Justicia al Servicio de Ciudadano

“La justicia emana del pueblo…” (117.1 de la C.E.)

Para dotar de contenido real a la declaración que encabeza el art. 117 de la C.E. habrá que tener en cuenta, antes de nada, que el poder en democracia se conforma sobre el principio de que los titulares inmediatos del mismo son los ciudadanos, de modo que las estructuras de gobierno, políticas Ó burocráticas, no se constituyen mÁs que para una (deseable) mediatización de ese principio. El poder debe articularse desde la base y para atender las demandas sociales razonables desde el punto de vista de los valores constitucionales. Cualquier poder del Estado tiene la específica finalidad de atender los derechos e intereses de los ciudadanos. Es aquÍ donde encuentra su razón de ser. No cabe predicar otra cosa de ese conjunto de sujetos y actividades que se engloban en lo que llamamos justicia. Puede añadirse que, al igual que el resto de los profesionales implicados en su administración, los jueces y magistrados, titulares mediatos de la jurisdicción son, quizÁ mÁs que nadie, servidores públicos.

En líneas generales, esta es la convicción que se encuentra en el fondo de la ideología de Jueces para la Democracia, en nuestro modelo de justicia y en las sucesivas propuestas que hemos realizado, al respecto, a lo largo de los años.

Esta convicción de fondo adquiere su dimensión mÁs característica si es confrontada con la propuesta conservadora.

En esta, la concepción del poder como servicio al ciudadano queda muy relativizada en favor de una inteligencia corporativo-patrimonial, donde el poder se tiene y ejerce en favor, primordialmente, de los intereses de los miembros de las corporaciones. Los puntos de vista sobre la titularidad del poder y el horizonte de objetivos de su despliegue, resultan simétricamente inversos en los dos modelos básicos de la justicia.

El actual Consejo General del Pode Judicial acaba de finalizar el análisis de la justicia que tituló Libro Blanco, un trabajo de evidente dimensión política, sobre todo para el futuro. La iniciativa y el desarrollo del Libro Blanco contienen, sin duda, la perspectiva en favor del modelo del servicio público, que se trasluce en la misma tarea analítica de ese trabajo y se muestra con claridad en el conjunto de las propuestas que señala. Por eso, Jueces para la Democracia ha dado un claro apoyo global al Libro Blanco. Aunque, como es natural, podamos estar en desacuerdo con algunos puntos, bien por discrepancias con ciertas líneas de propuestas, bien porque se quede corto a la hora de abordar algunos temas relevantes. De todas formas, no ignoramos que el trabajo es fruto del consenso lo que puede restarle, inevitablemente, fuerza, y de un entorno marcado por dos específicas circunstancias políticas: la extrema incapacidad del Ministerio de Justicia para hacer frente a la parte que le corresponde en la tarea de administrar la justicia, algo determinado a su vez por la ausencia de cualquier proyecto general (Ó particular con cierto calado) en ese departamento, y la necesidad que tenía este Consejo de remontar la crisis institucional que había heredado del anterior.

No queremos dejar pasar un par de cuestiones referentes a las expectativas con las que se ha recibido el Libro Blanco. Debe quedar claro que ese trabajo no constituye el paradigma que solucionará los problemas de la justicia. Se trata, sencillamente, de un buen punto de partida, recibido como una notable disciplencia por parte de los que no están “ideológica ni políticamente” por lo que hemos llamado en alguna ocasión la cultura del servicio público. Junto a ello, hemos detectado una contestación subterránea a ese trabajo, que se traduce en el mensaje de que el Libro Blanco es peligroso para lo judicial. Cualquiera que lo lea de buena fe, se dará cuenta de que el Único peligro tiene que ver con lo razonable que resulta, siempre desde la perspectiva del servicio, con lo cual sólo puede inquietar, al espectro corporativo.

Cual es el interés político del Libro Blanco, para el futuro?. De entrada, el CGPJ adquiere el compromiso de hacer realidad las propuestas contenidas en el LB pero, no puede ser de otro modo, sólo en la parte que le afecta. Es decir, en lo que hace referencia al cupo de sus competencias constitucionales y legales, Único espacio en el que el CGPJ puede actuar por sÍ mismo. El resto habrá de ser objeto de respuesta por parte de las fuerzas políticas, con representación institucional. Por decirlo claramente, el Libro Blanco de la Justicia pone la pelota en el tejado de cada cual. Específicamente, como es lógico, en el tejado de la mayoría parlamentaria, en el del Ministerio de Justicia y en el de los departamentos de justicia de los ejecutivos autonómicos con competencias en justicia, instancias que tienen por una vía u otra la mayor responsabilidad.

Existe voluntad política de desarrollar en la práctica las propuestas del Libro Blanco?. Los antecedentes, por parte de la opción política en el gobierno, son desalentadores. Cualquier análisis del año y medio de gobierno del Ministerio de Justicia revela una clarísima incapacidad para ofertar cualquier respuesta a los problemas de la justicia. No es sólo que no se hayan hecho cosas. Es que ni siquiera se han proyectado. La ausencia de iniciativas legales y ejecutivas resulta preocupante. De hecho, el CGPJ suple ©con el Libro Blanco© la completa falta de análisis y oferta política del ejecutivo. No es menos desalentadora la disciplente acogida que en un primer momento sufrió el LB desde la derecha política y judicial, respuesta insólita y apresuradamente corregida, sólo a nivel de discurso, ya que no sabemos cual es su nivel de compromiso con las conclusiones del Debe quedar claro, en todo caso, que lo esencial para el futuro ya inmediato consiste en hacer el seguimiento del desarrollo del LB. Porque lo que no resultaría admisible, en modo alguno, es que el trabajo realizado, y la consiguiente ilusión desplegada, quedase en agua de borrajas.

Por todo ello, Jueces para la Democracia asume las siguientes conclusiones:

Reafirma el apoyo general al Libro Blanco y al mensaje en favor de la mejora del servicio público que contiene, sin perjuicio de las discrepancias que podamos tener con algunos aspectos particulares.

Mostramos nuestra voluntad de participar en el desarrollo del LB, dentro de lo que la naturaleza de una asociación judicial y nuestras concretas posibilidades lo permitan.

Reclama de las fuerzas políticas con representación en las instituciones competentes, y en especial del proyecto político que gobierna, un pronunciamiento claro en relación al LB y a las propuestas que contiene.

Confiamos en que el CGPJ desarrolle la parte del LB que le afecte, al tenor de sus competencias y legales. Además es necesario que el C.G.P.J. impulse en la carrera judicial, sobre todo en el Ámbito de la formación, la convicción en favor del servicio público.

 

GIRONA, 15 DE OCTUBRE DE 1.997

JOSE ANTONIO ALONSO