Ernesto Díaz Otero
Naturalista y Asesor de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Como en alguna ocasión dijo el biólogo Miguel Delibes, hijo del escritor castellano, sólo hablar de la perdiz patirroja ocuparía una vida entera, imaginen lo que nos llevaría hacerlo de un lugar como la Cantábrica. Por ello, con el espacio de que disponemos, trataremos de ofrecerles un bosquejo de los principales rasgos de la Cordillera y las amenazas que se ciernen sobre este territorio.
Las montañas son espacios ricos en recursos, frágiles, y que se han mantenido, en general, en buen estado de conservación por su aislamiento, hasta la irrupción reciente de nuevos usos y aprovechamientos en el marco de una situación social y económica caracterizada por un nivel de consumo agotador. Las montañas están en peligro y urge que tomemos decisiones firmes e inmediatas para mantener su integridad, pues de su buen estado de salud depende mucho de lo que sucede en el resto del territorio.
La Cordillera Cantábrica se extiende por territorios de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Además de estas Comunidades Autónomas, el Gobierno Central y no menos de 400 ayuntamientos intervienen en su gestión. Esta atomización es muchas veces un problema en sí mismo, por cuanto las divisiones administrativas no existen en los procesos ecológicos que pueden verse alterados por actuaciones o diferentes modelos de gestión.
La Cantábrica es frontera y área de transición entre dos zonas biogeográficas, la atlántica y la mediterránea, lo que da como resultado la presencia de hábitats muy variados, típicamente norteños, que conviven en la proximidad de otros de influencia mediterránea caracterizados por la presencia de los encinares. No se trata de una cadena de grandes altitudes, pero sí es un espacio muy quebrado y rugoso, especialmente en su vertiente septentrional
Es bien sabido que la Cordillera es el máximo exponente de la llamada España húmeda. El agua ha cincelado el carácter de estas montañas, de las que nacen buena parte de las venas que nutren al Ebro y especialmente al Duero, además de los numerosos cauces que se precipitan al Cantábrico.
Además de por el interés ambiental y paisajístico de sus hábitats, la Cordillera destaca por su peculiaridad faunística. En ella se localiza una cifra nada desdeñable de taxones, entre la que destacan endemismos y subespecies endémicas.
Con ellos conviven otras de renombre, pero en grave peligro de extinción, como el Oso Pardo y el Urogallo Cantábrico, y una larga lista de otras especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Hasta finales del pasado siglo XX, las amenazas a que se enfrentaba la Cordillera fueron principalmente los incendios, la persecución de determinadas especies con fines cinegéticos o consideradas dañinas para la actividad humana, y tal vez la puntual presión ganadera. Pese a ello, la Cordillera se ha mantenido aceptablemente bien hasta nuestros días.
Las razones de ese saludable estado de conservación, además de por el vigor ambiental del territorio, hay que buscarlas en el mantenimiento de procesos productivos muy poco tecnificados, basados en la ganadería y la agricultura. Otras cadenas montañosas del sur de Europa, como Alpes o Pirineos, pese a ser más importantes en proporciones, han sufrido una mayor degradación.
Coincidiendo con el fortalecimiento democrático, a finales de los 80 nace la Ley 4/89, que marca un hito en la legislación ambiental española, a la que también se incorporan las primeras herramientas legales de evaluación de impacto ambiental.
Las CCAA, que comienzan a rodar, declaran Parque Naturales con normativa de gestión; la Red Natura 2000 empieza a tomar forma; se incrementa y especializa la vigilancia ambiental; y el Código Penal tipifica determinados delitos ambientales que hasta el momento habían pasado con leves sanciones administrativa. Podía parecer que se perfilaba un escenario esperanzador.
Sin embargo, este escenario no se ha dado, o cuando menos se ha visto muy ensombrecido por modelos desarrollistas que han aprovechado los fondos rurales comunitarios -que nacieron como herramientas de desarrollo sostenible- y no han dejado de apostar por actividades lesivas.
Utilizando la premisa de que todo es compatible, algunos gobiernos han hecho gala de ese refrán castellano que habla de los que van con los de la feria y vuelven con los del mercado.
En el marco de la integración de España en la Comunidad Europea, la agricultura y la ganadería sufren una auténtica convulsión.
Las economías locales cantábricas, sustentadas en explotaciones familiares de pequeño tamaño, que venían desintegrándose desde el éxodo rural de los años 50, prácticamente comienzan a basar su actividad en función de los fondos públicos disponibles.
Así, se transforman usos del suelo con creación de pastizales, se abren pistas de acceso a estos o a otras actuaciones, se incrementa o varía desproporcionadamente el número o la tipología de cabezas de ganado en función de las subvenciones… El monte, esa parte del territorio a la que se había prestado poca atención o sólo una atención estacional, comienza a ser ocupado de forma notable y permanente.
La minería, especialmente de carbón, que había tenido un peso importante en la economía de la montaña cantábrica a lo largo de todo el siglo XX, sufre una grave crisis que conduce al cierre masivo de pozos. Las explotaciones subterráneas son, en muchos casos, sustituidas por cielos abiertos con un impacto ambiental brutal. Basta asomarse a Laciana, en el occidente de León, para comprobar los efectos de este sistema de explotación, donde, literalmente, se han desintegrado montañas enteras.
Es innegable que las zonas de montaña, necesitaban de una mejora y modernización de la red de carreteras. En la actualidad, todas las comunidades cantábricas están conectadas por autovía con la meseta y con la red europea y las carreteras interiores de estas regiones han mejorado sustancialmente. Además, están en obras los accesos ferroviarios de alta velocidad de Asturias y Galicia. No cabe, por tanto, hablar hoy de aislamiento.
Hace unos meses, el urbanista Xerardo Estévez escribía en el diario EL PAÍS que una vez alcanzado el nivel de saturación en el litoral y las grandes urbes del interior, la urbanización avanza como una mancha de aceite hacia las zonas de campiña y de montaña con el apoyo indispensable de las nuevas y numerosas autovías.
Exageraciones, dirán muchos, como ese personaje de El Roto que con el agua por la cintura negaba el temor de su vecino sobre los efectos del cambio climático, afirmando que era normal que lloviera en primavera.
Hoy asistimos a una autentica fiebre del asfalto en la Cordillera. Se proyectan autovías como La Espina-Ponferrada, cruzando de norte a sur el occidente de la Cordillera, o el eje subcantábrico, entre Guardo, en la Montaña Palentina, y Fabero, en El Bierzo.
Recientemente, la patronal de la construcción asturiana reclamaba a los candidatos autonómicos un plan de autovías regionales, demanda que los candidatos de los dos partidos mayoritarios abrazaron a las pocas horas.
El caso de la proyectada vía entre La Espina y Ponferrada es paradigmático. Su trazado atraviesa el Parque Natural de las Fuentes del Narcea cuyo máximo exponente es el mítico Bosque de Muniellos. Pues bien, el gobierno asturiano elaboró un plan de uso para este espacio que prohibía la construcción de autovías. En aquellos días cobra fuerza la idea de hacer una autovía por un recorrido que actualmente cuenta con una intensidad de tráfico medida inferior a los 700 vehículos diarios (con una previsión de tráfico de 3.500 vehículos para el 2040 !!!) y que no había sido incluida en el PEIT por el Ministerio de Fomento ante la previsible afección ambiental del trazado, pese a la petición del gobierno de Asturias.
Los ayuntamientos de la zona, con el respaldo del gobierno regional, presentan alegaciones al Plan de Uso para modificar el punto referido a las autovías. La comisión del Parque, compuesta por los ayuntamientos y el gobierno regional, estudia las alegaciones y… ¿Es legal que una parte ideóloga o promotora decida sus propias alegaciones?
Esta autovía recorrerá territorio de 2 Comunidades Autónomas, Asturias y Castilla y León. El gobierno regional asturiano, empecinado en esta obra, saca a información pública, en diciembre de 2006, un estudio de trazado y de impacto ambiental sólo de la parte asturiana, dejando en los planos un mechón de asfalto en el límite con Castilla y León.
Como veremos posteriormente al referirnos al proyecto de estación de esquí de San Glorio, cuando un proyecto afecta a más de una Comunidad Autónoma, entendemos que el órgano instructor de los estudios de impacto ambiental debe ser el gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente. En este caso, como en otros, se busca la fragmentación del proyecto, de modo que se evite la intervención de una administración de rango superior, en una demostración pública del complejo de Juan Palomo.
Porque efectivamente, lo más grave es que esto sucede recurrentemente y se dice en voz alta. Creemos que los tribunales y las fiscalías deberían actuar de oficio en muchos casos en que parece evidente la apología de la vulneración de la ley.
La explotación de áridos para la construcción -graveras y canteras- se expande como la luz. Un socio burgalés de la Plataforma, describe con estas sarcásticas palabras la situación de su entorno: En el norte de Burgos parece que han encontrado un yacimiento de grava.
Como en la minería de carbón, el sector de las canteras cuenta con numerosas explotaciones en manifiesta situación de ilegalidad con el consentimiento de algunas administraciones, de otro modo no es comprensible la pasividad y el clamoroso silencio que guardan ante casos con sentencias firmes de cierre o la apertura de nuevos cortes sin licencias o sin autorización administrativa.
Existen en la Cordillera no menos de una docena de embalses de grandes dimensiones y proyectos tan preocupantes como el de Caleao, en el Parque asturiano de Redes; una docena de centrales térmicas, entre ellas alguna de las más contaminantes del país, que dan como resultado datos tan extravagantes como las concentraciones de dióxido de nitrógeno que sufre O Courel -una hermosa zona montañosa de Lugo- que son de los más importantes a nivel nacional.
Las líneas eléctricas para evacuar la producción energética pasan por proyectos tan controvertidos como el trazado entre Lada, en Asturias, y Velilla del Río Carrión, en Palencia.
Las políticas forestales han impulsado en muchos lugares la sustitución de bosques naturales húmedos por cultivos arbóreos, en un territorio con un índice de incendios pavoroso y que comienza a sufrir procesos erosivos localmente tan altos como los del sureste peninsular.
Un titular de la prensa asturiana de mayo de 2007 describía la situación: “El fuego arrasó en los últimos 20 años más del 20% del territorio de 12 municipios del occidente de la región”.Según sendos informes recientes, en los últimos 10 años ardió más del 15% de la superficie forestal en Galicia, el 14% en Asturias, el 11% en Cantabria y el 7% en Castilla y León.
La eólica, una energía limpia en su proceso de generación, ha supuesto también un problema en zonas de montaña con alto valor natural y paisajístico, como es el caso del occidente asturiano, el oriente gallego o la montaña burgalesa, donde amenaza con socavar los esfuerzos invertidos en fortalecer las economías locales con actividades turísticas. Las eólicas en áreas de montaña necesitan vías de acceso, subestaciones y líneas de evacuación de la energía producida. Las crestas de las montañas, donde se ubican estas instalaciones, han sido enclaves prácticamente inalterados hasta nuestros días.
Además, los parques eólicos no están siendo sustitutivos de otras formas contaminantes de generación. No sólo no se ha cerrado ni una sola térmica, sino que se prevé la apertura de nuevas centrales de carbón o de ciclo combinado.
Efectivamente, todo esto no es urbanismo en sí mismo, pero no cabe ninguna duda que el incremento de todas las actividades mencionadas hasta ahora, viene inducido por una demanda creciente de electricidad, de materiales, de agua… elementos indispensables en esta paranoia de ladrillo, asfalto y hormigón.
Pero además de ello, el fenómeno urbanizador también se presenta a la vista en la Cordillera o su entorno inmediato. Ejemplos como Pandorado, en la Montaña Leonesa, un pueblo de apenas 300 habitantes donde se construyen 1.500 chalets, o la urbanización de 500 viviendas en el Parque Natural de Somiedo, son sólo la punta de lanza de lo que se pretende, como lo demuestra el hecho de las revisiones al alza de terreno urbanizable de muchos planes de municipios donde la población no ha dejado de decrecer.
Ni siquiera las zonas altas del propio espinazo de la Cordillera están a salvo de la explotación y también en este caso de la urbanización. Las estaciones de esquí, hasta hace 10 años unos elementos casi testimoniales en la Cordillera, han cobrado un impulso desproporcionado.
Las administraciones han hecho una apuesta por las estaciones de esquí, destinando cantidades escandalosas de caudales públicos, pese a la incertidumbre que supone la inestabilidad de las nevadas y pese a las cifras negativas de rendimiento económico de las instalaciones, y han promovido su práctica: es sabido que en economía de mercado, con las reglas del marketing en la mano, si no existe una demanda, se crea.
En un estudio promovido por la PDC en 2007, elaborado por la economista Maribel Ingerto, tomando los presupuestos de la propia Diputación de León, se comprobó que Leitariegos y San Isidro, las dos estaciones leonesas, perdían cada año más de 2 millones de euros, y ello a pesar de que en uno de los ejercicios en San Isidro se vendieron fincas urbanizables a una constructora, parcelas en las que previamente se habían invertido importantes sumas de dinero público.
Además, se compararon los gastos de las estaciones con partidas de tipo social. Los resultados del análisis son escandalosos. Por exponer sólo un dato: En uno de los ejercicios, los gastos destinados a Centros de Educación Especial y los destinados a actividades en Centros de Discapacitados, sumaron 106.000 €, cantidad menor al gasto en Material de Oficina, Vestuario y Adquisición de Material de Esquí de la Estación de San Isidro, que ascendieron a más de 112.000 € .
Bajo el falso paraguas de mantener actividades que crean riqueza en el entorno, las estaciones se impulsan y se expanden, no sólo en León sino también en Asturias, donde el gobierno regional promovió la construcción de Fuentes de Invierno, inaugurada en marzo de 2007 y abierta menos de una semana por la escasez de nieve.
Pero si no hay nieve, se elabora con cañones de nieve artificial, y si ésta tampoco se mantiene, entra en liza la llamada desestacionalización, un eufemismo bajo el que se esconde la urbanización, con apartamentos, hoteles, centros comerciales y campos de golf. Creemos que el fin último es precisamente éste, la urbanización, y no una solución ingeniosa a la escasez de nevadas, como se pretende mostrar.
Hace pocos meses la prensa asturiana daba cuenta del interés de un constructor ligado a Seseña (Toledo) por adquirir terrenos en zonas próximas a la nueva estación de Fuentes de Invierno.
El gobierno de Asturias, en el Estudio de Impacto Ambiental de esta estación, ocultó su fusión con la estación de San Isidro. Quizás el motivo de esta ocultación se deba a que ello podría implicar un proyecto de mayor envergadura. Y quizás porque las autoridades comunitarias, que han insuflado importantes sumas de dinero en fondos destinados a la conservación de espacios y especies cantábricas de la Directiva Hábitats, no tuviesen argumentos con que objetar al proyecto sobre el que está pendiente de resolución una queja comunitaria presentada por la PDC.
Es necesario finalizar este capítulo dedicado a las estaciones de esquí citando el proyecto de San Glorio.
Impulsado por una empresa privada, y con el apoyo de la Junta de Castilla y León, el proyecto fue diseñado inicialmente sobre terrenos de Cantabria y Castilla y León, y modificado posteriormente evitando la vertiente cantabra para sortear la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular había manifestado su rechazo a una iniciativa que, de llevarse a cabo, degradaría irreversiblemente áreas oseras y urogalleras vitales para el mantenimiento de una población saludable de ambas especies.
Algunos medios de comunicación se refieren a menudo a los “obstáculos ambientales” que debe salvar el proyecto. Este es uno de los síntomas de la escasa impregnación de la legislación ambiental en la sociedad española. A nadie se le ocurre decir “Los vecinos van a ir mañana a robar un frigorífico en El Corte Inglés. A ver si tienen suerte y salvan los obstáculos”.
El proyecto actual se implantaría sobre terrenos del Parque Regional de Picos de Europa y del Parque Natural de Fuentes Carrionas. Todo ello a pocos kilómetros de la presa de Riaño, que ya representó en su día uno de los episodios más negros de la destrucción ambiental española por parte de la Administración.
El Plan de Uso del Parque de Fuentes Carrionas, que prohibía las estaciones de esquí, fue modificado por la Junta de Castilla y León, la misma que lo elaboró en su día, y más recientemente, modificaba la ley de ordenación del territorio para tramitar como leyes aquellas iniciativas consideradas de interés regional, de modo que se eliminan las posibilidades de impugnarlo por vía contencioso administrativa. Sólo el Gobierno Central, el Defensor del Pueblo o 50 diputados o senadores podrían interponer recurso ante el constitucional.
El proyecto de San Glorio prevé la ocupación de unas 2.000 hectáreas de hábitats subalpinos, la construcción de hoteles, apartamentos, remontes con capacidad de 30.000 personas a la hora, e incluso, parece que con todo el recochineo posible, el aprovechamiento del embalse de Riaño para actividades estivales.
En estas fechas dos nuevas leyes se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico: la ley del Suelo y la de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Se trata de una positiva aportación a una legislación ambiental que todavía tiene lagunas, que necesita aplicación, rodaje y jurisprudencia. Una legislación que, de ese modo, conocerá y respetará más la sociedad en su conjunto.
Las ONGs hacen un esfuerzo considerable por evitar el aprovechamiento abusivo y, como hemos visto, muchas veces ilegal de los recursos naturales, por evitar lo que nos hemos atrevido a llamar, en este caso, el saqueo de la montaña. La aplicación de la legislación ambiental debe ser su mejor alianza, pero para ello es imprescindible su atención, dedicando un esfuerzo especial cuando a sus manos lleguen casos en los que aparezcan indicios de una vulneración de la legislación y la normativa ambiental.
Por ello nos gustaría finalizar con una petición hacia ustedes, que forman parte de uno de los poderes del Estado. Su papel es fundamental para evitar la pérdida de biodiversidad, que lejos de ser objeto de contemplación, es el sustento de nuestra propia existencia.
Escruten al máximo los escondrijos legales en que se amparan muchas decisiones, impulsen las actuaciones de oficio ante casos de ilegalidad manifiesta, analicen las pretendidas utilidades públicas de iniciativas que son impulsadas en ese marco sin una justificación cierta, e incluso, al amparo de esta asociación de Jueces para la Democracia, asesoren a las ONGs ambientalistas en las posibilidades jurídicas de sus iniciativas o dediquen uno de sus próximos congresos al tema específico de las agresiones al medio natural.
Javier Naves, uno de los mejores biólogos de conservación de este país, me explicó, hablando de cetáceos y de barcos, lo que significaba en marina el llamado rumbo de colisión; cuando dos embarcaciones se aproximan sin solución de evitar el choque. Algo parecido sucede en la Cordillera con su uso y aprovechamiento. Las escenas que conocemos de la montaña cantábrica evocan toda la belleza de lo salvaje, pero pueden ser, si no se toman las medidas necesarias, simples postales en un futuro no muy lejano.
Ernesto Díaz Otero
Naturalista
Asesor de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Salamanca, 21 de junio de 2007