Los abajo firmantes, miembros de Jueces para la Democracia, queremos compartir con el resto de asociados las siguientes reflexiones, que nacen de nuestro profundo descontento respecto a la situación de la asociación. Lo hacemos con la esperanza de que a partir, bien de esta iniciativa, bien de otras concurrentes, pueda articularse, dentro de la propia asociación, una alternativa real. La situación a la que nos referimos se caracteriza fundamentalmente por:
- Ausencia absoluta de autocrítica.
- Ausencia de crítica a las políticas gubernamentales en materia de Justicia.
- Generación de antagonismos ficticios en el seno de la asociación.
- Pérdida de influencia ante la opinión pública.
- Bajísimos niveles de actividad en las Secciones Territoriales.
- Identificación absoluta ante la opinión pública entre las posiciones de JpD y el partido que gobierna.
- Desideologización de la asociación con pérdida progresiva de los perfiles y contenidos que más han caracterizado y diferenciado a JD de las demás asociaciones.
Creemos que en el origen de este estado de cosas está, de modo principal, la forma en que se ha dado entrada a las asociaciones judiciales en el proceso de designación por los partidos del arco parlamentario de un número determinado de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Entendemos que esta modificación, no sólo aceptada, sino seguida con verdadero entusiasmo desde JpD, ha tenido consecuencias nefastas. Creemos que el éxito de JpD no se debería medir en términos de cuántos magistrados se colocan en el CGPJ, en el Supremo o en las Presidencias de los TTSSJJ o de las AAPP.
Un número no desdeñable de compañeros ha optado, en la práctica, por la automarginación, en la medida en que su motivación no encuentra actualmente cauces de realización, mientras que sí encuentran ese cauce otros que han puesto sus miras personales y profesionales, de forma bastante poco disimulada, en el acceso a determinadas instituciones. Ocurre que, precisamente, quienes tienen esas miras, suelen presentar, como es lógico, unos muy altos niveles de motivación, y en consecuencia despliegan una gran actividad, imprimiendo a la asociación, con su liderazgo, esa orientación que no nos gusta. Mientras tanto los descontentos se repliegan, dejan de acudir a las ya escasas reuniones que se convocan, renuncian a toda iniciativa, y así, puesto que permanecen afiliados, parecen estar más bien a la espera de que algo ocurra, o de que alguien venga a salvarnos. Todos, aunque ciertamente unos más y otros menos, hemos llevado a la asociación al punto en que se encuentra, pero es nuestra, es decir, de los que pensamos que la orientación actual de la asociación no es la adecuada, la responsabilidad de intentar reconducirla.
La asociación ha cambiado a peor, y nos tememos que seguirá cambiando en ese sentido negativo en la medida en que se asiente el actual modelo que, hay que decirlo, tampoco es totalmente nuevo, puesto que algunos de sus rasgos esenciales estaban ya apuntados con anterioridad: las conexiones, interferencias y sinergias entre JpD y el principal partido de la izquierda no son, desde luego, una novedad. Lo que ha cambiado es la forma, ahora mucho más intensa, visible y transparente, en que se materializan esas relaciones. El juez que hoy pretenda acceder a una plaza en el CGPJ -o para la cual deba ser designado por el CGPJ- tiene que saber que hay un camino que pasa, indefectiblemente, por partidos y asociaciones. Si este cambio ha traído o no consigo una especie de efecto llamada es difícil de decir, puesto que no se puede entrar en la mente de las personas y, desde luego, sería absolutamente injusto generalizar ese juicio de posibilidad, sin duda peyorativo; pero debería admitirse, al menos, que el riesgo de que se produzca ese pernicioso efecto es razonable, con todo lo que ello implica. Se ha oficializado una especie de carrera por etapas: coordinador de sección, secretariado, CGPJ… y/o lo que venga.
Hay que preguntarse seriamente si quien tenga el propósito de llegar a uno de estos cargos vía selección previa asociativa se caracterizará por criticar las posiciones, en el gobierno o en la oposición, de quienes, en definitiva, tienen la llave de su nombramiento. Esto pasa, entre otras razones, porque en su día se decidió que la propuesta asociativa no fuera vinculante; y así ocurrió que se eligió, de la lista resultante, a quien se tuvo por conveniente; que, incluso, se repescó por otra vía a quien no obtuvo los votos suficientes. Por esto decimos que, mientras ese sistema se mantenga, la situación asociativa sólo puede empeorar. Una de las reflexiones pendientes en JpD es la de si debería optarse por rechazar cualquier tipo de intervención en ese proceso, o bien si habría que condicionar la misma a que la lista que resulte se considere vinculante, tanto en su orden de preferencia como en su composición; o bien se opte por cualquier otra solución. Lo único que parece claro es que así no deberíamos seguir: JpD no puede convertirse en estación de paso. El legítimo derecho que tiene cualquier juez para cambiar de ocupación y seguir su vocación de servicio público por otros caminos, sin duda más sacrificados, no puede ejercerse a costa del empobrecimiento de la vida asociativa, y la asociación nunca debería convertirse en campo de batalla donde se diriman, o a donde se trasladen, los conflictos y pendencias que se produzcan entre quienes ya están prestando ese servicio o pretendan llegar a prestarlo.
Da la impresión de que quienes se han automarginado, o quienes han intensificado su automarginación en los últimos tiempos, están dispersos, desorganizados y desmotivados. Probablemente, y basta atender a los resultados de las votaciones que se han celebrado en relación con determinados temas sensibles en los últimos congresos o comités permanentes para constatarlo, su número no es alto; pero, siendo ello cierto, lo peor es su falta de articulación, su incapacidad para organizarse y dar una respuesta eficaz, lo que no hace sino agudizar su aislamiento y, con ello, la irrelevancia de sus posiciones. Hay una gran desmotivación, un gran desánimo, una ausencia de reconocimiento en los objetivos a corto plazo que JpD tiene actualmente planteados.
La asociación está cambiando podríamos decir que incluso sociológica o generacionalmente, y tal vez sea consecuencia de ese cambio el que no se advierta, ni en los posicionamientos ante determinados temas, ni en la dirección estratégica en general, un sesgo especialmente utópico o inconformista.
Si este análisis fuera correcto, se trataría de reagrupar efectivos, de poner en comunicación a los incomunicados, de restablecer las conexiones rotas. Se trata, por supuesto, de volver a organizar y articular, de dar consistencia a unas determinadas posiciones; pero ello no será posible mientras no se llegue a una identificación y, sobre todo, a una clara definición de las ideas, temas y tareas que hoy están precisamente ausentes de la agenda asociativa. Hay que recuperar la capacidad, hoy perdida, de traer al primer plano de la vida asociativa las utopías razonables, de someter a discusión propuestas provocativas que saquen a JpD del letargo burocrático en que está sumida. Pero sólo si tras esta agrupación, articulación y motivación se tiene además la capacidad de hacer en congreso electoral una propuesta definida, con ideas, sí, pero también con nombres y apellidos, estaremos en condiciones de, al menos, intentar cambiar el rumbo de la asociación.
Las líneas anteriores pretenden ser sólo un apunte de diagnóstico, no de tratamiento. Éste, por supuesto, debería resultar de un debate abierto; pero pensamos, por motivos obvios, que una de las primeras propuestas que habría que someter a la asociación sería la relativa a la modificación sustancial de la forma de participar en la designación parlamentaria de los miembros del CGPJ. Así, cabría:
- Reclamar de los partidos que, o bien se modifique la Ley en este punto o bien, en tanto no se modifique, se comprometan a respetar la voluntad asociativa en los mismos términos en que la misma se exprese; es decir, tanto en lo relativo a los nombres como en lo que se refiere al orden de prelación resultante del proceso.
- Congruentemente con lo anterior, JpD debería negarse a participar en tanto se mantenga el actual sistema.
- Los candidatos, por su parte, deberían negarse a aceptar ser propuestos cuando ello suponga obviar o alterar ese orden de prelación.
De llevarse a la práctica estas medidas JpD recuperaría vitalidad, autonomía e identidad y además se contribuiría de manera importante a paliar uno de los problemas principales del CGPJ, cual es la supuesta dependencia de los consejeros respecto a la fuerza política que los propone.
Respecto a los demás cargos “orgánicos” de libre designación, no negamos la posibilidad de que la Asociación intervenga activamente en la política de nombramientos, siempre que ello sea desde la perspectiva del desarrollo o la concreción de programas y políticas alternativas en materia de justicia, más allá de promociones personales.
Juan Luis Manjón
José Luis Utrera
Juan Romero
Jose Manuel Balerdi