INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIADO

  1. Un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la restricción de derechos

El año 2016 ha venido marcado en la esfera internacional por la victoria de Donald Trump, el Brexit, el rechazo al proceso de paz en Colombia y la crisis de los refugiados con el mayor desplazamiento de personas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La “posverdad”, neologismo erigido por el Diccionario Oxford como palabra del año, verbaliza aquellas conmociones políticas y cuyo significado “denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en el formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Otras palabras claves para poder comprender lo sucedido el año pasado son el racismo, la xenofobia, el populismo, el proteccionismo y la concentración de la riqueza.

Este 2017 será sin duda crucial para el futuro de la Unión Europea con citas electorales decisivas en Holanda, Francia y Alemania. El desafío “populista” y el auge de los partidos euroescépticos, el inicio de las negociaciones para la salida del Reino Unido, la crisis de los refugiados y la política migratoria así como los problemas del euro marcarán la agenda europea.

Dos países miembros de la UE, Hungría y Polonia, cuyos gobiernos de marcado signo autoritario lanzan reiterados ataques a la independencia judicial que han sido denunciados públicamente por MEDEL. Un tercer país, Turquía, miembro del Consejo de Europa, a raíz del intento de golpe de estado ocurrido el pasado mes de julio, el Consejo Superior de Jueces y Fiscales suspendió de sus funciones a 2.745 jueces/zas y fiscales y, al menos, doscientos de ellos así como un juez del Tribunal Constitucional, fueron objeto de detención y encarcelamiento. En respuesta, la Red Europea de Consejos de Justicia decidió suspender la participación como observador del Consejo Superior de Jueces y Fiscales turcos en este órgano. El Secretariado, por su parte, en coordinación con el buró de MEDEL remitió sendas cartas a Mariano Rajoy y al embajador de Turquía en España mostrando nuestra preocupación por la situación personal y profesional de los compañeros/as e instando a las autoridades a poner fin a esa injusta situación y apelando al respeto escrupuloso de la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho. Máxime si tenemos en cuenta el Acuerdo suscrito por la UE con este país para poner término a la migración irregular y el papel de garante de los derechos humanos de los refugiados confiado a su poder judicial.

En el ámbito institucional, importantes documentos han sido aprobados en el último semestre del 2016. Así, en el seno del Consejo de Europa, la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia ha publicado el Informe bienal 2016 sobre “Sistemas judiciales europeos: eficiencia y calidad de la justicia”. En el mismo se han puesto en evidencia las deficiencias del sistema español: las dotaciones presupuestarias asignadas a Justicia o el número de jueces/zas y fiscales por cada 100.000 habitantes muy inferior a la media europea. También fue aprobado el “Cuarto informe de evaluación del Consejo de Europa relativo a la prevención de la corrupción con respecto de los miembros del parlamento, jueces y fiscales” (Informe GRECO), con críticas al sistema español de elección de los vocales del CGPJ además de recordar la importancia de que el poder político no interfiera en el judicial. Igualmente, el referido Grupo indica las medidas anticorrupción que nuestro país aún no ha adoptado, entre las que destaca en el ámbito de la Justicia, que se analice el marco legislativo del CGPJ, que se legislen criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos de las altas funciones de la judicatura y que se amplíen los plazos de prescripción de los procedimientos disciplinarios de los jueces.

Por su parte, la Comisión Europea en el mes de abril del 2016 hizo público su Informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la UE [COM(2016) 199 final], figurando España como el séptimo Estado de la UE donde menos jueces hay por habitante y como el sexto país donde un mayor porcentaje de personas considera que la justicia no es independiente. Cabe destacar que, según el estudio realizado por la Comisión, son las interferencias del Gobierno el primer motivo de falta de independencia aducido por la ciudadanía.

  1. En España continúa la inestabilidad política y los recortes presupuestarios

En España siguen vigentes las políticas de austeridad, con recortes en los servicios públicos, siendo el segundo país europeo, tras Chipre, donde mas ha crecido la desigualdad, según INTERMON-OXFAM. Por otra parte, en las últimas encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, a la hora de identificar los tres problemas principales que existen actualmente en España, los ciudadanos señalan de forma repetida e invariable en los últimos años, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica.

Durante el año 2016 se ha vivido un largo periodo de inestabilidad política. Asistimos a la legislatura mas corta de la última etapa democrática con la celebración de unas segundas elecciones y un prolongado gobierno en funciones. En un parlamento fraccionado, sin una mayoría clara y a punto de agotarse el plazo constitucionalmente establecido, se produce finalmente el desbloqueo político con la abstención del principal partido de la oposición. Se inicia de este modo una nueva legislatura de duración incierta, con unos presupuestos para el año 2017 pendientes de aprobación a fecha de hoy y que vienen marcados por la contención del gasto. Se forma un nuevo gobierno que en materia de justicia viene caracterizado por su continuidad. El equipo ministerial, con Rafael Catalá al frente, renueva en casi su totalidad.

Previamente, en el mes de septiembre de 2016, durante la etapa en funciones del Ministro, el Secretariado fue convocado a un encuentro en la sede del Ministerio de Justicia con Rafael Catalá y algunos de sus colaboradores en el que expuso sus objetivos para el caso de formar gobierno. En realidad, tuvimos la impresión de que formaba parte de una maniobra en clave interna de cara a la formación del nuevo Gobierno. Resultó sorprendente que hiciera referencia a las necesidades de la Administración de Justicia como si no hubiera formado parte de un gobierno en mayoría absoluta durante la anterior legislatura. Nosotros aprovechamos para pedir explicaciones sobre la cuantía y destino del dinero recaudado por las tasas judiciales, sobre todo a raíz de la STC de 29 de julio de 2016, máxime cuando el entonces Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, se comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita con la recaudación de ese tributo inconstitucional. Igualmente expusimos nuestras críticas con las reformas regresivas en materia de derechos y libertades aprobadas en la legislatura precedente, en especial, la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal, de recortes de los servicios públicos y de desmantelamiento del estado social. No obstante lo cual, hemos hecho saber a Rafael Catalá nuestra disposición al diálogo y la colaboración en todos los proyectos que redunden en la mejora de la Justicia, inclusive las condiciones profesionales de los jueces y juezas.

El Ministro, en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 5 de diciembre de 2016, ha expuesto las líneas maestras de su actuación al frente del ministerio. En un giro copernicano, forzado por el nuevo escenario político (un parlamento fraccionado, sin una mayoría absoluta, lo que obliga a consensuar los proyectos), se percibe un cambio de actitud del ministro, dejando atrás la aprobación apresurada de reformas legales de modo unilateral y sin el necesario consenso con las fuerzas políticas, los sectores sociales o el mundo de la Justicia. La propuesta estrella es la creación de una Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia (creada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el pasado día 20 de diciembre en la Comisión de Justicia y el 2 de febrero por el Pleno del Congreso) que “identificará y definirá los objetivos de la reforma integral de la Justicia, teniendo en cuenta la opinión de todos los profesionales y colectivos implicados en la misma”. El Secretariado sospecha que, sin perjuicio de compartir plenamente la idea de alcanzar un gran consenso entre todas las fuerzas políticas y colectivos sociales y profesionales, algo que echamos en falta en la legislatura anterior, pueda ser una maniobra dilatoria en dar respuesta a las inaplazables e imprescindibles soluciones que exige la Justicia española. En nuestro régimen parlamentario, la iniciativa legislativa corresponde principalmente al gobierno, debiendo este presentar los diferentes proyectos de ley al parlamento para ser objeto de discusión y aprobación tanto en comisión como posteriormente en el pleno de ambas cámaras. Y la política de recortes presupuestarios tampoco permite embarcarse en proyectos de envergadura, tal y como nos reconoció el ministro.

Llegados a este punto, no podemos pasar por alto el dato que arroja el Barómetro externo de la Abogacía Española. Una alta proporción de españoles (81%) expresa una amarga conclusión: “todos los gobiernos, del color que sean, han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor”.

Como medidas concretas incluidas en la agenda ministerial destaca la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal y confiando la protección de los derechos y libertades al Juez de Garantías. Desde el Secretariado entendemos que actualmente el fiscal español carece de las condiciones estatutarias para asumir funciones de transcendencia jurisdiccional como puede ser la instrucción del proceso penal. Es por ello condición imprescindible para la atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal la potenciación de los principios de legalidad, autonomía e imparcialidad, sin las dependencias del ejecutivo, dotación de los medios personales y materiales necesarios así como un nuevo estatuto orgánico.

Otras medidas anunciadas y formuladas de un modo genérico son, en el proceso civil, la mejora de la ejecución de sentencias o la concentración de las acciones colectivas en un único proceso; potenciar las medidas alternativas a la resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje; un nuevo Código de Comercio y una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa. La transformación digital de la Justicia o garantizar un Registro Civil público, gratuito, electrónico, seguro y eficaz que definitivamente será servido por letrados de la administración de justicia.

Habrá que esperar pues a ver cómo se desarrollan los trabajos de esta subcomisión para poder emitir una valoración. Algunas de estas medidas no dejan de ser meramente propagandistas, como la revisión del sistema de tasas judiciales para promover una Justicia más accesible y ajustada a la realidad social. O cuando se habla de una Justicia mas dotada, habida cuenta que en los últimos cinco años no se ha creado ningún órgano judicial en España, y como nos ha adelantado el Ministro en la reunión mantenida el pasado día 1 de febrero, con las cuatro asociaciones judiciales, no hay dinero. No cabe por ello esperar otra cosa que proyectos legislativos sin dotación presupuestaria, como en la legislatura precedente, ni mejoras retributivas de los miembros de la carrera judicial. A la espera de aprobar los presupuestos generales del Estado para el 2017, se habla de crear 85 plazas, sin mayores especificaciones, que comprenderán las salas de apelaciones, órganos colegiados y unipersonales, y de convocar como en años anteriores 100 plazas de jueces y fiscales para oposiciones, sin detallar cuando. El único compromiso arrancado es el de incluir en una disposición adicional con rango de orgánica en la tramitación de un proyecto de ley la recuperación del régimen de vacaciones y permisos de los miembros de la carrera judicial.

Por lo demás, hemos transmitido tanto a Rafael Catalá como a Carlos Lesmes la preocupación por el mas que previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, señalando que se propone especializar en esta materia un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, al amparo del artículo 98.2 de la LOPJ.

En las reuniones con Rafael Catalá hemos mantenido una posición crítica frente a la inactividad del Ministerio y la falta de respuesta ante la situación  de la Justicia, la sobrecarga de  trabajo de los órganos judiciales, el recorte presupuestario y la falta de voluntad política seria para superar esta situación de crisis.

  1. Área institucional y de relaciones con las asociaciones judiciales

Desde esta área, integrada por Begoña López Anguita, Javier Martínez Derqui y Javier Menéndez Estébanez, se han realizado numerosos contactos y reuniones con todo tipo de instituciones y organizaciones.

La actividad en este área ha estado dirigida a la relación con el Ministerio de Justicia, ya referida, la presentación a todos los grupos parlamentarios del documento aprobado en el Congreso de Valladolid “Pacto por la Justicia” y del documento “Fronteras y Derechos”, sobre derechos de las personas migrantes elaborado con otras organizaciones; las reuniones con el Presidente del CGPJ y con las otras asociaciones judiciales.

En cuanto a las Cámaras Legislativas, estando pendiente en el Congreso de los Diputados la puesta en funcionamiento de la Subcomisión, fuimos convocadas las asociaciones judiciales para una jornada de trabajo el día 8 de febrero por la Comisión de Justicia del Senado, para plantear y debatir las cuestiones prioritarias en materia de Justicia. El Secretariado ha tenido la oportunidad de exponer a los senadores cuales son los principales problemas de la justicia española y la situación de abandono en la que se encuentra.

En paralelo, el Secretariado ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios. En concreto, con PP, PSOE, UNIDOS PODEMOS, CIUDADANOS y ERC. Debido a la incertidumbre inicial y al gobierno en funciones los contactos comenzaron a partir de la investidura y una vez que el Ministro de Justicia acudió a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Todos los grupos han manifestado su intención de proponer reformas en materia de justicia pero ninguno de ellos ha presentado un proyecto sólido sino que están esperando las propuestas del Gobierno. A pesar de que la configuración del Parlamento exige  la necesidad de pactos no nos transmitieron una posibilidad real y próxima de alcanzarlos en materia de justicia. Respecto a la actividad legislativa hay presentadas dos proposiciones de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte de PNV y PSOE que están siendo objeto de análisis. Vamos a seguir manteniendo contactos con todos los grupos parlamentarios para exponer nuestras propuestas en materia de justicia.

También hemos participado en reuniones convocadas por el grupo parlamentario de Ciudadanos sobre su iniciativa legislativa en materia de corrupción.

En relación con el Consejo General del Poder Judicial, tras una primera reunión con su Comisión Permanente, solicitada por el Secretariado para su presentación, se han producido otras dos reuniones con Carlos Lesmes. En la primera, celebrada el 27 de septiembre de 2016, se planteó por el presidente la necesidad de elaborar un Código Ético para la carrera judicial, finalmente aprobado por el Pleno el 16 de diciembre de 2016. Sobre la “politización” de la justicia, el presidente “echó balones fuera”, culpando en parte a las asociaciones judiciales y a los propios jueces/zas que comparten la idea de la politización de los nombramientos judiciales. Por más que se mostrara dispuesto a introducir elementos objetivos en los futuros nombramientos (formación y especialización, evaluación del desempeño de la función profesional), se le recordó algunos de los más polémicos efectuados en los casi tres años de mandato. También se aludió por parte de las asociaciones a la nula operatividad del artículo 14 de la LOPJ y sobre qué medidas debieran adoptarse a fin de amparar a los jueces/zas que se sientan perturbados en su independencia. Y, en particular, se le reprochó al CGPJ que no hubiera realizado ningún tipo de declaración cuando algún compañero/a fue objeto de feroces ataques por parte de dirigentes políticos. También abordamos el tema de las cargas de trabajo, la organización y planta judicial, la necesidad de crear plazas judiciales y futuras oposiciones, la protección social de la carrera, la prevención de riegos laborales, la equiparación de los permisos y vacaciones con el resto de los empleados del sector público (en este punto, el presidente recordó que es una materia de ley orgánica) o el tema de las subvenciones.

En la segunda reunión, celebrada el 8 de febrero de 2017, le mostramos nuestra preocupación sobre la más que previsible avalancha de asuntos sobre cláusulas suelo. Al día siguiente el CGPJ sacó una nota informativa en la que la Comisión Permanente ha aprobado una propuesta de plan de urgencia para hacer frente a las posibles demandas que se presenten. Se propone especializar en esta materia un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia. El CGPJ convocará reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos para estudiar el plan, que debería ponerse en marcha el 1 de junio. Otra de las preocupaciones, en las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia, es sobre el expediente digital, señalando Lesmes que ha dado cuenta de las incidencias en los diversos territorios y del descontento de los jueces y juezas al Ministerio de Justicia a fin de buscar una pronta solución. Por parte de JpD se reclamó una mayor pluralidad asociativa en la Escuela Judicial así como en sus actividades. Finalmente, se nos indicó que en la Comisión Permanente del día siguiente se presentaría la propuesta de la Sección de Prevención y Riesgos Laborales relativa a la presentación del documento de trabajo sobre “Cargas de trabajo a efectos de salud. Mapa judicial de riesgos y sistemas de alertas”.

Hemos mantenido contactos con los y las vocales del sector progresista del CGPJ, con la finalidad de buscar espacios de actuación conjunta, especialmente en la crítica de la línea mayoritaria de la institución, e intercambio de información.

Hemos desplegado una importante actividad en el ámbito sindical, con participación en actos y jornadas. El último, el acto confederal organizado por CC.OO. con motivo del 40 aniversario de la matanza de los Abogados de Atocha. Hemos mantenido diversas reuniones con CC.OO. y UGT, una de ellas separadamente con sus Secretarios Generales, Ignacio Fernández Toxo y José María Álvarez. A ambos sindicatos se les planteó la necesidad urgente de “Un Pacto de Estado por la Justicia”, sobre  las bases de nuestro acuerdo congresual, especialmente en materia de refuerzo de la independencia y garantías procesales, plan de inversión suficiente para acercarnos a las ratios europeas, en cuanto a número de jueces/zas y dotación presupuestaria, y racionalización de la planta judicial. En este pacto deberían participar los interlocutores sociales, al igual que los partidos políticos. Mostraron su especial preocupación por las deficiencias de medios y órganos judiciales de la jurisdicción del orden social, especialmente en determinados territorios, así como que cualquier reforma laboral debería ir acompañada de los medios personales y materiales suficientes tanto para la jurisdicción social, como para la inspección de trabajo. Motivo de preocupación fue igualmente la actual regulación de los derechos de manifestación y reunión en la Ley de Seguridad Ciudadana. En este marco hay que referir la intención de incentivar la actuación de la  Cumbre Social, plataforma formada por unas 200 entidades ciudadanas e impulsada por aquellas centrales sindicales.

Participamos en el grupo de trabajo integrado por las cuatro asociaciones judiciales y el Consejo General de la Abogacía Española con el objeto de elaborar un documento sobre el Pacto de la Justicia. Sin embargo, las reuniones no dieron fruto y finalmente el CGAE presentó un documento que no fue asumido por ninguna de las asociaciones judiciales.

El Secretariado mantiene y profundiza la unidad de acción junto al resto de asociaciones judiciales en la defensa de la mejora de la justicia y de las condiciones profesionales que nos unen a todas y desde el respeto a la pluralidad existente en la carrera judicial. La celebración del II Congreso Ibérico, juntamente con la Asociación Sindical de Jueces portugueses, es buena muestra de ello. No obstante, empezamos a percibir la necesidad de hacer valer los postulados de JpD ante el riesgo de que puedan desdibujarse en una ambigua unidad asociativa excesivamente neutra, máxime cuando hay dos asociaciones que no parecen tener otro objetivo que la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo.

Internamente, en la vida asociativa, el Secretariado tratará de estrechar las relaciones con las Secciones Territoriales y Comisiones Técnicas, prestando con la ayuda de la Oficina Técnica toda la asistencia técnica posible en los comunicados, publicaciones y blogs.

Desde el Secretariado queremos felicitar públicamente a los candidatos (José María Asencio y Laura Santana) a las elecciones parciales a la Sala de Gobierno de Cataluña, para la categoría de juez, así como a la Sección Territorial por el magnífico resultado obtenido fruto de la minuciosa campaña electoral realizada.

  1. Área de relaciones con organizaciones y movimientos sociales

En esta área participan Amaya Olivas Díaz y Begoña López Anguita. Quiere ser característica de este secretariado seguir situando a JpD como una asociación comprometida en la sociedad, y para ello, pretende seguir conociendo las diversas realidades que la conforman, dando especial relevancia a aquellas caracterizadas por situaciones de vulnerabilidad y precariedad.

Desde ese punto de vista, se ha participado en espacios sociales, cívicos y académicos. Además se está manteniendo contacto y colaboración con colectivos como Ecologistas en Acción y Greenpeace, con quienes se han realizado diversos actos sobre los acuerdos comerciales de nueva generación (TTIP, CETA, TPP); Amnistía Internacional; Rights International Spain, con quien hemos dirigido una carta al nuevo Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los jueces/zas y abogados/as, Diego García-Sayán, con el fin de informarle acerca de la grave situación que atraviesa el Estado español en cuanto a los importantes desafíos a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado; la plataforma “No somos Delito” respecto a las propuestas legislativas de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana; la Coordinadora contra la Tortura con quien está previsto organizar una jornada sobre la Tortura; y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. También se ha participado en varios actos organizados por la Comisión de Memoria Histórica, habiendo emitido un comunicado denunciando la actuación de la Fiscalía General del Estado por oponerse a la práctica del auxilio judicial internacional instado por la Jueza María Servini en la causa abierta en Argentina contra la represión franquista.

Se han asistido a jornadas organizadas por otras entidades en las que se ha expuesto nuestro criterio sobre la justicia y los derechos sociales, la corrupción, la perspectiva de género, memoria democrática, etc.

Se han organizado jornadas relacionadas con distintos temas de interés social, como la libertad de prensa, refugiados, libertad versus seguridad, en coordinación con la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) se celebraron unas Jornadas sobre los derechos fundamentales en las Fuerzas Armadas; en colaboración con la Unión Progresista de Fiscales se ha celebrado el I Foro Pedro Zerolo contra  la homofobia y con el compromiso de convocarlo anualmente.

Se participa de forma permanente en la confluencia “Fronteres i Drets” en Catalunya, en la que participan por el Secretariado Amaya Olivas y Helena Gil, formada junto a otras organizaciones juristas progresistas como UPF, SISEJ, ACJD, y Comisión de Defensa del ICAB. El próximo acto será el 24 de febrero sobre el CETA.

El secretariado quiere fomentar una participación más intensa por parte de las secciones territoriales y sus integrantes están por ello comprometidas a proponer y realizar más actividades y encuentros dentro de aquellas.

  1. Área de escuela judicial y primeros destinos

En esta área participan Helena Gil Esteve y Amaya Olivas Díaz, ambas destinadas en Barcelona. Para el Secretariado la atención a las nuevas promociones es prioritaria, nos preocupa especialmente ya que la asociación tiene un bajo índice de afiliación. Esto es problemático a medio plazo, dado que nuestra asociación, aún dentro de su pluralismo, constituye un sujeto encargado por antonomasia de representar una cultura garantista y de los derechos fundamentales.

Se han realizado varias actividades en este área y se pretende incrementar el trabajo con un grupo y unas pautas que se recogen en un documento preparado por Amaya Olivas que se adjunta para ser aprobado en el Comité Permanente, “Hacer más grande JpD”, consiguiendo comprometer a los coordinadores/as de presentarse a quienes llegan a cada territorio y ofrecer nuestro apoyo, especialmente a las últimas promociones.

Una iniciativa que estamos valorando en sacar adelante es la elaboración de un temario de oposición libre, estando encargados los voluntarios/as de 3-5 temas que se comprometerán a mantener actualizado.

  • Helena asistió junto con el compañero José María Asencio el día 17 de noviembre de 2016 a la Escuela Judicial a presentar la asociación.
  • El día 21 noviembre Javier Martinez Derqui participó en representación de JpD  en el “IV Encuentro con preparadores de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal”.
  • Helena Gil Esteve acudió el 29 de noviembre de 2016 a una reunión en la Escuela Judicial para la presentación del Plan Docente de la promoción 67 con representantes del resto de asociaciones. Allí realizamos sugerencias aunque, como siempre, la reunión es un mero trámite y no se modifica el plan, más aun teniendo en cuenta que el documento se nos remitió la tarde de antes de la reunión, por lo que no pudimos someterlo a debate ni estudiarlo con detenimiento.
  • Javier Martínez Derqui asistió el 12 de diciembre de 2016 en Madrid a una reunión del Consejo Rector en la que se presentó el programa definitivo ya aprobado.

Además, se organizaron con éxito unas “Jornadas de jueces/zas de primeros destinos” los días 19 y 20 de enero en Valencia, con importante asistencia de compañeros/as no asociados de las promociones 64, 65, 66 y 67. Este año, además de contenidos de índole más técnico dirigido a esos primeros destinos (en materia penal, civil), quisimos explicar la actividad asociativa que les pudiera interesar, de modo que integrantes de las comisiones de penal, privado, penal, social y sindical; expusieron la actividad que desarrollan y la forma en que se trabaja. Igualmente una de las mesas abordó los problemas prácticos en los juzgados, los JAJATS, JATS y la fase de sustitución y refuerzo y el modelo de justicia que demanda la sociedad. Los documentos de las ponencias fueron remitidos a todos los/las asistentes y fue una buena manera de presentar JpD, por lo que esperamos repetir este tipo de jornadas anualmente y seguir dándonos a conocer.

Consideramos que hace falta el esfuerzo y compromiso de todos/as y para conseguir aumentar nuestra presencia en la carrera hemos decidido crear un grupo permanente de trabajo en este tema. En el secretariado, las personas responsables de esta área nos comprometemos a trabajar con las secciones crear conciencia del problema, proponerles actividades y efectuar un seguimiento.

  1. Área de formación continúa

En esta área participan Mar Serna Calvo y Javier Martínez Derqui. Es uno de los ámbitos en que cabe mejorar para el próximo plan formativo, tanto en la detección de las necesidades formativas, en las propuestas de actividades como en la aprobación de los cursos propuestos.

Se ha solicitado al CGPJ las cantidades económicas destinadas a Formación Continua –desagregadas de las de la Escuela- sin que hasta el momento hayamos tenido resultado alguno. Ello a efectos de comparar los recursos destinados a formación en los últimos años y valorar el trato realizado a las propuestas realizada por JPD en determinados ámbitos.

Por el Secretariado se planteó una petición a la Sección de Formación del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión Social, relativa a la participación en las sesiones formativas dirigidas a magistrados y magistradas de la Sala 4ª del Tribunal Supremo, así como la distribución del material que se les entrega. Esta comunicación no ha recibido respuesta alguna.

El 30 de noviembre de 2016, el Secretariado presentó escrito de queja relacionada con la denegación tácita realizada en el Curso de Formación para Jueces y Magistrados correspondiente al año 2017, al no haberse incluido en el mismo el Curso sobre Derechos Humanos en Situación de Vulnerabilidad.

En las próximas semanas se iniciará, en coordinación con Carlos Preciado y la Oficina Técnica, el Proyecto de Elaboración de Temarios de oposiciones, en el que ya varias personas asociadas han mostrado su disposición a colaborar.

  1. Área de ética judicial

El responsable de esta área es Julio Martínez Zahonero. El Comité Permanente de Málaga de 2011 aprobó un documento en el que se consideraba necesaria la elaboración de un texto de ética judicial en nuestro país.

El Pleno del CGPJ del 12 de noviembre de 2013, finalmente acordó la elaboración de unas “normas deontológicas” para la judicatura española. La propuesta provenía de la Comisión de Internacional del CGPJ, que en aquel momento presidía nuestro compañero, el vocal Miguel Carmona Ruano, con un informe de nuestro también compañero, el letrado José Miguel García Moreno.

La Asociación encomendó a Miguel Angel Tabarés Cabezón la participación en nombre de JpD en el Grupo de Trabajo del CGPJ para la elaboración de un Código Ético. A la misma también se incorporaron los compañeros Ana Álvarez de Yraola, Javier Pereda Gámez y Carlos Gómez Martínez. En su día también se contó con la labor, como letrado, de nuestro compañero Manuel Olmedo Palacio, destinado por el CGPJ para prestar apoyo a la Comisión. Dicho Grupo fue coordinado, entre otros, por nuestra compañera, la vocal Roser Bach Fabregó.

Ha de agradecerse especialmente a todos estos compañeros, y a aquellos que sin participar oficialmente en la Comisión, aportaron sus ideas y reflexiones, el trabajo realizado. Podemos afirmar sin lugar a dudas que sin el impulso de JpD no tendríamos hoy unos “Principios de Ética Judicial” o de tenerlos, habrían tenido un origen externo a la propia carrera.

En la fase inicial de los trabajos de la Comisión, los avances eran muy escasos, tratándose de una materia en la que por parte de algunas asociaciones judiciales, en particular FJI y AJFV eran particularmente reticentes a la misma idea de establecer un Código Ético. Dichas reticencias se han mantenido finalmente, a la vista de los comunicados de ambas asociaciones sobre las normas deontológicas finalmente asumidas por el CGPJ.

A finales de 2015, el Secretariado aprobó un documento sobre las opciones y las propuestas de la Asociación que presentó a las otras asociaciones como “Propuesta de Trabajo JpD”.

Entretanto el Pleno del CGPJ acordó el 25 de febrero de 2016 ratificar, en tanto en cuanto no se aprobase un código ético propio para la carrera judicial española, los principios que inspiran el Código Ético Iberoamericano de Ética Judicial, (adoptado en la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006 y modificado en 2014).

En el Comité Permanente de 2016 se presentó una valoración del grado de aceptación de nuestras propuestas (documento “Presentación al CP 2016 Ética Judicial”).

En la Comisión del CGPJ se formaron cuatro comisiones de redacción, compuestas cada una de ellas por cuatro asociados –uno por asociación- y no asociados; en total más de veinte jueces y juezas de todas las procedencias y categorías. Los vocales no participaron en la elaboración de esos borradores básicos con los que después la Comisión de Trabajo elaboró el borrador definitivo que ahora se ha presentado a la carrera judicial, pues la idea de base es que el código ético surgiese de la reflexión interna de la carrera y no viniese impuesto desde afuera. Se designó a Carlos Gómez Martínez para elaborar el borrador del preámbulo.

Finalmente los principios de Ética Judicial fueron aprobados por el Pleno del CGPJ en su sesión del día 20 de diciembre de 2016 conforme al texto acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016 por el grupo de trabajo sobre ética judicial

Estos principios de Ética Judicial están disponibles en la web del CGPJ: https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Buen-Gobierno-y-Codigo-etico/Codigo-Etico/

Y de ellos ha de destacarse:

  • La finalidad de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
  • No se ha olvidado la responsabilidad de las Administraciones en cuanto a proveer los medios para el correcto desarrollo de la función jurisdiccional.
  • Se evita entrar en el ámbito de la “vida privada” con elementos moralizantes que sí se dan en otros códigos, limitándose a los aspectos de la “vida social” en cuanto pueda tener relación directa con la actividad jurisdiccional.
  • Se destacan principios de relación con el justiciable que ya se recogían en la Carta de Derechos de los Ciudadanos.
  • Se evita la confusión con el ámbito disciplinario, cuestión ésta que fue objeto expreso de pronunciamiento por el Congreso de Cádiz.
  • Se crea una Comisión de Ética Judicial sin interferencias del CGPJ.

Concluidos los trabajos del Grupo, y asumido el documento por el CGPJ, queda por ver cómo se desarrollará en el futuro la actividad de la Comisión de Ética Judicial, particularmente ante la poca simpatía del resto de asociaciones hacia la existencia misma del Código.

JpD valora positivamente estos Principios aunque lamenta la falta de presencia de la sociedad –por medio de colectivos profesionales y movimientos ciudadanos- tanto en su elaboración como en la composición de la Comisión de Ética Judicial. Si, como se ha dicho, los Principios expresan el compromiso de la judicatura con la ciudadanía resulta criticable que a esta no se le haya escuchado formalmente en su elaboración ni se la tenga en cuenta de alguna manera para efectuar aportaciones en el futuro.

  1. Área sindical

En esta área participan Mar Serna Calvo y Julio Martínez Zahonero. Se ha intentado dinamizar la actividad de los Delegados/as de Prevención de Jueces para la Democracia en las distintas Comunidades Autónomas. Se creó una Lista específica dirigida a ellos para compartir experiencias y dinamizar su labor. Hasta ahora ha sido escasa la respuesta, por lo que se debería pedir a las Secciones Territoriales su implicación en la actuación de nuestra representación en materia de prevención. La falta de aprobación de un Estatuto de los mismos, sin duda es un obstáculo para la efectividad de su labor.

Se realizó una reunión de la Comisión Sindical en Lanzarote (aprovechando la celebración de unas jornadas social), que contó con poca asistencia y se acordaron determinadas medidas, en especial la realización de denuncias a nivel territorial dónde existiera mayor sobrecarga. No obstante, hasta la fecha no se ha realizado más que una en Navarra.

Se acordó suspender el señalamiento del conflicto colectivo  sobre la base de la información que nos entregaría el CGPJ a elaborar por el Gabinete Técnico. Se han incumplido los plazos y no se ha avanzado en la limitación de las cargas de trabajo, por lo que próximamente se procederá a solicitar a la Audiencia Nacional el desarchivo del conflicto colectivo, procediendo además a su aclaración y/o ampliación.  Asimismo, se planteará denuncia a la Inspección de Trabajo por los incumplimientos.

En la propuesta de la Evaluación de los Riesgos Psicosociales efectuada por el CGPJ, el Secretariado remitió informe solicitando la aclaración de distintos aspectos erróneos y no actualizados de la propuesta realizada por PREMAP en su día, y se solicitó la ampliación de su plazo. La respuesta fue positiva aclarando determinados conceptos, ampliando el plazo hasta el 31 de enero y estableciendo un calendario para la explotación de los datos. Además, se ha promovido la respuesta a dicho cuestionario por parte de la carrera, y la respuesta ha sido que prácticamente se ha llegado al 50% de las respuestas, cuando el mínimo que se requería era del 40 por ciento.

El día 7 de diciembre de 2016 se mantuvo reunión con la Comisión Permanente del CGPJ de las cuatro asociaciones judiciales, en las que se insistió en la necesidad de determinar las cargas máximas de trabajo de carácter provisional. La respuesta fue que en el mes de febrero de 2017 realizarían una propuesta alternativa en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud; sin embargo, no se ha realizado y estamos pendientes de si se realiza alguna propuesta en la reunión prevista para el próximo 3 de marzo de la Comisión Nacional.

  1. Área de igualdad

Por parte del Secretariado y de la persona designada para esta área, Helena Gil Esteve, se ha intentado dinamizar la Comisión de Igualdad aportando diversos temas para debatir que aparecen en el informe de gestión de dicha comisión: gestación subrogada, conciliación familiar y permisos, nombramientos, etc.

Está previsto debatir en el próximo Congreso el cambio de nombre de la asociación, propuesto por la Sección Territorial de Cataluña en una reunión a la que asistimos tres integrantes del Secretariado (Mar Sena Calvo, Amaya Olivas Díaz, Helena Gil Esteve), propuesta que ha sido asumida también por la Sección Territorial de Madrid.

En cuanto a las reuniones mantenidas por la Comisión:

  • El 11 de febrero de 2016 Teresa Conde-Pumpido asistió en representación de JpD a una reunión conjunta de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud donde se trataron cuestiones relacionadas con el protocolo de actuación frente al acoso sexual así como la propuesta de reforma del Reglamento de la Carrera Judicial, propuesta que finalmente parece que no ha salido adelante a pesar de recoger aportaciones de JpD.
  • El 3 de junio de 2016 hubo una reunión ordinaria de la Comisión de Igualdad de JpD en Valladolid.
  • El 21 de junio de 2016, Mercedes Boronat asistió en representación de JpD a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad donde se trataron cuestiones relacionadas con la puesta en marcha del Protocolo frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial, las actuaciones de la Comisión de Igualdad del CGPJ y la aplicación del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial.
  • También se asistió al curso “impartir Justicia con perspectiva de género en los distintos órdenes jurisdiccionales” celebrado en Madrid el 19 a 21 de octubre de 2016. Por parte de JpD asistió Mercedes Boronat, recién elegida coordinadora de la comisión de igualdad, así como compañeras y compañeros de la comisión de igualdad.
  • El pasado 3 de febrero la Comisión hizo un comunicado de prensa sobre la necesaria presencia de mujeres ante los próximos nombramientos del Tribunal Constitucional.
  • Está prevista la asistencia de Helena Gil el próximo 3 de marzo al II Congreso Ibérico y su participación en una mesa redonda sobre igualdad y conciliación.
  • Del 28 al 30 de marzo Mar Serna participará en un curso sobre la Ley Orgánica 1/2007 en el CGPJ, representando la posición de JpD en materia de igualdad.

El secretariado ha decidido impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros que limita la edad para acceder a la candidatura por España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que el límite autoimpuesto de que los candidatos no superen los 61 años es discriminatorio. Estamos valorando si realizar la impugnación junto con ADAE y la AMJE.

Siempre que hemos tenido oportunidad hemos denunciado los nombramientos discrecionales sin tener en cuenta la perspectiva de género así como la falta de lenguaje inclusivo, consiguiendo que se modificasen las fichas individualizadas de la web del CGPJ que habían sido redactadas únicamente en lenguaje masculino.

Se prevé poder celebrar unas jornadas sobre maternidad subrogada y consentimiento a lo largo del año.

Somos conscientes de que la creación y existencia de la AMJE ha dado lugar a ciertas fricciones en la Comisión de Igualdad que esperamos puedan superarse y trabajar todos/as de forma coordinada, pues pensamos que tenemos todos/as el mismo objetivo y podemos confluir en diversas iniciativas.

  1. Área de portavocía y comunicación

Son responsables de esta área Ignacio Gonzalez Vega, Begoña López Anguita y Mar Serna Calvo. Seguimos difundiendo el discurso asociativo de Jueces para la Democracia en los medios de comunicación, televisiones, radios y publicaciones impresas y digitales, así como en las redes sociales.

Semanalmente se difunde un mensaje en el correo asociativo con un resumen sobre la actualidad, con comunicados, entrevistas y declaraciones de los portavoces y coordinadores/as, informaciones relevantes, artículos escritos por asociados/as y noticias referentes a las secciones territoriales y a integrantes de Jueces para la Democracia.

  1. Área de comunicación y redes sociales

En esta área participan Ignacio González Vega, Mar Serna y Juan Antonio Lozano. Se ha mantenido el crecimiento sostenido de Twitter, y en la actualidad el número de seguidores supera los 42.200. Se ha puesto en marcha, un resumen semanal de la actividad en Twitter de nuestra cuenta, que la Oficina Técnica envía por vía correo electrónico, como medio de promover el escaso uso de esta red social entre las personas asociadas.

Estamos en camino de solución de los problemas de la página de la Asociación en Facebook, que cuenta con más de 18.000 seguidores. Se están unificando las cuatro cuentas que existían abiertas en dicha red social.

Próximamente se pondrá en marcha, en cerrado, la cuenta de Instagram para colgar todas las fotos de actividades de JpD

  1. Área internacional

En esta área participan Ignacio González Vega y Juan Antonio Lozano. En el seno de MEDEL se ha realizado diversas iniciativas para denunciar la situación de los jueces/zas y fiscales turcos, como la presentación de una carta de protesta acudiendo junto al representante de la UPF ante la Embajada Turca.

Con motivo de la reunión del Consejo de Administración de MEDEL los días 21 y 22 de octubre de 2016 en París, ante la grave situación de los CIES en nuestro país, puesta de manifiesto con las protestas de los recluidos en el de Aluche o la huelga de hambre iniciada ayer por internos del de la Zona Franca de Barcelona, o el desalojo de la llamada «jungla de Calais» en Francia, se elaboró una declaración en apoyo de los migrantes y refugiados.

La próxima reunión del Consejo de Administración de MEDEL tendrá lugar en Palma de Mallorca los días 10 y 11 de marzo de 2017, organizado conjuntamente por JpD y UPF. En el mismo se proyectará el documental “Astral”, sobre la tragedia de los inmigrantes en el Mar Mediterráneo y posteriormente habrá un coloquio entre los protagonistas del documental y los magistrados/as asistentes.

Por otra parte, desde el Secretariado de MEDEL se nos ha pedido actualizar para este año el informe sobre la situación de la justicia en nuestro país a fin de publicar a mediados de año un informe sobre la situación de la justicia en Europa en el 2017.

Finalmente, las cuatro asociaciones judiciales españolas y la Asociación Sindical de Jueces de Portugal van a celebrar el próximo día 3 de marzo en Madrid su II Congreso Ibérico. El encuentro se enmarca dentro de la unidad de actuación asociativa y como continuación del I Congreso celebrado en Lisboa en el año 2008. Con la participación en cada panel de un representante por asociación, se van a abordar temas tan diversos como la independencia judicial, el estatuto profesional, la igualdad y conciliación de la vida profesional y familiar así como las alternativas a la litigiosidad.

  1. Área de organización

El área de organización está formada por Javier Martínez Derqui y Mar Serna. Desde esta área se han celebrado numerosas reuniones de carácter logístico para coordinar las más diversas gestiones en la organización de múltiples actividades.

También se encarga de la gestión ordinaria de la asociación de forma coordinada con la Oficina Técnica. Se ha seguido apoyando las actividades de las comisiones técnicas y las jornadas de la Comisión de Privado, de la Comisión Sindical, de la Comisión de Penal y de la Comisión de Violencia de Género.

Se ha elaborado un Plan de Actuación del Secretariado en las distintas áreas, como elemento básico para establecer prioridades y hacer un seguimiento de la actividad llevada a cabo por el Secretariado.

Coordinación de la campaña de elecciones parciales a la Sala de Govern de Catalunya. En el futuro se establecerá un protocolo de apoyo a las Secciones Territoriales  para las próximas elecciones a las distintas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Está pendiente la elaboración con la Oficina Técnica de un “Manual de Acogida de las nuevas afiliaciones” para mejorar la integración en la asociación, así como la racionalización y mejora de la comunicación a afiliados y afiliadas.

  1. Área de publicaciones

La revista “Jueces para la Democracia. Información y Debate” ha editado en este periodo los números 86 y 87. El director de la revista es hasta la fecha Perfecto Andrés Ibáñez, quien ha propuesto para ser tratado en este Comité Permanente su relevo por Ramón Sáez ante su próxima jubilación. El Secretariado está totalmente de acuerdo con dicha propuesta, reuniendo Ramón los requisitos necesarios para asumir dicha labor (experiencia en la gestión editorial, relaciones con el mundo académico, buena base cultural y calidad y facilidad de escritura). La representante del Secretariado en el Consejo de Redacción es Amaya Olivas. Desde aquí queremos agradecer a Perfecto el magnífico trabajo desarrollado durante estos treinta años al frente de la revista, la cual se erige en un espacio de encuentro de estudios y reflexiones sobre las más diversas disciplinas jurídicas, con gran prestigio dentro y fuera de nuestra asociación, por la elevada calidad de los artículos publicados.

La idea desde el secretariado, en colaboración con el Consejo de Redacción, entre otras, es la de potenciar la redacción de artículos que no solo aborden temas técnicos jurídicos, sino también de otras disciplinas de las ciencias sociales, destacando la antropología, e incluyendo la visión de género.

En el 2016 se ha editado el Boletín Informativo nº 68 de Jueces para la Democracia, que continúa en formato virtual. Esta publicación está dirigida por Begoña López Anguita y Amaya Olivas con la coordinación de la Oficina Técnica. El Secretariado se ha marcado varios objetivos, dentro de un formato más moderno y ágil: a) fomentar la participación de los asociados/as, tanto a título individual, como a través de las secciones territoriales y comisiones; b) potenciar las colaboraciones procedentes de asociaciones y entidades de la sociedad civil cuyos fines promocionen y protejan los derechos fundamentales y sociales; c) dar cuenta de los avances en todo lo relativo al Pacto por la Justicia y a temas sindicales; y d) dejar un espacio permanente para recensiones cinematográficas y literarias.

Ya está casi a punto nuestra nueva página web. Hemos optado porque el diseño y desarrollo de la web tenga contenidos tanto para el público como en área restringida los asociados/as (usuarios registrados). Hemos realizado un cambio en el diseño gráfico para hacer que la web sea más atractiva sin perder su carácter de Asociación, adaptándola a los tiempos actuales. La estructura de contenidos es más dinámica en el uso y la navegación. El objetivo es que sea una herramienta que proyecte una imagen más moderna y visual de la Asociación.

Mientras tanto solo resultan accesibles los blog de actualidad y publicaciones. Nuestro blog de Actualidad es un espacio de difusión de comunicados, informes y acuerdos de la asociación así como de las jornadas que organizamos. En la actualidad cuenta con 123.401 visitas.

El blog de Publicaciones ha dado el importante salto cualitativo de comenzar siendo un espacio en el que centralizábamos nuestras publicaciones para convertirse en un sitio electrónico de referencia para numerosos juristas, con un seguimiento muy positivo en las redes sociales. Nos permite difundir los trabajos y estudios técnicos de las comisiones de JpD. En la actualidad cuenta con 73.046 visitas.

Este mes de febrero se ha puesto en marcha el nuevo blog de la Comisión de lo Social “Jurisdicción Social” que era un tema que había acordado la Comisión Social en febrero de 2015. Ello ha sido posible gracias al buen trabajo realizado por el compañero Miquel Falguera con la colaboración de la Oficina Técnica. Está en una primera fase y a medida que se vayan aumentando los contenidos puede ser un blog de referencia en el ámbito del Derecho Laboral y de Seguridad Social.

El reto ahora es lograr que haya distintas colaboraciones de asociados/as, si bien Carlos Preciado también colabora con un anuario de jurisprudencia del TJUE y del TC que envía regularmente a la lista de la Comisión de lo Social. Se deberá hacer alguna sesión formativa para que distintos compañeros/as puedan colaborar con Miquel Falguera en la introducción de contenidos y su clasificación por etiquetas

Igualmente, se ha modernizado el formato de la Revista mensual Jurisdicción Social, que es la publicación de JpD que más visitas tiene y que es consultada por un importante número de personas. Aquí el trabajo realizado por el compañero Miquel Falguera es impresionante (en febrero son ya 177 los números de revistas mensuales que ha publicado, a los que hay que añadir una revista semanal sólo para los asociados/as) y en el diseño de este formato la Oficina Técnica. Esta mejora de diseño se incorporará a la Revista de Marzo de 2017.

Por lo demás, se ha apoyado el importante esfuerzo de nuestras comisiones para editar sus publicaciones. La Comisión de Privado ha editado su boletín. Y la Comisión de Penal también sigue publicando su boletín cuatrimestral cuyos contenidos se recogen en su propio blog. En la actualidad cuenta con 31.502 visitas. La Comisión de Violencia de Género también ha edición su propio boletín.

  1. Balance económico del ejercicio 2016

La asociación ha finalizado este último año con un superávit de 28.078,84 euros, que procede de unos ingresos de 257.668,01 euros y unos gastos de 229.589,17 euros. Este superávit se debe especialmente al importante esfuerzo que se ha realizado en materia de ajuste del gasto, al incremento de las cuotas que se aprobó en el penúltimo congreso y a que casi la totalidad de las actividades desarrolladas durante el año han sido prácticamente subvencionadas, lo que constituye una excepcionalidad con respecto a otros años.

INGRESOS 2016
2016 2015 Diferencia
SUBVENCIÓN CGPJ* 103.995,97 € 111.741,51 € -7.745,54 €
CUOTAS ASOCIAD@S 133.645,00 € 115.152,00 € 18.493,00 €
PATROCINADORES 15.000,00 € 12.472,38 € 2.527,62 €
PUBLICACIONES 4.999,23 € 4.430,49 € 568,74 €
FINANCIEROS 27,81 € 44,57 € -16,76 €

Este año con la subida de cuotas hemos conseguido superar los ingresos que se obtienen de la subvención del CGPJ y equilibrar las pérdidas de ingresos que ascienden a cerca de 7.745,54 €

* En esta partida está incluida la Subvención del CGPJ a las asociaciones judiciales General (organización), por nº de asociadas/os, por actividades, por resultados a Salas de Gobierno y la Subvención adicional que concede el CGPJ a las Asociaciones por la realización de actividades formativas.

GASTOS 2016
2016 2015  Diferencia
GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 183.448,96 € 192.259,10 € -8.810,14 €
JORNADAS 7.039,33 € 11.985,35 € -4.946,02 €
REVISTA 12.157,55 € 12.014,28 € 143,27 €
SECRETARIADO 3.431,21 € 2.377,07 € 1.054,14 €
31º CONGRESO JPD 16.401,15 € 21.578,94 € -5.177,79 €
COMISIONES DELEGADAS 4.983,45 € 1.033,39 € 3.950,06 €
PÁGINA WEB 0,00 € 2.851,03 € -2.851,03 €
MEDEL 344,57 € 0,00 € 344,57 €

Se ha hecho un esfuerzo por reducir aún más los gastos sin que ello haya supuesto renunciar a la actividad asociativa ya que seguimos manteniendo reuniones de las Comisiones, publicaciones tanto de la revista como el Boletín y Boletines de Privado, Penal, Violencia de Género, Internacional y los Blog de Actualidad, publicaciones y de la Comisión de Penal y se ha apoyado a las Jornadas propuestas por las secciones territoriales. La clave del ahorro se ha producido fundamentalmente porque el Congreso ha sido más económico y ha contado con financiación suficiente para sufragar todos los gastos, cosa que no ocurre todos los años.

La situación económica de JpD es complicada a causa del importante descenso de la subvención del CGPJ en estos últimos años, pues ha pasado de 141.536,47 euros en 2012 a 94.400,22 euros en 2016. Hay que tener en cuenta que esta subvención es nuestra principal fuente de ingresos junto a las cuotas, por lo que cualquier variación a la baja nos crea serios problemas presupuestarios.

Asimismo, tras mantener diversas reuniones con los representantes de “La Caixa” para acordar una novación del crédito hipotecario, la cuota hipotecaria que gravaba la sede suponía un gasto permanente a la asociación de cerca de 3.000 euros mensuales, con una reducción tras el acuerdo de 600 euros mensuales.

Hay que agradecer muy especialmente a la Oficina Técnica, a Pito, a Fátima y a Guillermo, el gran esfuerzo realizado para limitar el gasto y buscar en todas las situaciones las alternativas económicas más favorables. No solo se ha hecho desde la Oficina Técnica una gestión interna muy eficaz, sino que además se ha llevado a cabo con el menor coste posible para la asociación.

De cara al futuro, el Secretariado iniciará en unión con las otras asociaciones judiciales una política de recuperación de las subvenciones con cargo al CGPJ a fin de garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las mismas.

14 de febrero de 2017

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA