LIBERACION DE PINOCHET: UNA PANTOMIMA POLITICA APOYADA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL

El Ministro del Interior británico ha decidido liberar al dictador Pinochet y denegar su extradición a España, atendiendo a supuestas razones humanitarias y de salud. Es una pésima decisión en materia de protección de los derechos humanos, porque en la práctica impide que el General Pinochet pueda ser juzgado de los graves crímenes contra la Humanidad que se le imputan.

La llamada razón humanitaria para sustraerse a la acción de la justicia  es una figura ajena a la mayoría de ordenamientos jurídicos en los Estados de Derecho y no está contemplada en el Convenio de Extradición aplicable a este caso. Reconocerlas además a favor de un inculpado por delitos contra la Humanidad supone la negación a las víctimas del derecho a la Justicia.

El que un político sea quien, a partir de informes efectuados por los médicos por él designados, y que han sido cuestionados por los médicos forenses de la Audiencia Nacional, decida las capacidades físicas y mentales de Pinochet para enfrentarse a un juicio, abunda en la duda de que la decisión se ha adoptado por espurias razones de oportunidad política o por pretendidas razones de Estado, ajenas a los criterios de la Justicia. A estas alturas del procedimiento parece claro que esta decisión es consecuencia de un pacto político fraguado por los tres Ministros de Asuntos Exteriores, inglés, español y chileno. El Ministro Matutes, minutos después de conocerse la decisión, se ha apresurado en anunciar que tampoco en esta ocasión tramitaría ningún recurso que pudiera plantear el Juez Garzón, añadiendo de forma inexplicable que la denegación de la extradición le dejaba un sabor amargo. En materia de protección internacional de los derechos humanos, todos los poderes públicos, también los políticos, deben orientarse en la misma dirección: la de posibilitar que los Jueces, en aplicación de la ley,  actúen  hasta sus últimas consecuencias. El Gobierno inglés, con la aquiescencia y beneplácito del Gobierno español, ha cerrado este caso en falso. Sin embargo, el camino iniciado a partir de las resoluciones judiciales dictadas es ya un camino sin retorno. Siempre habrá un antes y un después del inicio de todo este proceso, porque se ha consolidado una jurisprudencia internacional a favor del  principio de la jurisdicción universal en la persecución de los delitos contra la Humanidad. La culminación del proceso para la consolidación de la lucha contra la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos debe ser la entrada en vigor, de una vez por todas, de un Tribunal Penal Internacional. Los Gobiernos de los Estados tienen la llave para que, lo antes posible, este deseo se transforme en realidad.

Barcelona, a 2 de Febrero 2000.