AL XXIII CONGRESO
Nota al informe de gestión del Secretariado
Aunque no entre específicamente dentro de la gestión llevada a cabo por el Secretariado, se ha producido durante este mandato un hecho puntual que no deja de afectarle, y que me preocupa especialmente: es una determinada manifestación del Portavoz de la asociación, que se supone que refleja el sentir de aquél, y me preocupa en el sentido de que pudiera pensarse que esa es la opinión de JpD.
Esa declaración, en los términos recogidos en la nota de prensa remitida con las novedades en la web de 20 de abril de 2007 es la siguiente: “No debe (el Consejo) tener una representación mimética de las asociaciones judiciales, sino que debe reflejar la realidad parlamentaria porque es un órgano político de gobierno”.
Sobre la composición del Consejo, lo que siempre ha defendido la asociación es la aplicación del sistema proporcional como reacción frente al mayoritario que rigió para el primero; pero proporcional en función del censo de las distintas asociaciones y también del número de jueces no asociados; en definitiva, en función de la composición de la Carrera. Nunca ha dicho nada en el sentido de que deba representar la composición de las Cámaras legislativas.
Ni siquiera el actual sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, ingenuo ¿o no? en su formulación legislativa y pervertido en su aplicación práctica, y cuyos resultados a la vista están, permite llegar a la exageración contenida en la manifestación del Portavoz. Aprobar que el Consejo refleje esa composición parlamentaria es equiparar el hecho de haber estado incluido en una determinada cuota –lo que ya de por sí conlleva un significativo componente contaminante– con la asimilación al partido proponente, dejando al Consejo reducido en la práctica a un miniparlamento, o si se quiere, a una comisión parlamentaria dedicada a los temas gubernativos (con riesgo de entrar en los jurisdiccionales) de los Juzgados y Tribunales, y a sus vocales en miembros de esa cabeza de puente, dando la razón a los que tildan de correas de transmisión a las asociaciones judiciales encargadas desde la LO 2/2001 de proporcionar lo que muy previsiblemente será la mayoría de los nombrados.
Y además arruina la credibilidad de las reiteradas críticas efectuadas por la asociación a la falta de renovación del Consejo, pues si es eso lo que se piensa, lo lógico y coherente en una legislatura en sus postrimerías, es esperar a la formación de las nuevas Cámaras para ajustarse a ellas en lugar de exponerse a un nuevo periodo de cuatro años en disfunción.
El hecho no tendrá mayor trascendencia si se trata de la opinión personal del Portavoz, aunque es preocupante que se alinee con una postura que tiende a darse por sobreentendida1, pero el peligro, y grave, es que a partir de manifestaciones como esa, carentes del posterior control asociativo, se vaya conformando entre nosotros, por la vía tácita, un estado de conciencia y al final resulte que ese ha sido el criterio de JpD de toda la vida; no sería el primer caso.
Por todo ello, lo que quiero es resaltar que esa no es la postura de la asociación ni lo será, en su caso, sin un debate específico y un acuerdo expreso al máximo nivel.
Carlos López Keller
En el diario El País de 2 de enero de 2008, pág 16, se da por supuesto sin el menor rubor que de las elecciones generales saldrá el partido que dominará el Consejo.