Jueces para la Democracia, la segunda asociación española de jueces y magistrados por número de asociados, eligió la ciudad de Toledo como sede de su XIII Congreso, ante las facilidades que todas las instituciones, públicas y privadas, mostraron desde el primer momento en que sugerimos la posibilidad de desarrollar aquí nuestra asamblea anual.
Desde entonces los preparativos y esfuerzos se concretaron en numerosos ofrecimientos que finalmente condujeron a la reunión de más de ciento cincuenta jueces de todo el país, que han debatido sobre la administración de justicia como servicio público.
Hace tiempo que Jueces para la Democracia reflexiona sobre el papel de la justicia no sólo como poder del estado encargado del ejercicio de la jurisdicción, sino como administración que tiene que atender demandas de los ciudadanos. Algo tan elemental está en cuestión para las fuerzas más conservadoras de la magistratura, pero es fundamental si se quiere afrontar la necesaria reforma de la justicia con el objetivo de mejorar el nivel de satisfacción ciudadana respecto a la forma en que se presta.
Este XIII Congreso ha servido para la reflexión sobre este particular. Se partía eso sí, de un importante elemento de consenso elaborado por el Consejo General del Poder Judicial con la participación de representantes de todos los grupos sociales y profesionales que tienen que ver con la justicia, El Libro Blanco. Este recoge un exhaustivo análisis de la situación actual de la administración de la justicia y propone un conjunto de medidas que lo constituyen en un verdadero programa de reforma, si se tiene la voluntad de acometerla.
Desde la visión crítica que suele caracterizar a Jueces para la Democracia, se analizó el lugar que ocupa ahora el Libro Blanco, más de un año después de su elaboración. Y se concluyó que, lamentablemente, da la impresión de que el impulso inicial se ha perdido, y que no existe la voluntad política imprescindible para adoptar el conjunto de medidas que en aquél documento se plasmaban. Su creador, el CGPJ; no parece demasiado preocupado en denunciar las omisiones de otros poderes, el legislativo y ejecutivo, y muchas de las medidas que le correspondían tampoco se abordan.
El Ministerio de Justicia, responsable de la mayoría de las medidas a adoptar en materia de dotación de medios y materia, nunca ha asumido las propuestas del Libro Blanco, y no aparece creerse la necesidad de una fuerte inversión para mejorar la percepción que los usuarios de la justicia tienen de este servicio. El Congreso constató que mientras que la mayoría de los ciudadanos están relativamente conformes sobre la calidad del funcionamiento de la enseñanza, la sanidad o las comunicaciones, existe una enorme insatisfacción en la justicia.
Por otro lado el legislativo, y en particular la actual mayoría parlamentaria, no se deciden a discutir y elaborar los instrumentos procesales que son precisos para hacer que la justicia funcione con calidad y rapidez, asegurando un nivel de eficiencia razonable. Porque sin las herramientas adecuadas , seguirá siendo imposible que la voluntad de modernización y eficacia de muchos se plasme en mejoras perceptibles por los usuarios.
A pesar de tal convicción, han sido numerosas las propuestas que afectan a todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, laboral y contencioso-administrativo) para tratar e mejorar el funcionamiento de la administración de justicia. Y se ha reclamado una reforma integral de la oficina judicial, para adaptarla a las necesidades del siglo XXI, superando el actual modelo decimonónico que se ha demostrado quedó caduco hace tiempo.
Al considerar la justicia como un servicio público se pone al interesado que plantea un conflicto cuya resolución reclama a los tribunales, como centro del sistema. Ni intereses profesionales de abogados, ni actuaciones corporativas de los jueces, ni particulares demandas de otros grupos con intereses económicos pueden soslayar que lo esencial para la administración de justicia es conseguir un sistema de enjuiciamiento, una organización de los recursos, un diseño de oficina judicial que permita una respuesta rápida, acomodada a la Constitución y de calidad técnica digna, a ese problema.
La conclusiones de este congreso buscaban tal finalidad. Por eso se dirigirán a los poderes públicos encargados de adoptarlas, y se presentarán a la opinión pública, para su debate y discusión. Ojala sean de utilidad.