DOCUMENTO: “ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE LA REFORMA DE LA JUSTICIA”
Desde el inicio de esta legislatura, tanto desde el gobierno como desde los diferentes grupos parlamentarios se viene hablando con insistencia de acometer algunas reformas de calado en Justicia.
En su comparecencia parlamentaria el día 5 de diciembre de 2016, el Ministro de Justicia desgranó algunas de las propuestas sobre la reforma de la Justicia en esta legislatura a partir de la creación de una Subcomisión para el estudio y la definición de una “Estrategia Nacional de Justicia”. Esta estrategia –en sus propias palabras- identificará y definirá los objetivos de la reforma integral de la Justicia, tendrá en cuenta la opinión de todos los profesionales y colectivos implicados en la misma e incluirá un sistema de indicadores de análisis y seguimiento para monitorizar la ejecución y controlar su evolución y eficiencia.
Por ello, este Secretariado propone, a partir de los documentos aprobados en el último Congreso celebrado en Valladolid así como de otros documentos suscritos por la asociación, unas líneas de actuación así como fijar posición sobre algunas de las propuestas ministeriales:
– REFORZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL:
- Sobre el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: Recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013; sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; dedicación exclusiva de los vocales; y sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías. Se propone constituir un grupo de trabajo que elabore un sistema electoral de vocales, presentando sus conclusiones en el próximo congreso.
El CGPJ debe asumir el protagonismo en la reforma de la administración de justicia, promoviendo criterios objetivos para racionalizar la planta judicial, incrementar recursos en los juzgados con mayores cargas de trabajo, asegurar una oficina judicial eficiente así como la implantación de las nuevas tecnologías, coordinando las competencias del Ministerio de Justicia y de las CCAA.
El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. Resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento de amparo previsto en los arts. 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por parte de los jueces y juezas.
- NOMBRAMIENTOS DE ALTOS CARGOS JUDICIALES: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. A través de un proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una sola vez. Exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del designado/a sino también en su relación con los de los demás aspirantes.
- Reducir el número de AFORADOS en el ámbito político, limitando el aforamiento exclusivamente a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo público.
- Prohibición legal de la posibilidad de conceder INDULTOS por corrupción. Es importante que los eventuales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonación legal de sus delitos a través de la figura del indulto.
- Supresión de la figura del magistrado/a designado a propuesta de la asamblea legislativa de la comunidad autónoma.
– MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
- PLAN DE INVERSIÓN suficiente y prolongado: Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso un importante esfuerzo inversor. Un plan decenal de inversiones prorrogable, destinado -entre otros aspectos- a:
- incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, creando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años,
- modernizar los edificios judiciales, e
- implantar el expediente judicial.
- Racionalización de la PLANTA JUDICIAL:
- Implantación de los tribunales de instancia respetando las exigencias de independencia e inamovilidad.
- Evitar la precarización judicial, supresión de las figuras de los jueces en expectativa de destino.
- Protocolización de la carga de trabajo asumible.
- Revisión de la OFICINA JUDICIAL sobre las experiencias piloto. Invertir en su implantación, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones.
- CALIDAD Y GARANTÍAS PARA LA CIUDADANÍA. Conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas. Hay que garantizar información suficiente sobre cómo proceder, la forma de obtener asistencia, los derechos de que se dispone, la accesibilidad al procedimiento, y los recursos y remedios procesales que les asisten en cada caso.
El objetivo que debe alcanzarse es una organización judicial rigurosa, exigente y de calidad. El Poder Judicial que se sirva de ella ha de garantizar el sometimiento a la ley, con procedimientos que garanticen igualdad de armas y tutela efectiva. Una garantía de democracia e igualdad.
– GARANTÍAS PROCESALES:
- La JURISDICCIÓN es una garantía de los ciudadanos/as, por ello todos los asuntos en los que se dilucide un interés público, derechos fundamentales o libertades públicas deben ser encomendados a los tribunales de justicia, órganos estatales o supraestatales, cuyos miembros gozan de un estatuto de independencia e imparcialidad. Por consiguiente, rechazamos los tribunales especiales de inversiones, de naturaleza arbitral, previstos en la nueva generación de acuerdos de libre comercio (CETA, TPP y TTPI) para conocer las controversias entre inversor y estado, con exclusión de los órganos judiciales ordinarios.
- Instauración de un NUEVO MODELO PROCESAL PENAL, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción, con pleno respeto de las garantías de las partes. La reforma del proceso penal debe combinarse con un reforzamiento de la imparcialidad y autonomía de los fiscales. Delimitación del ejercicio de la acción popular. Se propone encomendar a la Comisión Penal que elabore un documento sobre tales extremos, presentando sus conclusiones en el próximo congreso
- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
- Publicación de una LEY DE PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES: Para que los ciudadanos/as se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción.
– CONDICIONES PROFESIONALES:
- El Secretariado pedirá la convocatoria de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y defenderá mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos años.
- Igualmente reclamaremos extender a los jueces y juezas el régimen previsto para el empleo público en materia de vacaciones y permisos.
- Retomaremos los trabajos sobre jubilación y haremos nuevas propuestas al Ministerio de Justicia.
- Continuaremos desde la Comisión sindical el observatorio de JATS.
- Valoraremos continuar las acciones judiciales (conflicto colectivo) y recurso por incumplimiento ante la Comisión Europea por la falta de fijación de cargas máximas de trabajo.
- El Secretariado mantendrá en breve una entrevista con el gerente de la MUGEJU a fin de poder trasladarle las sugerencias y quejas de los asociados/as y mejorar el servicio prestado.