Documento aprobado por las Secciones Territoriales de Andalucía en reunión celebrada en Antequera el pasado 24 de mayo de 2005,  relativo a la designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

  1. PREÁMBULO.

1.1. Antecedentes. La Sección Territorial de Andalucía Oriental de Jueces para la Democracia, en su reunión de 15 de marzo de 2005, acordó convocar una reunión conjunta con la Sección Territorial de Andalucía Occidental, a fin de tratar el tema de la próxima renovación del cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Se celebró dicha reunión conjunta en el Parador Nacional de Antequera el día 21 de abril de 2005. Se acordó en la misma, por unanimidad, crear un grupo de trabajo sobre tal cuestión. Se acordó igualmente que dicho grupo de trabajo presentaría un documento en una nueva reunión en la que dicho documento debería ser sometido, para su aprobación, modificación o rechazo, a ambas secciones. El grupo de trabajo recibió igualmente el encargo de, sobre la base del apuntado documento, realizar una labor de animación y promoción entre los asociados de cara a la participación en el referido proceso de designación.

1.2. Objetivos. Son dos, por tanto, los objetivos que el grupo de trabajo se fijó desde un principio. En primer lugar, la redacción de un documento-base en el que quedaran recogidas las reflexiones, opiniones y análisis que el inminente proceso de renovación en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pudiera suscitar, particularmente en dos ámbitos, el primero de ellos referido a una crítica razonada de los mandatos anteriores, con especial incidencia en el último de ellos, en cuanto referencia más significativa; el segundo, relativo a posibles propuestas de futuro, esto es, un diseño de lo que los asociados a Jueces para la Democracia en Andalucía pensamos que debería ser dicha Presidencia. La segunda tarea encomendada, íntimamente relacionada con la primera, debería ser promocionar, animar, a los asociados a intervenir en dicho proceso de designación, ya invitándoles a hacer sus aportaciones teóricas al debate, aportando sus opiniones y reflexiones, ya animando a presentar candidatura para dicho puesto.

1.3. Método. El método de trabajo adoptado viene fuertemente condicionado por la limitación temporal que supone la inminente convocatoria de la plaza. Tal limitación de tiempo impide no solamente un debate con la extensión que sería necesaria, lo bastante abierto y prolongado en el tiempo, que permitiera una labor más intensa de acopio de documentación y de reflexión y análisis, con mayor participación de todos, sino que condicionará los procedimientos de decisión, dado que probablemente no habrá mucho tiempo para la discusión de la forma final que adopte. Como primera sugerencia pues, el grupo de trabajo propone a las Secciones que en el futuro se trabaje con mayor previsión y no se dejen las cosas para última hora.

En el grupo de trabajo se integraron, en la misma reunión de 21 de abril, Inmaculada Montalbán, José Luis Manjón y Juan Romeo. José Luis asumió la tarea de editar el documento. Se estableció un calendario de trabajo, se identificaron las sucesivas etapas que habrían de ir cubriéndose, en función de los objetivos propuestos. La primera fase fue de recopilación de información y documentación. Se hizo un llamamiento genérico a fin de que los asociados que lo deseasen hiciesen llegar al grupo de trabajo sus aportaciones teóricas y sus sugerencias de orden práctico. Se iniciaron simultáneamente los contactos encaminados a sondear las posibilidades de presentación de candidaturas. Se recabaron de la Oficina de JpD en Madrid los documentos relacionados con el tema, elaborados y asumidos por la asociación hasta el presente. El presente documento aspira a ser el resultado de la integración de ese conjunto variado de aportaciones. Se pretende que el documento sea coherente con una línea de pensamiento asociativo materializado en una diversidad de documentos en los que se ha ido plasmando una línea. Así, entre otros, las conclusiones de las Primeras Jornadas sobre el Gobierno de la Justicia que se celebraron en Laredo en 1997, las Jornadas de Tarragona sobre Salas de Gobierno en marzo de 2004 o el Programa Básico que se elaboró para las Elecciones a Salas de Gobierno. Han sido fundamentales igualmente los documentos surgidos de las propias SSTT de Andalucía en anteriores procesos.

Una vez redactado el documento debe ser distribuido a la totalidad de los asociados con antelación suficiente a la reunión prevista inicialmente para el 19 de mayo. Se ha trabajado sobre borradores que se han hecho circular entre los componentes del grupo. En caso de desacuerdo se ha intentado la conciliación de posturas y, cuando ésta no ha sido posible, se ha insertado una “redacción alternativa”.

1.4. Premisas. Nos planteamos en primer lugar el sentido de una intervención asociativa en un proceso que no es electoral. ¿Cómo participar en un proceso en el que, al menos formalmente, no se concede a las asociaciones judiciales papel alguno? El Grupo de Trabajo interpreta que la decisión de las SSTT de abrir un debate sobre la próxima renovación del cargo de Presidente del TSJA viene motivada por la preocupación ante un momento decisivo, dada la importancia del referido puesto y la actual -por todos reconocida- crisis del autogobierno judicial. Por lo tanto, ya es una primera razón favorable a la intervención el mero hecho de que se hable y se discuta sobre el tema, que éste no permanezca en la oscuridad y al margen de la mínima y elemental posibilidad de control que da la visibilidad. Se trataría, además, de intentar mediante esta intervención asociativa que, ante la decisión que debe adoptar el CGPJ, prevalezcan valores de progreso como la transparencia, la objetividad, la participación, la evaluación de méritos en función de las características específicas del cargo a cubrir (en particular, dotes de organización y de gestión, capacidad de proyecto y particular aptitud para las relaciones, personales e institucionales), y no meros criterios de oportunidad y conveniencia política. Se trataría de contribuir, desde las SSTT de Jueces para la Democracia en Andalucía y a sabiendas de que la responsabilidad última corresponde al Consejo General del Poder Judicial (que hasta la fecha y casi desde el inicio de su singladura institucional ha evidenciado con demasiada frecuencia -abstracción hecha de algunos meritorios esfuerzos individuales- una incapacidad para ajustar su práctica decisional a las exigencias éticas y procedimentales que reclama la regla constitucional de distribución de poder) a que dicho proceso de designación se desarrolle dentro de parámetros elementales de calidad democrática, ajeno por tanto a las interferencias políticas. Evidentemente esto representa hoy un cambio cultural de primera magnitud en la política judicial, pues apostamos de esta forma por una manera de plantearnos el “acceso al poder” (judicial) radicalmente distinta a la que prevalece, no basada en el tráfico de influencias ni en siniestras maniobras en la oscuridad sino en la transparencia, la objetividad y la apertura al debate. Y esta manera no puede calificarse como utópica porque es, sencillamente, la que está prevista en la Constitución. El presente documento aspira a expresar argumentos, hechos y razones para una crítica del pasado y, sobre todo, un proyecto de futuro con propuestas y soluciones para los problemas que la Justicia tiene planteados en Andalucía, centrándonos en lo que puede hacerse en tal dirección desde la Presidencia del TSJ. Este proyecto se materializa en este documento en una serie de puntos o ideas esenciales sobre las que habría de proyectarse el plan de trabajo de la presidencia del TSJA. Se invitará pues a los posibles candidatos al puesto, que asumen este documento, a que complementen su postulación con la presentación de un curriculum y una propuesta, plan o programa de trabajo.

La queja y la crítica en sí mismas no nos interesan si no somos capaces, primero, de proponer un modelo para el futuro distinto del actual; y segundo, si no somos igualmente capaces de vencer las lógicas y naturales resistencias de tantos compañeros que, estando perfectamente capacitados para llevar a la práctica las ideas y valores que en este documento se contienen, no ven que se den, en el campo en el que la partida ha de jugarse, las condiciones de participación adecuadas.

Estamos ante una oportunidad, pero no sólo para JpD como Asociación. Es, sobre todo, una oportunidad también para el CGPJ, para las instituciones y para los partidos políticos, porque tienen la posibilidad de responder a una crítica de la sociedad que ya es clamor, y de empezar a cambiar una manera determinada de hacer política de nombramientos. En concreto, las fuerzas políticas pueden optar por dejar al Consejo hacer su labor sin interferencias partidistas, y el Consejo tiene la ocasión de motivar su decisión, atender estrictamente a criterios objetivos y actuar con transparencia. El futuro no está escrito.

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