM | 3.281 | 210 |
| AJFV | 4.651 | 1.926 |
| FJI | 6.128 | 1.477 |
Datos a fecha 17 de enero de 2018
- Área internacional
En esta área participan Ignacio González Vega y Juan Antonio Lozano. En el seno de MEDEL se ha realizado diversas iniciativas para denunciar la situación de los jueces/zas y fiscales turcos y los ataques a la independencia judicial en Polonia con motivo de la controvertida reforma judicial impulsada por el gobierno conservador del Partido Ley y Justicia. La Comisión Europea ha activado un proceso sancionador contra este estado que a largo plazo podría terminar con la suspensión de su derecho de voto en las instituciones comunitarias por una reforma que, a uicio de la UE, amenaza el estado de derecho.
El Consejo de Administración de MEDEL, que tuvo lugar en Palma de Mallorca los días 10 y 11 de marzo de 2017, fue organizado conjuntamente por JJpD y UPF. En el mismo se proyectó el documental “Astral”, sobre la tragedia de los inmigrantes en el Mar Mediterráneo y fue seguido de un coloquio entre los protagonistas del documental y los magistrados/as asistentes.
A mediados de año remitimos al Secretariado de MEDEL un informe sobre la situación de la justicia en España para insertarlo en un documento más amplio sobre la situación de la justicia en Europa en el 2017.
Se han celebrado consejos de administración el 1 de julio en Oporto y el 6 de diciembre en Cracovia, en apoyo de los compañeros/as polacos/as, en este último se ha elegido un nuevo Secretariado, siendo nuevo presidente el representante de la ASJP, Filipe Marques, y como representante española está la compañera de la UPF, Iria Sabela González.
Las cuatro asociaciones judiciales españolas y la Asociación Sindical de Jueces de Portugal (ASJP) han celebrado el día 3 de marzo en Madrid su II Congreso Ibérico. El encuentro se enmarca dentro de la unidad de actuación asociativa y como continuación del I Congreso celebrado en Lisboa en el año 2008. Con la participación en cada panel de un representante por asociación, se han abordado temas tan diversos como la independencia judicial, el estatuto profesional, la igualdad y conciliación de la vida profesional y familiar así como las alternativas a la litigiosidad.
Finalmente, el pasado 19 de diciembre Comunicado sobre Honduras denunciando el fraude electoral, la consolidación del golpe de estado y la ruptura del estado de derecho en ese país centroamericano, manifestando nuestro apoyo a los jueces/zas que no pueden ejercer su función de control de forma independiente así como nuestra solidaridad con las víctimas de la impunidad.
- Área de organización
El área de organización está formada por Javier Martínez Derqui y Begoña López Anguita. Desde esta área se han celebrado numerosas reuniones de carácter logístico para coordinar las más diversas gestiones en la organización de múltiples actividades.
También se encarga de la gestión ordinaria de la asociación de forma coordinada con la Oficina Técnica. Se ha seguido apoyando las actividades de las comisiones técnicas y las jornadas de la Comisión de Privado, de la Comisión Sindical, de la Comisión de Penal y de la Comisión de Violencia de Género.
Se ha elaborado un Plan de Actuación del Secretariado en las distintas áreas, como elemento básico para establecer prioridades y hacer un seguimiento de la actividad llevada a cabo por el Secretariado.
- Área de publicaciones
Se han editado en formato impreso y virtual durante este periodo los números 88, 89 y 90 de la Revista “Jueces para la Democracia. Información y Debate”, este último número en homenaje a Perfecto Andrés, quien fue director de la publicación desde su lanzamiento hasta su reciente jubilación. El nuevo director de la revista es Ramón Sáez y la representante del Secretariado en el Consejo de Redacción es Amaya Olivas. Desde aquí queremos agradecer nuevamente a Perfecto el magnífico trabajo desarrollado durante estos treinta años al frente de la revista, la cual se erige en un espacio de encuentro de estudios y reflexiones sobre las más diversas disciplinas jurídicas, con gran prestigio dentro y fuera de nuestra asociación, por la elevada calidad de los artículos publicados.
La idea desde el Secretariado, en colaboración con el director de la revista, es reactivar el Consejo de Redacción, incorporando compañeros/as de los diferentes órdenes jurisdiccionales; implantar un consejo editorial formado por juristas procedentes de la judicatura, fiscalía y la universidad; elaboración de una guía de estilo para los autores/as; insertar un apartado de memoria de la asociación que permita recabar testimonios de asociados/as para su publicación progresiva; y potenciar los artículos que no solo aborden temas técnico jurídicos sino también de otras disciplinas de las ciencias sociales, incluyendo la visión de género.
En el 2017 se han editado los números 69 y 70 del Boletín Informativo “Jueces para la Democracia” en formato virtual. Esta publicación está dirigida por Begoña López Anguita y Amaya Olivas con la coordinación de la Oficina Técnica. El Secretariado desde sus inicios se ha marcado varios objetivos, dentro de un formato más moderno y ágil: a) fomentar la participación de los asociados/as, tanto a título individual, como a través de las secciones territoriales y comisiones delegadas; b) potenciar las colaboraciones procedentes de asociaciones y entidades de la sociedad civil cuyos fines promocionen y protejan los derechos fundamentales y sociales; c) dar cuenta de los avances en todo lo relativo al pacto por la Justicia y a temas sindicales; y d) dejar un espacio permanente para recensiones cinematográficas y literarias.
Como publicación extraordinaria, en formato virtual, contamos con “El CETA y los tratados comerciales: consecuencias y resistencias», en mayo de 2017 con los materiales de las ponencias impartidas en “El debate sobre el TTIP: Libertad de comercio ¿a qué precio?” organizado en el año 2016.
En cuanto a la página web (www.juecesdemocracia.es), el nuevo diseño gráfico por el que optamos, implementándolo en julio de 2017, hace que sea mucho más atractiva y adaptada a los tiempos actuales.
El objetivo con el que se realizó el cambio, era doble: A) por un lado, contar con una web con un software que pudiera manejar la OT sin depender de terceros y sin coste alguno; y B) por otro lado, para conseguir una herramienta que proyectara una imagen más moderna y visual de la asociación. Creemos que ambos objetivos se ha cumplido ya que actualmente la OT maneja los contenidos y diseño de la web y es considerable el aumento del número de las visitas a la misma tras el cambio de formato.
Asimismo, recientemente hemos personalizado el acceso restringido para que solo los miembros de la asociación puedan acceder al área interna. Este área está dotada de una estructura mucho más intuitiva a fin de facilitar al acceso a todos los contenidos
La modernización de nuestra página es una gran oportunidad para que tanto los asociados/as estén al tanto de lo que sucede en la asociación, así como que la sociedad pueda conocer el trabajo que realizamos y visualizarlo de una forma más atractiva.
La vinculación de las diferentes redes sociales en las que tiene un perfil la asociación (facebook y twitter) con la página está suponiendo un mayor impacto de nuestra web.
Además en la web hemos incluido los dos Blogs de JJpD: el blog de Penal y el blog de Social.
El blog de la Comisión de Social es un blog de referencia en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Cada día se publica un Newsletter con contenidos referentes a legislación, negociación colectiva, jurisprudencia, Organización Internacional del Trabajo y Administración de Trabajo y Seguridad Social. Además, se recogen artículos de actualidad escritos por compañeros/as de la Comisión de Social. El total de visitas es de 113.925. También cuenta con una Revista Jurisdicción Social, de periodicidad mensual, que es consultada por un gran número de personas.
En cuanto al blog de la Comisión de Penal, los compañeros/as de la Comisión de Penal hacen un gran esfuerzo por dotarlo de contenido de actualidad, incluyendo doctrina, jurisprudencia reciente y comentarios que pueden ser de interés para la jurisdicción. El blog tiene un total de 64.369 visitas.
- Balance económico del ejercicio 2017
La asociación ha finalizado este último año con un superávit de 43.057,52 euros.
| MARGEN DIFERENCIAL 2017 | |
| INGRESOS | 252.487,91 € |
| GASTOS | 209.430,39 € |
| RESULTADO | 43.057,52 € |
Este superávit se debe fundamentalmente a la baja de Pito, ya que las cantidad que percibe las abona la Seguridad Social, así como al esfuerzo que se ha realizado en materia de ajuste del gasto, al incremento de las cuotas aprobado en el penúltimo congreso y a que casi la totalidad de las actividades desarrolladas durante el año han estado prácticamente subvencionadas, lo que no siempre ocurre con respecto a otros años.
| INGRESOS 2017 | |||
| 2017 | 2016 | Diferencia | |
| SUBVENCIÓN CGPJ* | 104.796,37 € | 103.995,97 € | 800,40 € |
| CUOTAS ASOCIAD@S | 134.459,00 € | 133.645,00 € | 814,00 € |
| PATROCINADORES | 9.000,00 € | 15.000,00 € | -6.000,00 € |
| PUBLICACIONES | 4.224,34 € | 4.999,23 € | -774,89 € |
| FINANCIEROS | 8,20 € | 27,81 € | -19,61 € |
| 252.487,91 € | 257.668,01 € | -5.180,10 € |
* En esta partida está incluida la Subvención del CGPJ a las asociaciones judiciales General (organización), por nº de asociadas/os, por actividades, por resultados a Salas de Gobierno y la Subvención adicional que concede el CGPJ a las Asociaciones por la realización de actividades formativas.
Seguimos obteniendo más ingresos propios obtenidos de cuotas asociativas que de la subvenciones del CGPJ.
| GASTOS 2017 | |||
| 2017 | 2016 | Diferencia | |
| GENERALES DE LA ASOCIACIÓN | 154.364,81 € | 185.231,91 € | 30.867,10 € |
| JORNADAS | 12.716,90 € | 7.039,33 € | -5.677,57 € |
| REVISTA | 12.129,05 € | 12.157,55 € | 28,50 € |
| SECRETARIADO | 2.668,83 € | 3.431,21 € | 762,38 € |
| 31º CONGRESO JPD | 15.623,90 € | 16.401,15 € | 777,25 € |
| COMISIONES DELEGADAS | 4.126,09 € | 4.983,45 € | 857,36 € |
| PÁGINA WEB | 3.146,00 € | 0,00 € | -3.146,00 € |
| MEDEL | 4.654,81 € | 344,57 € | -4.310,24 € |
| 209.430,39 € | 229.589,17 € | 20.158,78 € |
Este año, la baja de Pito ha supuesto un ahorro considerable, a pesar de haber contratado a personal de apoyo, como también las partidas destinadas al pago de la hipoteca de la sede.
Respecto al resto de partidas, aunque seguimos conteniendo el gasto, se ha hecho u esfuerzo por aumentar las partidas relativas a la actividad asociativa de Jornadas y seguimos manteniendo reuniones de las Comisiones, publicaciones tanto de la revista como el Boletín y Boletines de Privado, Penal, Violencia de Género, Internacional y los Blog de Actualidad, publicaciones y de la Comisión de Penal y se ha apoyado a las Jornadas propuestas por las secciones territoriales. Otra clave del ahorro se ha producido fundamentalmente porque el Congreso ha sido más económico y ha contado con financiación suficiente para sufragar todos los gastos, cosa que no ocurre todos los años.
La situación económica de JJpD es estable aunque este año notaremos las perdidas en las cuotas de asociados tras las bajas sufridas, así como en el importe de las subvenciones del CGPJ en las que esas bajas necesariamente también sufrirán impacto.
Hay que agradecer muy especialmente a la Oficina Técnica, a Pito, a Fátima, a Pelayo y a Guillermo, su trabajo y esfuerzo realizado para ajustar el gasto y buscar en todas las situaciones las alternativas económicas más favorables. No solo se ha hecho desde la Oficina Técnica una gestión interna muy eficaz, sino que además se ha llevado a cabo con el menor coste posible para la asociación.
El Secretariado en unión con las otras asociaciones judiciales está desarrollando una política de recuperación de las subvenciones con cargo al CGPJ a fin de garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las mismas.
24 de enero de 2018
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA