Introducción

Cuando jueces y magistrados constituimos la asociación nos costo encontrarle nombre. Recuerdo que alguien propuso (la verdad, creo que fui yo) que la asociación se denominara izquierda judicial. No tuve éxito y  supongo que acertamos cuando decidimos llamarla Jueces para la Democracia.

Decíamos entonces que la sociedad española tenía que luchar por la democracia, que había que impregnar de democracia a esa sociedad que hacia nada, no sabia ni siquiera bien lo que era votar.

Desde esos mismos primeros momentos tuvimos en cuenta, que la democratización del poder judicial suponía que los jueces nos abriéramos a la sociedad. Por eso, desde el principio nos pareció realmente importante tener presencia  en los medios.

Fue eficaz. Conseguimos visualizar una justicia distinta. Esto significó que tuvimos una gran repercusión en los medios. Desde allí proyectamos nuestros mensajes: la justicia al servicio de los ciudadanos; la justicia asequible, clara comprensible, limpia y empeñada en defender los valores de la nueva democracia.

Han pasado más de 25 años y lógicamente la sociedad española ha cambiado profundamente y nuestros mensajes en cierta medida se han diluido.La sociedad ha asumido, por supuesto el sistema democrático como única opción política posible, pero a la vez y precisamente por eso ha eclosionado, como en cualquier otro país, un cúmulo de insatisfacciones, respecto a sus instituciones. Casi sin darnos cuenta estamos inmersos en un panorama social en el que, sin saber muy bien por qué, hemos perdido la relación con la sociedad que nos definió en nuestros primeros tiempos.

Aunque por supuesto Jueces para la Democracia ha seguido manteniendo nuestra definición de la justicia como servicio público y nuestro deseo de abrirnos a la sociedad nuestro mensaje parece ya no interesar a la sociedad. Por razones  que debemos analizar, hablamos y nos comportamos como el resto de las asociaciones y si se nos diferencia en algo, no es tanto porque nuestro mensaje sea esencialmente diferente, sino porque en alguna medida apoyamos más o menos opiniones que se atribuyen a lo que podemos llamar ideologías progresistas.

Quizás, para entender lo que sucede en nuestra relación con la sociedad, podemos analizar cuál ha sido el desarrollo de una de las iniciativas más importantes, en mi criterio que Jueces para la Democracia consiguió implantar en la ideología formal del Poder Judicial. Me refiero a la iniciativa que tomamos, hace ahora ya casi más de 12 años, de establecer una Carta de los Derechos de los Ciudadanos en la Administración de justicia.

Cayó bien esa iniciativa en el contexto del pacto de la justicia fraguado en torno al 2000-2003 y se convirtió en una Propuesta no de ley del Parlamento español. Sin embargo la misma ha quedado reducida a una cartelería que de vez en cuando aparece en las paredes de los edificios judiciales.

 

AHORA, ¿CUALES DEBEN SER LAS PAUTAS DE UN PROGRAMA DE PROGRESÓ HACIA LA SOCIEDAD?

 

Crisis Institucional

En primer lugar entiendo, que sería necesario, que fuéramos capaces de elaborar nuestro propio discurso de progreso en la nueva sociedad. La sociedad claramente demócrata, cuestiona las propias instituciones de la democracia y muy especialmente también la nuestra; la de la justicia. No creo que sea el momento de exigir a la sociedad respecto a nuestras instituciones, por el mero hecho de ser instituciones democráticas, sino por el contrario, el de reflexionar cómo las instituciones, y en concreto el poder judicial , podemos ganarnos ese respecto. Es decir debemos elaborar un análisis  de cómo recuperar el respeto social. Nos deberíamos comprometer a redactar unas líneas generales de actuación en este aspecto.

 

Servicio Público

En segundo lugar considero que debemos reforzar nuestro mensaje de servicio público. Mientras los grandes temas de la crisis institucional ocupan páginas y páginas de los medios escritos y constantes secuencias de los audiovisuales, miles de ciudadanos acuden a nuestros juzgados y tribunales a resolver lo cotidiano.

Ahí en mi criterio es donde debe estar el grueso de nuestro mensaje de progreso.

Jueces para la Democracia debe implicarse en un programa anual de desarrollo de nuestra vocación de servicio público.

Tenemos un buen instrumento que es precisamente la carta de los Derechos de los Ciudadanos en la  Administración de la justicia. Se trataría de hacer un plan concreto que planteará unos objetivos determinados a conseguir en uno o dos años.

Deberíamos desarrollar una campaña de cumplimiento de la Carta con varias vertientes entre las que señaló las siguientes:

1) proponer a través de todo los medios a nuestro alcance que todos esos derechos se incorporen a la Ley Orgánica, a sus Reglamentos y a las leyes procesales de todo rango

2) crear, nosotros mismos, un organismo voluntario de evaluación de la observancia de los derechos reconocidos en la Carta en el que se incorporen personas procedentes de colectivos no judiciales y por supuesto de medios de la comunicación.

3) ofrecer  a alguna emisora de radio el apoyo periódico de la devaluación de la Carta.

4) posibilitar el compromiso voluntario de jueces y magistrados y personal de la Administración de la Justicia de observancia de los derechos de la Carta.

 

Nueva comunicación

En tercer lugar es imprescindible que demos un salto trascendente en la manera de comunicarnos con la sociedad. Como he dicho antes históricamente fuimos capaces de dar ese salto. En aquellos entonces hasta se veía mal que jueces y magistrados hablarán públicamente en los medios de comunicación.

Curiosamente hoy día que esto ha  dejado de ser un tabú, los jueces y magistrados, tanto de Jueces para la Democracia, como del resto de las asociaciones hemos optado por un discurso temeroso y corporativo que nada aporta al deseo, que  la sociedad sigue  teniendo de saber de la justicia.

La vacuidad de nuestro discurso tiene además una gran trascendencia, pues el hermetismo que implica nuestra forma de resolver los asuntos (siempre por escrito, y en los términos que nos impone la cultura jurídica) ha constituido, a los medios de comunicación, en intérpretes de nuestras resoluciones, quienes las interpretan a su modo y desde sus propios intereses corporativos.

En la actualidad el discurso público de los jueces pretende ser tan políticamente correcto, tan destinado a no molestar a nadie ni a nuestros órganos de gobiernos ni a nuestros pares, que se ha acabado convirtiéndose en una pieza de banalidades. Me refiero por ejemplo a los discursos de los compañeros de la asociación, que hemos estado y que están ahora en el Consejo del Poder Judicial cuando pretenden explicar a la sociedad que el elemento determinante del nombramiento de los cargos judiciales es el de la idoneidad de sus miembros.

Esto me permite construir las dos vertientes de la siguiente propuesta que os ofrezco. La primera vertiente  tiene que ver con la forma, con el temple, con la ética. Tenemos que ser capaces de explicar nuestra política judicial, de verdad, sin politiquería. Es decir tendremos que explicar cómo funciona y ha funcionado  el Consejo y cómo funcionan nuestros órganos de gobierno. No el actual Consejo en particular, sino todos.

Una segunda vertiente tiene que ver con el protagonismo en la comunicación. Cambiar el protagonismo de la comunicación puede ser una línea de progreso en nuestra capacidad de comunicación con la sociedad. Esto podría consistir en establecer, en Juzgados y Tribunales, hábitos de ruedas de prensa directas, por los jueces y magistrados respecto a las sentencias dictadas. Sé que puede parecer una propuesta audaz. Sin duda lo es, pero creo que no deberíamos desechar la, sin antes haber profundizado sobre ella y haber establecido algún tipo de ensayo. Se trata de establecer contacto directo verbal con la sociedad, respecto a las sentencias que dictamos, sin que precisemos de los “médium” que hoy día son los profesionales de la comunicación.

De la misma forma que los médicos explican, en determinados momentos, directamente a los medios de comunicación, la evolución de sus pacientes, nosotros podríamos explicar a los medios de comunicación nuestras sentencias. Explicar lo que hemos hecho por escrito, porque hemos absuelto, porque hemos condenado porque hemos condenado  a tanto o a cuanto etc. etc.

No sé si para poder realizar estos nuevos intentos de comunicación sería necesario proponer la desaparición de la falta prevista en la ley Orgánica del Poder Judicial. (Nº 11 del Art.417.) No lo creo, pero conviene recordar en el contexto en que se introdujo esa falta disciplinaria  y las sanciones que se han impuesto en  su aplicación. Si estas sugerencias prosperan deberían ir acompañadas de formación en comunicación.