CONCLUSIONES SOBRE MIGRACIONES Y DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS:

  1. JpD quiere manifestar su defensa del reconocimiento del derecho a migrar como uno de los derechos humanos universales.
  2. Los CIES son espacios difícilmente compatibles con las sociedades democráticas avanzadas y con los principios del estado de Derecho, porque crean zonas ajenas al control del derecho. Mientras se mantienen, debe existir un control judicial y social, con presencia de las asociaciones de Derechos Humanos, para evitar la arbitrariedad y violación de los derechos humanos.
  3. Los controles policiales de identidad de ciudadanos y ciudadanas extranjeros, basados en “perfiles étnicos o raciales”, suponen una práctica contraria a los derechos básicos más elementales, a la vez que la errónea identificación social de inmigraciones y delincuencia.
  4. Las administraciones públicas tienen la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud y la educación de todas las personas, incluidos los migrantes. Para garantizar estos derechos es precisa la inscripción en el Padrón Municipal, con lo que la privación de esta inscripción por la vía de hecho es contraria a los principios democráticos y fomenta la exclusión y marginación social.
  5. JpD manifiesta su rechazo a los discursos xenófobos con finalidades electoralistas.

 

Albacete, 10 de junio de 2011.