Comisión de Violencia de Género
Desde la perspectiva del imprescindible respeto a las necesidades de las personas y grupos menos favorecidos, solicitamos que los recortes presupuestarios que realicen los distintos Ejecutivos no se proyecten sobre los recursos asistenciales diseñados para las victimas de este tipo de violencia, que han sido articulados por el Estado Social para paliar algunos de los efectos de este grave problema social y ofrecer a las perjudicadas una reparación parcial a la vulneración de sus derechos.
Recomendado por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados hace sólo seis meses, en el balance efectuado sobre la aplicación de la Ley Integral, el incremento de la financiación de los recursos sociales destinados a la atención de estas victimas, esta recomendación no puede ser ignorada ni por el Ejecutivo que propuso la ley, ni por el Parlamento que por unanimidad la aprobó. El hecho de haber ofrecido determinados recursos asistenciales a las victimas de estos delitos para reducirlos posteriormente no sólo desincentiva las denuncias y, con ello, la investigación de los hechos sino que permite mantener la inefectividad de los derechos humanos de las mujeres.