La Sección Territorial de Cataluña de Jueces para la Democracia, reunida el pasado 20 de mayo, acordó, a iniciativa del compañero Miguel Ángel Tabares Cabezón, presentar la propuesta de estudio sobre creación de un Foro Permanente sobre Ética Judicial al Grupo I de los que se formarán en el XXIV Congreso de la Asociación.

Su aprobación supondría la creación de un grupo de trabajo que durante unos meses desarrollara la propuesta para su posterior análisis por el órgano asociativo correspondiente.

 

FORO PERMANENTE SOBRE ÉTICA JUDICIAL

 1.- Introducción

 1.1 Presupuesto

Ni en los planes de estudio universitarios ni en el programa de preparación de las oposiciones de acceso a la Carrera Judicial se desarrolla una reflexión sobre las cualidades del juez en una sociedad como la nuestra, sobre el modelo constitucional de juez. La consecuencia inmediata de ello es que quien accede a la Carrera lo hace desde unos intereses personales (laborales, crematísticos, de prestigio, …) a los que puede acompañar una vocación difusa, basada en arquetipos no contrastados, y una expectativa sobre la función a desarrollar en la que la realidad es un lugar al que acercarse e incidir sólo conforme a la Ley.

Con esa perspectiva estrictamente personal, carente de formación y contraste, el nuevo juez se incorpora a la Carrera. A lo largo de los años aquellos intereses, vocación y expectativas se irán modelando y remodelando conforme a sus vivencias personales y profesionales pero es posible  que sobre todo ello no realice una reflexión integradora, que le permita optar de una manera definitivamente consciente y formada sobre el modelo de juez que quiere (debe) asumir y desarrollar.

1.2 Objetivo

El objetivo del Foro Permanente sobre Ética Judicial (FPEJ) no es definir “el” modelo de juez, sino normalizar el debate entre los miembros de la Judicatura sobre los presupuestos, los valores y la forma en la que el juez desarrolla su función.

Normalizar el debate no es agotarlo; el foro es permanente. El debate se hace desde una realidad que se afirma dinámica, permanentemente cambiante, que impide fijar definitivamente los contornos de un único modelo. Y ello sin perjuicio de que se pueda llegar a un consenso sobre un núcleo duro, ajeno a cualquier posicionamiento político más o menos partidista, de síntesis constitucional, que pueda incluso regularse como filtro de admisión, objeto de formación inicial y continuada, y cuya transgresión pueda ser causa de sanción.

El antecedente de este debate podría ser el que durante años se ha producido sobre la Administración de Justicia como servicio público. Este se ha desarrollado de manera informal y en él ha tenido mucho que ver la defensa que del aserto viene haciendo JpD desde hace mucho tiempo, en soledad en ocasiones dentro de la Carrera. Las reivindicaciones de la Judicatura de los últimos tiempos se han realizado con esa bandera, de lo que podría deducirse, en un análisis muy apresurado, que la discusión ya no es si tiene ese carácter o no, sino cómo debe prestarse ese servicio.

Seguramente el debate sobre el servicio público debería haber ido precedido, o al menos acompañado, con el de los valores del juez. El servicio depende de quien lo presta, no solo de los medios que tiene para hacerlo. Aquel es un debate no terminado y el de los valores quizá ya se ha iniciado. JpD debe plantearse como participar con coherencia y eficacia en uno y otro en el momento actual.

1.3 Prevenciones

De lo que se acaba de decir ya se deduce el principal peligro de la propuesta: que sus principales destinatarios, los miembros de la Carrera, puedan considerarlo como una plataforma de proselitismo ideológico o, peor aún, como un grupo de autoproclamados jueces de jueces y, lo peor, que quienes participen en ella se crean que lo son. El debate sería inútil.

El primer antídoto podría encontrase en la nomenclatura: prescindir de modelos para incidir en valores.

Si se entendiera que esos peligros tienen un alto riesgo de materializarse, la propuesta que aquí se hace debería quedar reducida a su ámbito más doméstico, el intra-asociativo. Ello quizá no impediría una mínima proyección exterior, creciente o decreciente según las circunstancias.

 

2.- Destinatarios

Los destinatarios potenciales de este debate son:

  • Miembros de la Asociación;
  • Miembros de la Carrera Judicial;
  • Alumnos de la Escuela Judicial;
  • Alumnos universitarios;
  • Miembros de otros colectivos relacionados con la Administración de Justicia.

Las actividades básicas del Foro son el estudio, el debate y el análisis compartido de la realidad; su destinatario principal es el individuo, favoreciendo que cada cual haga su síntesis y sus opciones sobre los valores que deben regir el ejercicio de su función o servicio jurisdiccional.

Cada grupo de destinatarios determinará unos objetivos específicos, un programa de trabajo distinto y un proceso implantación diferente.

Para los miembros de la Carrera y los alumnos de la Escuela Judicial el Foro facilitaría sobretodo un espacio de formación e intercambio.

La pertenencia a la Asociación presupone la identificación de sus miembros con unos contornos amplios pero más definidos de esos valores que el Foro ayudaría a formular.

Para los alumnos universitarios, particularmente los del último curso de Derecho que se planteen el acceso a la Judicatura –o para los de los masteres específicos que se implantes con el Plan Bolonia-, conllevaría un primer acercamiento no idealizado a la función jurisdiccional.

Los valores de la Jurisdicción no son sólo los de los jueces, ni éstos los pueden activar sin la participación de los otros operadores, reflexionando sobre los suyos propios y sobre los de la Judicatura. La coherencia interna entre todos los operadores  sobre unos valores compartidos con raíz constitucional es requisito necesario para una Administración de Justicia entendida como servicio público.

 

3.- Gestión

 I.- De todo lo dicho se deduce que el Foro podría alcanzar una proyección extra-asociativa importante que comportaría una actividad de gestión cuya progresión dependería de su paulatina implantación y, obviamente, de la disponibilidad y capacidad de organización de los gestores.

Los objetivos básicamente formativos del Foro y esa apuesta extra-asociativa hacen que el lugar natural para su gestión sea la Fundación Antonio Carretero. La finalidad de la Fundación y su personalidad jurídica facilitarían esa proyección en la que serían fundamentales las relaciones y convenios con otras instituciones destinadas a la formación (sobretodo Universidades y Centros de Formación de la Administración –Escuela Judicial y ámbitos de formación del CGPJ, Centro de Estudios del Ministerio de Justicia, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña, …-).

La actividad económica del Foro podría tener también cierta relevancia y su encaje en la Fundación facilitaría la captación de fondos, la contratación, su fiscalidad, …

Junto con quienes gestionen directamente el Foro debería contarse con un grupo de asesores, miembros de la Judicatura, de la Universidad y otros Centros de Formación.

II.– También podría encargarse de su gestión una nueva Comisión de la Asociación. Esta opción sería adecuada si por prudencia en cuanto al ritmo de la implantación del Foro, o por las prevenciones a que se ha hecho referencia, se optara porque fuera la propia Asociación la destinataria fundamental de sus actividades.

III.- Como quiera que los objetivos del Foro podrían ser compartidos por las otras Asociaciones podría ensayarse una forma de organización estable con ellas para su gestión. Esa organización debería estar al margen de la CIP.

En este caso sería razonable crear algún órgano de gestión dentro de la Asociación para intervenir en ese organización supra-asociativa y para las actividades intra-asociativas a las que se ha venido haciendo referencia.