Por un modelo Sindical Judicial

Algunas asociaciones judiciales, anteponiendo su “ideología” a la realidad, niegan beligerantemente, que los jueces deban hacer sindicalismo, llegando, incluso, a negar nuestro derecho a la negociación colectiva y con mucha mÁs firmeza, nuestro derecho a la huelga.

Sostienen, por tanto, que los jueces no tenemos que negociar nuestras condiciones de trabajo, ya que no somos funcionarios, sino detentadores del poder judicial, exigiendo consiguientemente, que las condiciones de trabajo  -léase nuestras retribuciones- se regulen mediante la correspondiente ley, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 403 de la L.O.P.J.

Esta posición, defendida por la Asociación judicial mayoritaria, apostando tal vez por la comprensión de la nueva Ministra de Justicia, nos ha llevado a la situación actual: condiciones de trabajo inadecuadas, pérdida progresiva del poder adquisitivo de nuestros salarios y lo que es peor, fuerte deterioro de la imagen de la justicia y por ende de los jueces.

La degradación de la situación llegó a tal punto, que el Ministerio de Justicia ha venido ninguneando tradicionalmente a las asociaciones judiciales, pese a que el artículo 401 de la L.O.P.J. nos encomienda la defensa de los intereses profesionales de nuestros compañeros, no convocándonos siquiera para dar una mínima explicación a su política de austeridad, que nos afectaba al igual que a los restantes trabajadores, a diferencia de los sindicatos de funcionarios, con quienes se han mantenido negociaciones permanentes, pese a la congelación salarial.

Ante este estado de cosas, Jueces para la Democracia propuso contactos a todas las Asociaciones Judiciales para iniciar negociaciones con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial, habiéndose llegado a un acuerdo de mínimos entre las cuatro asociaciones.

 

La Caracterizacion de la Negociación

Debe tenerse presente, en primer término, que la negociación de las condiciones de trabajo, en especial las retribuciones, se produce en un momento especialmente delicado, en el que la justicia en general y los jueces en particular, se encuentra bajo mínimos en la consideración de ciudadanos.

Si a ello añadimos, que el Gobierno propone una política  general de contención del gasto público, previendo un aumento del 2, 1% para los funcionarios públicos en el año 1998, se hace evidente que una estrategia de aumento salarial general sin contrapartida para los jueces, al margen de los restantes

funcionarios públicos, sea por ley o por cualquier otro medio, constituye un auténtico despropósito que irá destinado al fracaso en especial si la propuesta legislativa es que los jueces de entrada ganen como un diputado, los magistrados el 25% mÁs y los magistrados del Tribunal Supremo el 50, con aumentos mecánicos de siete puntos cada cinco años, al margen de la inflación.

Se impone, por tanto, defender otra política, entendiendo, que el Éxito de la negociación de las condiciones de trabajo de los jueces, pasa obligatoriamente por la reforma de la justicia, que propone el Libro Blanco.

Se trata, por consiguiente, de participar activamente en el debate de la reforma de la justicia, apostando decididamente por la optimización de los medios materiales y personales actuales procurando la búsqueda de la mejor satisfacción de los intereses de los justiciables, sin perjuicio de introducir los cambios, que se estimen oportunos, para llevar la reforma a buen fin.

Esta opción llevará obligatoriamente a intercambiar mejoras económicas por resultados, ya que proponer mejoras retribuidas a cambio de nada o, en el mejor de los casos, a maquillar la situación de la administración de justicia, sólo provocará entrar en una vía muerta, porque ni el Gobierno, ni la opinión pública podrán admitir aumentos efectivos sin contrapartida.

Proponemos, en definitiva, negociar la productividad de nuestro trabajo, en el convencimiento, de que la productividad de los jueces es medible, al igual que cualquier otro trabajo manual o intelectual, por mÁs que algunos compañeros defiendan, que la productividad es un concepto economicista, que no tiene cabida en el campo del derecho, ya que la Administración de justicia, al igual que las restantes actividades institucionales tiene notoriamente  una dimensión económica, sin la que es impensable su correcto funcionamiento.

Reivindicamos, por tanto, que en el marco general de la reforma de la Administración de justicia, la medición de la productividad judicial se constituya en uno de los pilares de la negociación, subrayando, que de no hacerse asÍ, negando la negociación de la productividad por unas razones “ideológicas”, cada vez mÁs distantes de la opinión pública, iremos inevitablemente a unas condiciones de trabajo impuestas, que serán peores, cuanto mÁs se degrade la imagen pública de la Justicia.

No se nos oculta que muchos compañeros, desde posiciones honestas, ven con desconfianza la medición y el control social de su trabajo, ya que cumplen de manera consecuentemente con sus  obligaciones, pareciéndoles injusta la desconfianza social en su trabajo, pero dicha postura no se puede compartir.

Ello es asÍ, porque son precisamente los jueces responsables y cumplidores, quienes se beneficiarán de la objetivización de  sus condiciones de trabajo, ya que la actual ambigüedad del Estatuto judicial, permite al tiempo la máxima abnegación y la máxima degradación por parte de los jueces, no pudiendo olvidarse, que se nos juzga invariablemente por la actuación de los peores.

AsÍ pues, la determinación de condiciones objetivas de trabajo, que permitan distinguir a quien lo hace bien y a quien lo hace mal, retribuyéndoles en consecuencia, sancionando incluso a los incumplidores, beneficiará a la Justicia en general y a los jueces responsables en particular, quienes deberán elegir entre apoyar una Administración de Justicia a la altura del siglo XXI tal y como nos demandan masivamente los ciudadanos, o por un rancio corporativismo que nos llevaría al desastre.

 

Los Presupuestos de éxito

Convencidos de que la mayoría de los jueces elegirán la primera opción, entendemos, que los presupuestos del Éxito, pasan por la unidad de acción de todas las Asociaciones judiciales, ya que de no hacerse asÍ, caminaremos inevitablemente al fracaso.

Proponemos, por tanto, para evitar posibles rupturas “ideologizadas” entre las asociaciones, que las Juntas de Jueces se conviertan en el instrumento básico de la negociación, de manera que todas las medidas, que se tomen, dada la trascendencia o los temas a negociar, sean refrendados por las Juntas de Jueces, garantizando, de este modo, la participación democrática de toda la profesión en una cuestión de Estado, que nos afecta a todos “asociados y no asociados” en nuestra condición de jueces y en la de ciudadanos.

Es fundamental, por otra parte, que la reforma de la Justicia “marco de la negociación de las condiciones de trabajo de los jueces” se desarrolle públicamente, con la participación de todos los operadores jurídicos y usuarios, garantizando de este modo, la participación democrática y la trasparencia en la forma de una Institución cuyo funcionamiento correcto es el presupuesto del ejercicio de las libertades públicas.

LLamamos, por tanto, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial para que participen actualmente en la negociación, poniendo los medios necesarios para la participación de los restantes operadores y usuarios, porque una reforma de esta magnitud ©que es, sin duda, cuestión de Estado© exige la máxima participación y consenso de la ciudadanía y de sus instituciones.

Girona, 15 de Octubre de 1.997ƒ

RICARDO BODAS