COMISIÓN DE LO SOCIAL DE JpD: LA CRISIS DEL DERECHO DEL TRABAJO
Ante la situación de grave crisis financiera y económica y su repercusión sobre los ciudadanos, Jueces para la democracia no debe permanecer ajena al déficit democrático que está generando la reducción de la protección de derechos sociales básicos y a los desequilibrios sociales que provoca.
Ya es asumido que las medidas legislativas en materia laboral que se han adoptado van dirigidas a instaurar unas relaciones laborales con mayor poder empresarial de disposición de la prestación, a limitar las facultades de negociación de los interlocutores sociales y a “sanear” económicamente un mercado de trabajo, calificado como poco flexible, con elevados costes para los empresarios e incompatible por ello con la actual situación de crisis.
Se proyecta en la regulación laboral, especialmente en el coste del despido y en la estructura y rigidez de la negociación colectiva, el insostenible índice de desempleo que estamos padeciendo, cuando han sido otras las causas que han incidido en ello, particularmente la crisis financiera, y la presión de los mercados de deuda, las que han dejado sin margen de maniobra por falta de financiación a la mayoría de pequeñas empresas que componen el tejido empresarial de nuestro país abocándolas al cierre.
Se avanza en la desigualdad entre los sujetos del contrato de trabajo, se profundiza en la brecha social existente entre los ciudadanos, estigmatizando a los desempleados y se debilita el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los sindicatos y a la negociación colectiva en la configuración del estado social de derecho. Ello no puede compensarse con una sistemática e injustificada reducción de derechos de los trabajadores, que en nada contribuye a reactivar la economía y a promover la competitividad de las empresas, consolidándose una mayor dualidad en el mercado de trabajo con el acceso al empleo de trabajadores peor pagados y sin garantía de estabilidad.
Como también ha denunciado recientemente el Comité Económico y Social, las medidas de austeridad están afectando tanto a los colectivos más desfavorecidos, deteriorando sus condiciones de vida, como la supervivencia de muchas empresas, sin que se produzca una recuperación del empleo destruido y el creado se aparta de los estándares de protección que históricamente venían reconocidos. Las reformas laborales ya realizadas, pese a la urgencia en su adopción, no se han traducido en la creación de empleo, no es previsible que a corto plazo frenen la imparable destrucción de empleo y no están combatiendo la dualidad del mercado de trabajo. Han introducido un peligroso desequilibrio entre las partes de la relación laboral y profundizado en las enormes desigualdades que padece nuestra sociedad.
Ante ello debemos alertar del riesgo que tanto el Derecho del Trabajo como los valores constitucionales de los que ha venido nutriéndose, dejen de servir a la función de garantía de los derechos fundamentales laborales básicos. Se está afectando a nuestra función como jueces de lo social, pues tras la previa deslegitimación del papel que desempeñamos y la limitación de nuestras facultades, continuamos sometidos a una carga de trabajo que difícilmente podemos asumir. El mantenimiento de la cohesión económica y social, sobre la que se asienta una sociedad libre y democrática conduce a la paz social.
Debemos exigir el respeto a la legalidad y la defensa del constitucionalismo social como preferente orientación del legislador y continuar adoptándola en la aplicación de esta legislación laboral de la crisis.
Junio 2012, Valencia