Como jueces y juezas miembros de la Asociación Jueces para la Democracia, tenemos el deber ético de denunciar con la mayor claridad y contundencia que el Proyecto de Directiva Comunitaria sobre la Retención y Expulsión de Personas Extranjeras, no supone otra cosa que un durísimo golpe a los principios fundacionales de la Unión Europea, que nos avergüenza.

El largo proceso hacia la Unión arrancó sobre los escombros de una Europa arrasada por una guerra provocada por el mal absoluto, por la negación del derecho y de los derechos más elementales. Millones de personas fueron exterminadas bajo el manto de un discurso de racionalidad perversa –al que, por cierto, muchos juristas colaboraron con entusiasmo- basado en la simple y escalofriante afirmación de que las víctimas por su origen no podían ser consideradas personas.

Los padres fundadores aprehendieron la necesidad de establecer diques infranqueables para que la tragedia no pudiera repetirse. Diques que debían construirse con valores como los de la dignidad, libertad, justicia, igualdad moral y solidaridad.

Europa debía y tenía que convertirse en un espacio ético donde los derechos de los ciudadanos no fueran meras fórmulas ilusorias sino realidades tangibles. Solo desde su eficacia podía garantizarse la paz.

Sin embargo, poco a poco, casi sin percibirse, esa Europa comenzó a convertirse en un exclusivo club, al que ya no bastaba para acceder la condición de ciudadano, si la misma no venía amparada en un carné de socio. Los ciudadanos pasaron a ser nacionales comunitarios y éstos solo podían ser aquéllos que los diferentes Estados miembros acreditaban como tales.

El club comenzó a aplicar, de forma cada vez más intensa, un rígido derecho de admisión. De nuevo la Europa recreada volvía a clasificar, distinguir, etiquetar a las personas por razón de su origen, por su color de piel o por sus condiciones de vida.

El club solo comenzó a abrir sus puertas a quienes resultaban útiles para seguir garantizando la prosperidad de los socios. A los que no, se les cerraban o si lograban colarse se les expulsaba.

Colarse en el club comenzó a considerarse una grave infracción y a los infractores en peligrosos enemigos que eran recluidos en lugares de nadie, en expresión de Focault, y privados de los más elementales derechos.

Este proceso de degradación, invisibilizado por un discurso político homogéneo y justificador, es el que ha posibilitado esta propuesta de Directiva. Apuesta normativa que servirá para que una persona que huye del hambre y la desesperación pueda ser recluida durante seis meses para ser devuelta a su terrible realidad, cosificada y privada de los más elementales derechos.

No podemos seguir impasibles, no podemos seguir mirando a otro lado. La propuesta de Directiva nos conduce, llanamente, al precipicio moral donde ya empiezan a situarse algunos Estados miembros. Nos coloca de nuevo en la pesadilla de la absoluta injusticia que ingenuamente creíamos olvidada.