Nunca es tarea fácil encajonar en unos folios la actividad desplegada a lo largo de dos años. Menos aún si el periodo de tiempo contemplado estuvo tan cargado de acontecimientos que de un modo u otro, nos afectan directamente. Sin embargo, aquí se trata de describir nuestra tarea y nuestras disposiciones desde un punto de vista general. El resto de los miembros del Secretariado concretarán lo referente a cada una de sus áreas de responsabilidad.
I) El inicio de la actividad de este Secretariado coincidió, con unos pocos meses de diferencia, con el cambio de gobierno del país. Con ese cambio nos llegó el del Ministerio de Justicia. La recién nombrada, Margarita mariscal de gante, era una notoria militante de la Asociación Judicial Conservadora. Un nombramiento tan político no dejó de provocar alguna queja en respuesta al persistente mensaje “antipolítico” de que tal asociación había hecho gala mientras pudo. O mientras no pudo, para ser más exactos. Pero, al margen de ello, la primera reacción del Secretariado se formuló en términos de interrogación: no parecía que la recién nombrada tuviese una gran presencia política. ¿Porqué trataba de pagar el presidente del gobierno? ¿Qué iba a hacer la nueva ministra?
Hay que decir que el Secretariado no pensó ,al las respuestas. En algunas intervenciones dijimos que la falta de peso político de mariscal desplazaría el área de influencia del departamento de Justicia hacia Interior. El difuso control de legalidad que debe responder al departamento de Justicia, dentro de la oportunidad política que preside la tarea de un gabinete de gobierno, se difuminaría rápidamente. Un hecho rotundo vino a dar razones: Interior arrebataba a Justicia, sin la ,más mínima oposición o queja, el área de instituciones penitenciarias, algo que criticamos severamente, como es ilógico (aunque la verdad que no dejamos de percibir el alivio de los que ven mucho más liberal y competente a Mayor Oreja; todo hay que decirlo).
A partir de la constatación del escaso peso político del ministerio de justicia, el secretariado ha insistido en el análisis de los dos rasgos distintivos de la (ausencia de) actividad del mismo: Al frente de ese ministerio está gente fortísimamente corporativa, por tanto incompatible con la más leve cultura del servicio público al ciudadano. Cuando en el punto de mira de los responsables del ministerio están los intereses de las corporaciones, no de los ciudadanos, no es posible realizar reformas razonables de la justicia, ya que estas tienen que ver necesariamente con los puntos de interés ciudadano, en especial con la calidad y eficacia en el tiempo de las respuestas del sistema judicial a los conflictos que se planteen. Todo ello explica la ausencia de un modelo global de justicia y el bloqueo político-legislativo a la hora de acordar la renovación de los procesos. Se diría que el Ministerio de Justicia está en una nueva tarea de permanente consideración procesal, sin coger a los toros por los cuernos. Como no tiene respuesta a las preguntas capitales (¿cómo hacemos para que un proceso que razonablemente debe durar 4 meses no dure 4 años?) no puede trasladar respuesta alguna en forma de leyes. Y en las escasas ocasiones en que lo hace, no consigue introducir alguna racionalización del proceso y de la estructura que lo maneja, como lo demuestra el proyecto de LEC. Lo mismo puede decirse de la forma en que (no) maneja la estructura operativa (oficina judicial, funcionarios, medios…), con la particularidad de que, en este campo, se ha lanzado a un inexplicado proceso de transferencias a las CCAA.
El Secretariado ha insistido, según se dijo antes, en ese análisis, reiteradamente confirmado por los hechos. Pero no dejamos al margen la segunda de las características fundamentales de este departamento de justicia. Sin duda alguna tiene que ver con la primera. La única tarea perceptible claramente, el único mensaje reiterado más o menos explícitamente, fue el del cambio de modelo de elección del CGPJ. Entendimos y entendemos que la titular de justicia pretende justificar su gestión con tal logro, aunque tiene un serio problema al respecto: no sólo carece de mayoría parlamentaria para ello, sino que la imagen de corrimiento al centro político que quiere dar el Presidente del Gobierno es radicalmente incompatible con la elección corporativa, un ade las banderas más identificables de la derecha.
II) El ya referido abandono de presencia política, en el más estricto sentido de la palabra, por parte del Ministerio de Justicia, provocó que en las cuestiones de la justicia más candentes de la vida pública española, los interlocutores fuesen exclusivamente otros políticos del Gobierno. La aproximación del Gobierno a la justicia se realizó únicamente en función de los intereses estratégicos de las políticas de cada uno de los momentos, lo cual quedó claro desde la conocida crisis de la fiscalía de la Audiencia Nacional, extendida al punto de provocar la dimisión–cese del entonces Fiscal General del Estado, incapaz de controlar los desmanes de un grupo de fiscales de la AN. Ante la falta del más mínimo apoyo por parte del Gobierno. El núcleo del problema tuco que ver con uno de los episodios trascendentales en la historia reciente de la política española: l apalea mediática propiciada y mantenida por el gobierno y sus aliados contra el grupo Prisa. Los posicionamientos de JpD fueros claros, en el sentido de defender la legalidad contra lo que eran algo más que sospechas de instrumentalización de la justicia. Con ello de defendía, al tiempo, la pluralidad informativa indispensable para la existencia de cauces mínimos de expresión de la pluralidad social. No se trataba sólo de una pugna empresarial, como -desde la inocencia ó desde la estafa- pretendieron algunos.
Ahora que se empieza a desacelerar la tensión, nos damos cuenta de la importancia de mantener, en momentos clave, posiciones limpias.
III) La andadura de este Secretariado coincidió, también con una diferencia de pocos meses, con la del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Desde el primer momento fuimos conscientes de que el recién elegido Consejo heredaba, en cierto modo, la imagen de crispación extrema del anterior. El primero de los retos, propiamente político, era deshacer esa imagen. La estabilidad institucional de un país tan convulso como lo estaba éste hacía años hacía preciso el apoyo casi incondicionado a un Consejo de composición bastante razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del momento y el conocido vicio de la partitocracia en su elección. Esa fue la política de Jueces para la Democracia. La respuesta de las asociaciones conservadoras fue muy distinta, por tres motivos.
En primer lugar, porque se sintieron excesivamente desplazadas en el proceso de elección de los vocales, entendiendo-indebidamente- que JpD había sido demasiado beneficiada en la selección. Al lado de ello, porque estimaron que una buena manera de deslegitimizar el modelo parlamentario de elección del Consejo pasaba por el ataque sistemático y la deslegitimación de esta concreta composición del mismo. En tercer lugar, porque el Consejo se comprometió con un modelo de justicia alejado de las tesis conservadoras. En efecto, frente al modo corporativo de entender el sistema judicial y los valores centrales del mismo, caracterizado por el desplazamiento de los intereses del ciudadano a favor de los de los miembros de as corporaciones, el CGPJ lanzó un mensaje de reforma de la justicia (al menos de una porción significativa) bastante progresista, en cuanto permitiría invertir la referida dualidad. El asunto quedó concretado en una buena obra de análisis crítico, el Libro Blanco, donde se abordan gran parte de los problemas pendientes de la justicia, el tiempo del proceso y la estructura burocrática y personal. Como es sabido, las reacciones al Libro Blanco fueron completamente dispares. La derecha judicial lo tildó de “libro grisáceo” y Jueces para la democracia lo apoyó, con la condición (aún pendiente) de que no se quedara en un mero análisis: los planteamientos del libro blanco debían ser desarrollados por los poderes competentes en el estado ó en las CCAA y el Consejo tendría que comprometerse no sólo a hacerlo efectivo en lo que le corresponde, sino también a una labor política de exigencia al Ejecutivo para que asuma y realice lo que le compete.
El futuro que ya empieza dirá hasta que punto se colman ó se frustran las expectativas que el Libro Blanco creó
IV) Los últimos años han conocido la eclosión del sistema judicial español, encargado –por varias razones- del manejo de algunos de los conflictos capitales de la vida pública. Parte de la corrupción instalada en el sistema financiero, en el sistema político y en diferentes niveles de las administraciones, y los crímenes cometidos desde el Estado, han pasado por los tribunales. La universal reacción de los implicados (y con frecuencia de sus entornos mediáticos y/ó políticos) en los procesos fue previsible: una sistemática denuncia de politización de los tribunales. Con esa palabra –tan repetida que dejó de tener un significado preciso- los implicados querían describir a la vez un estatus de privilegio (“a mi la regla legal no me afecta”) y una ruptura, por parte de la jurisdicción, de la legalidad a favor de la oportunidad a la hora de enjuiciar los diversos asuntos. En todo caso, las sistemáticas apelaciones a la politización de los tribunales, se constituyeron, por su repetición, amplificación y acumulación, en un factor de deslegitimación y de presión a los tribunales, completamente intolerable.
En todas las ocasiones en que pudo intervenir, el secretario de JpD afrontó el mensaje utilizando otra idea global, que pudiéramos llamar institucionalización. Con ella de quiere expresar la dación de confianza apriorística a las instituciones legítimas del estado de derecho, en este caso a loa tribunales de su poder judicial. Esta confianza es indispensable para convivir en democracia, pero las exigencias no menos indispensables de la misma convivencia tiene que ser cuestionada cuando se defraude por los titulares del poder. En consecuencia, tratamos de transmitir una sana y democrática relativización de tal confianza. De todo ello quedaron abundantes rastros en diversos foros y en los medios de comunicación. Por lo demás, es de justicia decir que no mucha gente, aparte de nosotros, apostó por ese apoyo a las instituciones. En muchas ocasiones, de las que también hay abundantes rastros, desde la misma judicatura se trasladó al público una idea de politización de los tribunales derivada de la politización de CGPJ. Conviene no olvidarlo, ahora que el balance de la actuación de loa jueces y tribunales parece bastante positivo. En efecto, el secretariado entiende que después de los tan complicados procesos, la judicatura ha realizado, globalmente, un trabajo serio de racionalización y pacificación de la vida pública. Esperamos que el futuro siga trayendo más de lo mismo.
Como es lógico, ese mensaje de confianza no desconoció que las resoluciones de los tribunales pueden ser criticadas sin problemas en una democracia. La cultura de JpD indica, además, que la libertad al respecto es máxima. Pero por máxima que sea, no puede llegar a la acusación de prevaricación, como ha ocurrido con la reciente sentencia del TS en el asunto Marey. Por eso, aparte de aprobar la sentencia de marras, como lo hicimos con otras actuaciones de los tribunales, en su dimensión institucional como acto legítimo del poder judicial del Estado de Derecho (es decir, al margen de su concreto contenido), contestamos el exceso den las críticas y apoyamos al Presidente del CGPJ cuando decidió hacer frente a tales excesos.
V) Un informe de gestión de una organización progresista, española, a fines de siglo, no puede dejar de lado una idea persistente. Vivimos en un mundo que se ha hecho muy grande, donde las relaciones e interdependencias son globales. Donde emergen, con una fuerza desconocida hasta ahora, lógicas de dominio inasequibles para los pequeños espacios de poder. Si queremos ser solidarios con el que pudiera calificarse de nuevo sujeto histórico con los excluidos si queremos que la política controle razonablemente la economía, que las instituciones democráticas se constituyan en frenos a las injustas decisiones de los mercados, tenemos que desarrollar espacios de poder lo bastante reales y lo bastante poderosos como para que esa solidaridad sea posible. La visión progresista de la construcción europea hace hincapié en la Europa política. Dentro de ella, el tercer pilar deberá tener un significado cada vez más preciso. La justicia europea tendrá que ser algo. O no ser. O como quieren los conservadores, algo simbólico, puramente virtual, apenas el ropaje de otras estructuras. A partir de esa idea, deberemos contribuir al desarrollo de esa tercera pata desde posiciones progresistas, por desgracia en franca regresión es este tema.
VI) Los últimos días nos trajeron una de las mejores noticias de los pasados veinte años. Quizá la mejor. La organización terrorista ETA decretó una tregua indefinida en el tiempo. Se abre así, un proceso de paz que Jueces para la democracia quiere apoyar rotundamente. El futuro vuelve a pertenecer a los hombres y a la política. Ojala que sea bien gestionado.
Esperamos haberos representado digna y honorablemente. Representar a un grupo de jueces plural, compuesto por personas bien libres, no es sencillo. Porque ambos datos, la pluralidad y la libertad, configuran un escenario necesariamente complejo. Y la complejidad es fuente, a la vez, de fortaleza y debilidad. Este secretariado es agua pasada. Nos gustaría que esa pequeña reflexión le sirvieses al futuro.