Ante los graves acontecimientos ocurridos en el día de hoy en Cataluña, el Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia quiere expresar, por mayoría, lo que sigue:

Como Asociación comprometida con los valores constitucionales y los Derechos Humanos, garantía del orden y de la paz social, reprobamos cualquier género de violencia y actuaciones represivas.

Rechazamos cualquier actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Español que no se ajuste, estrictamente, a los principios de proporcionalidad, profesionalidad y no discriminación, y en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos.

Por todo lo cual, lamentamos profundamente, en un día triste para la convivencia democrática y en paz y para el Estado de Derecho, los heridos producidos en la jornada de este domingo 1 de octubre en Cataluña. Condenamos las cargas policiales indiscriminadas contra ciudadanos reunidos pacíficamente.

Pero también queremos denunciar el grave y torpe empecinamiento de los responsables de la Generalitat de Cataluña por continuar, incluso cuando hay heridos, con un referéndum declarado ilegal por los Tribunales de Justicia. La convivencia democrática no se alcanza con el mantenimiento de un referéndum que desborda el marco de la legalidad constitucional e internacional.

Asimismo, exigimos del Gobierno del Estado que oiga las reivindicaciones del pueblo de Cataluña y de sus instituciones, y que las integre, con generosidad y altura de miras, en nuestro marco común de convivencia. Al Gobierno del Estado y al Govern de la Generalitat les corresponde, desde el día de mañana, comenzar a dialogar y poner todo su empeño, en el marco de una sociedad democrática, para conseguir solventar el conflicto político planteado.

En tal sentido, recordamos que la solución al presente conflicto no corresponde a los tribunales de justicia, como recordó́ el Tribunal Constitucional en su sentencia 42/2014, de 25 de marzo (FJ 4 b). Pero también recuerda que la Constitución no es un texto “sacramental”, y que la misma puede ser modificada excepto en lo que se refiere al capítulo de Derechos Fundamentales, concluyendo por ello que “el derecho a decidir “expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución,” añadiendo, incluso, que “el más amplio deber de fidelidad a la Constitución” por parte de los poderes públicos, requiere que si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional (artículos 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla.”

Finalmente, queremos expresar nuestro apoyo y cercanía a todos los compañeros que sirven y ejercen sus funciones jurisdiccionales en Cataluña.

Madrid, a 1 de octubre de 2017