Documento aprobado por el Congreso, propuesta Comisión Social
Jueces para la democracia expresa su profunda preocupación por el déficit democrático al que estamos asistiendo. La democracia exige el mantenimiento de la igualdad y la libertad de los ciudadanos, siendo obligación de los poderes públicos remover los obstáculos que puedan oponerse a su desarrollo, conforme a los mandatos constitucionales, que se proyectan en la aplicación del derecho.
Estamos asistiendo a una llamada al abandono de derechos democráticos básicos a favor de las tesis económicas que pretenden administrar los derechos fundamentales de los ciudadanos, negando amparo a los más desfavorecidos y condicionando el estado del bienestar a los intereses de los grupos económicos y financieros, obviando su responsabilidad en la crisis en la que nos hallamos inmersos.
El retorno a realidades meramente contractualistas, el sometimiento de lo público a lo privado y la negación del interés colectivo, comporta la introducción de parámetros de valoración social que enaltecen actuaciones insolidarias y abren paso a la corrupción en todos los niveles, a la insensibilización de buena parte de la ciudadanía ante aquella realidad y en suma a la degradación de los valores democráticos.
Los ciudadanos se desvinculan de los pilares democráticos básicos, como es el derecho a la elección de sus representantes políticos, cuando se atribuye distinto valor a su voto en función de opciones mayoritarias y, principalmente, cuando constatan que las políticas económicas y sociales las deciden organismos internacionales y corporaciones y entidades financieras al margen de los gobernantes elegidos democráticamente y de las reglas del juego del estado de derecho.
El déficit democrático se extiende derechos como el de libertad de expresión e información, a los mecanismos de acceso y distribución de información, en manos generalmente vinculadas a aquellos grupos económico-financieros, que carentes de toda ética informativa, alejan la reflexión ciudadana, primando la distribución de informaciones, cuando no falsas, basadas en informes de supuestos expertos que jalean posiciones cada vez más alejadas de los valores colectivos, insolidarias e incluso de contenido xenófobo, lo que supone un condicionamiento a las formas de participación ciudadana y a la propia opinión colectiva.
Se cuestiona la independencia judicial y se instaura una Justicia, carente de suficientes medios y sometida a una constante presión mediática, lo que unido a la preocupante perversión de la noción de división de poderes, provoca que sea vista por los ciudadanos como una institución incapaz de dar satisfacción al constante vaciamiento de sus derechos.
La instauración de políticas que han favorecido a las grandes rentas, protegiendo los intereses de potentes sectores económicos y financieros, han generado la crisis, dando paso a la creciente desigualdad social, a la perversión de los valores colectivos del derecho y de la propia democracia.
No puede aceptarse en ese contexto los recortes en los derechos ciudadanos básicos, en salud, enseñanza, vivienda, justicia o protección social. Los selectivos recortes han provocado una insostenible presión en los colectivos más desfavorecidos. Se produce con ello un ataque directo a la igualdad, destacando la especial situación de las mujeres, que están pagando en forma sangrante la crisis a través de menor protección, mayor desempleo y menores salarios.
Ante aquella injusticia social no se puede acallar la explosión ciudadana que ha supuesto el denominado movimiento 15-M, que en clave positiva mantienen que otra democracia es posible. No podemos dejar de reflexionar sobre el movimiento, expresar nuestro parecer y defender el derecho como marco de convivencia, elemento central de la ciudadanía, sometido a los intereses y valores sociales y no a los mandatos de los poderes económicos y financieros.
Debemos reivindicar la necesidad de regular la economía desde aquellos valores preferentes, que se hallan presentes en nuestra Constitución, realizando una aplicación en clave constitucional de las normas y exigiendo responsabilidades a quienes han causado la presente situación de crisis y siguen beneficiándose de ella.
Existen fórmulas para avanzar en la igualdad, la libertad y la solidaridad ciudadana: la aceptación de nuevas formas de participación política que permitan un mayor protagonismo en la toma de decisiones por los ciudadanos, el fomento de la libertad sindical real que ponga fin al alejamiento de los sindicatos con los sectores más desfavorecidos, la resituación del valor de lo colectivo y lo público sobre lo individual, la erradicación de toda forma de corrupción y en cualquier nivel, con exigencia de mayor transparencia, el establecimiento de alguna forma de control social sobre el funcionamiento de los sectores financieros, el establecimiento de vínculos entre sociedad, empresa y producción, un nuevo modelo de relaciones laborales democrático y menos jerarquizado, el derecho a una política redistributiva a favor de las personas con menos ingresos en el terreno de la educación, sanidad y protección social, políticas de reparto de empleo basadas en la igualdad y la solidaridad, potenciando mecanismos efectivos de igualdad frente a los colectivos más discriminados, la efectiva independencia de los poderes públicos y la dotación a Justicia de los medios necesarios.
La materialización de dichas propuestas, junto a la efectividad de otros derechos básicos de los ciudadanos, como el acceso a la vivienda y a una renta básica de subsistencia, son pilares de una nueva democracia ciudadana, que debe tener como objetivo independizar a la ciudadanía de la tiranía de los mercados y poderes económicos.
Se impone luchar contra la pérdida de legitimidad democrática a la que estamos asistiendo, donde el respeto a la legalidad y la defensa del constitucionalismo social deben ser nuestra preferente orientación en la aplicación de las normas.
Albacete, 10 de junio de 2011