Jueces para la Democracia se pronunció en su momento en favor de la legalidad y legitimidad de la política penitenciaria de dispersión y también por el respeto a la libre determinación de los internos en su decisión de no alimentarse y la corrección de las resoluciones judiciales que reconocieron y tutelaron ese derecho.

Ha pasado el tiempo y lo que en su origen pudo valorarse como un conflicto exclusivamente político, es hoy un tremendo drama humano. Y es que uno de los huelguistas ha muerto, varios más se encuentran en situación límite y buen número de ellos padecen lesiones irreversibles.

Esta situación supone que la polémica desencadenada hace unos meses carezca en este momento de sentido. Ahora se abre camino sólo una pregunta: ¿Hay alguna razón de política penitenciaria que pueda justificar la indiferencia frente a semejante realidad?

La propia obligación en que se consideró entonces el Ministerio de Justicia de quebrantar incluso la voluntad de los internos para preservar su vida, debe trasladarse al actual estado de cosas. Y traducirse en una decisión capaz de ponerle fin para evitar nuevas muertes y acabar con el deterioro físico de los huelguistas.

Es verdad que éstos cumplen pena por delitos particularmente odiosos, como son los de terrorismo, para los que no cabe la menor justificación. Pero en estos momentos, para el estado democrático, los presos de los GRAPO son simplemente ciudadanos en situación de cumplimiento de condenas cuyos límites determina el Código Penal. Por ello, y sea cual fuere la opinión que el tratamiento penitenciario de los GRAPO anterior a la huelga pudiera merecer, lo cierto es que la situación actual, con el riesgo efectivo de nuevas muertes, está de hecho en las antípodas de cualquier perspectiva de reinserción o reeducación, objetivo que la Constitución asigna a la sanción penal. A tal punto que muy bien podría decirse que los «medios» han entrado en contradicción irresoluble con el supuesto «fin».

Esto sólo, o incluso la pura duda racional y siempre susceptible de plantearse, de que una determinada política pueda no ser la más acertada en algún momento, o simplemente admita alguna alternativa más razonable, sería bastante para imponer en este caso una franca reconsideración de su actitud por parte del Ministerio de Justicia.

Por eso, Jueces para la Democracia pide al ministro de Justicia que se manifieste con urgencia en tal sentido, adoptando las previsiones necesarias para cancelar el riesgo de muerte de los internos de los GRAPO.