La Sección Territorial de Catalunya de Juezas y Jueces para la Democracia adoptó hace ya cuatro años el acuerdo de no pronunciarse sobre el conflicto colectivo que se vive en Catalunya desde la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló parcialmente el Estatut de Autonomía de 2006. Este acuerdo ha sido ratificado en fecha 12.9.17 en orden a preservar y potenciar la imprescindible percepción de imparcialidad que se debe transmitir a la ciudadanía.

 Ello no obstante, habiéndose pronunciado el Secretariado estatal de nuestra asociación, juntamente a otras asociaciones judiciales, en los términos de todos conocidos, entendemos necesario efectuar un comunicado propio precisando el sentir mayoritario de la Sección Territorial de Catalunya de Juezas y Jueces para la Democracia:

 1.      Son fines de nuestra asociación promover y contribuir a que se hagan efectivos los principios y valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, dentro de un Estado Social y democrático de Derecho y de acuerdo con los principios internacionales generalmente reconocidos.

 2.      Desde esa perspectiva, queremos expresar nuestro compromiso firme y leal con la Constitución y a la ley emanada de los poderes constituidos que dimanan de la misma y con la tutela efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía.

 3.      Asimismo, nuestro respeto firme y absoluto a los procedimientos legales establecidos, a las Sentencias de los Tribunales y, en concreto, a los pronunciamientos del Tribunal  Constitucional.

 4.      No nos corresponde, como jueces y juezas, decidir sobre la evolución, el cambio o una eventual reforma constitucional, pero sí queremos recordar que la Constitución prevé su propio mecanismo de reforma hacia cualquier otro tipo de organización territorial que se proponga desde los grupos políticos legalmente constituidos y organizados.

 5.      En tal sentido, forzoso es recordar que el Tribunal Constitucional, en su STC 42/14, después de recordar que, según el art. 1.2 CE, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”,  defiende una interpretación no “sacramental” de la Constitución, y que la misma puede ser modificada excepto en lo que se refiere al capítulo de Derechos Fundamentales, concluyendo por ello que “el derecho a decidir “expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución,” añadiendo, incluso, que “el más amplio deber de fidelidad a la Constitución” por parte de los poderes públicos, requiere que si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional (artículos 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla.”

 6.      Dentro de nuestra obligada promoción al pluralismo político, hacemos un llamamiento a los partidos políticos y organizaciones sociales para que redoblen sus esfuerzos en pro de una convivencia pacífica y democrática, a fin de superar las diferencias políticas existentes, y a que se perfilen fórmulas de regulación política compatibles con la pluralidad existente en el seno de la sociedad española y catalana en particular.

 7.      Difícilmente se alcanzará una solución al conflicto con la actual escalada de judicialización, más bien al contrario, y con medidas o iniciativas que -cuando carecen de la necesaria proporcionalidad- pueden ser percibidas por un sector de la población como una instrumentalización del poder judicial y que comprometen la percepción de imparcialidad respecto al mismo.

 21 de septiembre de 2017