El autor del famoso «si vis pacen para bellum», podría seguramente haber imaginado, al acuñarlo, cualquier cosa menos que el destino la habla llamado a expresar con precisión plástica el tenor tan cínicamente ambiguo del «esfuerzo por la paz» en que aseguran consumir sus energías los gobernantes de muchos países en estos últimos lustros del siglo XX, más bien nuevos «señores de la guerra».
En efecto, la paz, objetivo precioso, derecho radical de los hombres y de los pueblos, «se busca» ampliando desmesuradamente los riesgos de la guerra. La calidad de la paz, siempre precaria, que disfrutamos sin sosiego, cede en beneficio del incesante progreso tecnológico de los medios al servicio de la destrucción.
Nos hacen vivir la paz bajo amenaza, la paz provisional como si en la guerra estuviera el verdadero peligro, ‘mientras crece a nuestra costa, cotidiano y vecino el único riesgo real. El que supone alimentar y hacer crecer entre nosotros aquello que en línea de máxima podría llegar a exterminamos, pero que ya ahora mismo nos está consumiendo poco a poco.
Hipotéticas necesidades frente a nunca se sabe qué enemigo, absorben una parte fundamental, de nuestros recursos colectivos, generando auténtica indefensión frente a la agresión concreta y actual que para la inmensa mayoría supone Ia desviación del fruto del trabajo de todos los objetivos humanizadotes y pacíficos. En el caso que a nosotros como jueces más concierne, contribuyendo negativamente de una manera decisiva al mantenimiento del servicio judicial bajo niveles de miseria, en el plano presupuestario.
Mientras «nos armamos» para la guerra, estamos perdiendo la paz en muchos campos. Al mismo tiempo que acumulamos tecnología nuclear militar favorecemos el reforzamiento de un poder militar-Industria cada vez más lejano de cualquier posibilidad de 53 control democrático cuyos centros de decisión efectivos se encuentran además radicados más allá de nuestras fronteras.
En tales condiciones, si hubo una época en que pudo ser un esfuerzo estimable y progresivo de los juristas reconocer justificación a sólo ciertos supuestos de conflictos armados, discutiendo su legitimidad a los restantes, difícilmente podría darse hoy razón, desde una conciencia jurídica democrática de otra actitud que no fuera la de un incondicional y franco alineamiento en favor de la paz. Porque ya no puede haber «guerras justas».
Alineamiento por la paz como presupuesto fundamental para el imperio del derecho, por la paz como derecho básico, sin el que ninguno de los otros fundamentales sería posible, por la paz como único clima para la convivencia civil y democrática.
Una apuesta de este carácter exige ya la renuncia decidida a la realización de cualquier esfuerzo bélico, incluso preventivamente defensivo. Por lo que, decíamos, tiene en sí mismo de agresión a valores esenciales, y de obstáculo para la satisfacción de necesidades radicales que son de todos los hombres.
Por todo lo expuesto Jueces para la Democracia estima como exigencias de atención inaplazable en el momento actual de la sociedad española:
- La modificación del vigente orden de prioridades presupuestarias, para hacer derivar, al menos parte de los recursos colectivos, del gasto militar hacia la cobertura de verdaderas necesidades sociales acuciantes.
- El cese de la venta de armamento a los países del Tercer Mundo y a aquellos otros que violan sistemáticamente las normas internacionales en materia de derechos humanos.
- Que los ciudadanos vean reconocido su derecho al conocimiento de los proyectos económicos y políticos de la defensa, a través de una auténtica transparencia informativa, de modo que puedan pronunciarse democráticamente sobre las posibles opciones en la materia.
- Que se trabaje activamente para fomentar políticas nacionales e internacionales orientadas a la creación de un clima de convivencia basado en la seguridad común y no en la inseguridad fundada en el equilibrio nuclear y convencional.