Jueces para  la Democracia denuncia que el actual Proyecto de LOPJ, lejos de ser fruto del consenso en el ámbito judicial y político, es la imposición gubernativa, al parecer con la aceptación de los representantes de algunos intereses corporativos. Resulta diametralmente opuesto a nuestra concepción de la Justicia como potestad al servicio del ciudadano. Reúne una serie de limitaciones inaceptables a la independencia judicial. Estructura la oficina judicial con un cambio, apenas de apariencia, de etiquetas, de su actual configuración. Pero instaura vías de injerencia del Ejecutivo en un órgano de gobierno interno de los tribunales.

Por ello, y culminada además la fase de capacidad operativa del Gobierno, reclama del Secretariado las actuaciones necesarias para la presencia en la opinión pública permanente de leal crítica, como forma democrática de participación en este proceso, excluyendo cualquier actuación de negociación mientras ésta no pueda afectar a la totalidad de la iniciativa, retirando el Proyecto del Parlamento.