El Congreso manifiesta su preocupación por el creciente protagonismo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social, desbordando su tradicional ámbito de actuación en detrimento de las Entidades Gestoras.
Dicho proceso está provocando en la práctica una merma de los derechos de los trabajadores, que en ocasiones crean auténticas situaciones de desprotección, en función de criterios puramente economicistas, que se agudizarían de producirse la privatización de dichas Mutuas en el futuro.
Por ello, Jueces para la Democracia llama a un debate público sobre el tema con participación de todos los sectores afectados.
El Congreso manifiesta su preocupación por la tendencia creciente a privatizar la Sanidad, iniciada con la creación de Fundaciones para gestionar los hospitales públicos, con criterios que priman la rentabilidad económica y postergan la eficiencia y atención a todos los ciudadanos, generando el peligro de precarizar la asistencia sanitaria y también la inseguridad jurídica de los trabajadores del sector.
El Congreso expresa también su preocupación por la escasa aplicación del Título XV, del Código Penal, es decir, de los delitos contra los derechos de los trabajadores, debido, fundamentalmente, a la inexistente intervención del Ministerio Fiscal, que no promueve la acción penal en estos delitos. Ello es particularmente grave, con respecto al delito contra la salud y la seguridad en el trabajo, cuando España tiene el mayor índice de siniestrabilidad laboral de la Unión Europea.
La política de privatización de los sectores del Estado que articulan prestaciones sociales (Enseñanza, Sanidad, Seguridad Social, Transporte, Comunicaciones, etc…), amparadas en el argumento de la eficacia del mercado en la asignación y distribución de recursos, está teniendo como efecto el sometimiento de derechos, que son fundamentales, al albur del mercado. Mercantilizados los derechos, se merma toda posibilidad de construir un Estado Social que garantice el estatus de ciudadanía, y se hacen imposible los mínimos vitales, que bajo los principios de universalidad e igualdad de las prestaciones, toda persona por el hecho de nacer tiene Derecho.
El mantenimiento estable de un Sistema Público de Seguridad Social, que parecía ser hasta ayer un objetivo común de todas las fuerzas políticas y sociales del país, se ha visto afectado últimamente por iniciativas unilaterales y por campañas partidistas que parecen apuntar al abandono de aquellas políticas comunes sobre la materia.
Jueces para la Democracia, preocupada porque estas posiciones puedan afectar a la estabilidad y el futuro del propio sistema, propiciando su debilitamiento y la desviación de recursos hacia alternativas privadas que sólo pueden sostenerse –y beneficiar- por los más capacitados económicamente, hace un llamamiento a los partidos políticos para que, siguiendo el ejemplo de los sindicatos de clase, se esfuercen en retomar iniciativas comunes que continúen garantizando el Sistema Público y la cobertura suficiente de las elementales situaciones protegibles, evitando agravios comparativos.
El Congreso considera necesario la elaboración de una Ley de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Es por ello, que lamenta que en el día de ayer no fuera aceptada en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular, presentada en tal sentido, y avalada por más de setecientas mil firmas de ciudadanos.