La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, prevista para el 7 de enero del 2001, supondrá la aplicación de una nueva regulación del proceso civil que, por las circunstancias políticas que concurrieron en su aprobación, puede verse abocado al fracaso. Así, el sistema de la nueva Ley queda pendiente de una importantísima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuya tramitación parlamentaria no ha sido aún iniciada. El texto de la ley contiene importantes contradicciones internas que evidencian la gran precipitación del gobierno en su tramitación y aprobación en la legislatura anterior, y parte de su regulación puede adolecer de serios déficits de constitucionalidad, fundamentalmente en lo que se refiere al sistema de recursos. Su articulado incluye además importantes incorrecciones técnicas en la regulación del juicio verbal, en el que tienen difícil encaje las normas generales sobre la proposición y práctica de la prueba, en la generalización del principio de ejecución provisional y en la ordenación de las reglas de ejecución de las sentencias firmes. El Consejo General del Poder Judicial, en sus propuestas sobre el Pacto de Estado de la Justicia, ha puesto de relieve incluso la necesidad de modificar la Ley antes de su entrada en vigor.
Pero, haciendo abstracción de todos los defectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la viabilidad de la nueva regulación procesal requiere de una urgente inversión de recursos económicos que demuestre la voluntad política de garantizar la plena aplicación de esta ley y la consideración, de una vez por todas, de la justicia civil como un servicio público ágil, eficaz y garantista. Para ello, el Consejo General del Poder Judicial ha considerado necesario incrementar la planta civil en un 25% y una simple lectura de la ley evidencia la necesidad de dotar a cada juzgado de una sala de vistas y de los medios necesarios para la documentación de los actos procesales, así como de replantear sobre nuevas bases la reforma de la oficina judicial
Por todo ello, el Congreso de Jueces para la Democracia ACUERDA SOLICITAR del Gobierno la urgente dotación de los recursos presupuestarios que sean necesarios para el incremento de la planta judicial civil y para garantizar que a la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley los órganos con competencias en esta materia dispondrán de los medios precisos para su efectiva aplicación, considerando que, en otro caso, deberá asumir la responsabilidad política correspondiente.