Comité Permanente, Valladolid, 7 y 8 febrero 2013

1.- Introducción

El Secretariado, en estos meses, ha alcanzado algunos logros recogidos en el informe de gestión, pero detectamos la ausencia de la necesaria autocrítica. Autocrítica que estimamos indispensable en el gravísimo contexto político y económico actual, precisamente para potenciar la acción de la asociación en estos momentos cruciales.  Quienes firmamos este informe hemos intentado evitar que las legítimas discrepancias políticas trascendieran externamente, con la finalidad de normalizar la vida asociativa. Ahora bien, agotada la tercera parte del mandato del Secretariado, creemos que este Comité Permanente constituye un buen momento para evaluar su actividad. En nuestra opinión, el saldo no es positivo. Nos centraremos en el análisis de los aspectos que creemos fundamentales.

 

2.- Política judicial

Carecemos de programa político. No hemos sido capaces de establecer objetivos estratégicos ni hemos planificado la acción para realizarlos.

Desde el mes de mayo se han venido tramitando y produciendo reformas legislativas de gran calado: Asistencia Jurídica Gratuita, Código Penal, Consejo General del Poder Judicial, Tasas Judiciales… Pese a la trascendencia del paquete de reformas no hemos analizado en detalle ninguna de ellas, no hemos realizado informes sobre las mismas, ni hemos definido la posición política más allá del mero rechazo. No hemos sido capaces siquiera de abordar el debate sobre algo tan crucial como la situación del Consejo y su futuro, el tipo de elección, la clase de órgano que deriva del proyecto y qué alternativas debíamos patrocinar en su caso.

Al mismo tiempo, JpD carece de capacidad de influencia política y de canales de información cualificados. No han existido contactos con grupos políticos con el objetivo de incidir en las actuales reformas en curso, más allá de una reunión aislada y poco fructífera con el Grupo Parlamentario Socialista, quien también recibió al resto de asociaciones judiciales.

Nuestra presencia entre los movimientos sociales de izquierdas no deja de ser meramente simbólica o «fotográfica» y poco o nada estamos aportando a los mismos, más allá de la mera presencia física. La falta de diseño estratégico, de capacidad de influencia, y de construcción de discursos propios, determina que la aportación de JpD al debate público sea estereotipada. Las exigencias del momento determinan que la voz de JpD aparezca con frecuencia en los medios de comunicación, pero casi siempre para repetir algunos eslóganes propios de nuestro espacio político natural sin aportar un análisis concreto y riguroso que ayude a reforzar las reivindicaciones comunes de ese espacio común con una posición desde la judicatura. No creemos que cumplamos nuestra función como asociación judicial cuando sólo somos una voz más que repite el argumentario común creado en otros sitios y por otros sujetos.

Deberíamos ser capaces de corregir esta situación y confiamos en que así sea.

 

 

3.- Consejo General del Poder Judicial y órganos de gobierno

Ligado con lo anterior, pese al elevado número de personas asociadas en órganos de gobierno del Poder Judicial, no hemos fomentado ni impulsado la comunicación para coordinar políticas. Paradigmática es la situación en el seno del CGPJ con 5 vocales de JpD, a los que se unió en el mes de julio su Presidente.

En relación con éste, desde su designación, se ha puesto de manifiesto su extraña sintonía con el Ministro. Recapitulando y, a grandes rasgos: pactó reservadamente con el Ministro la reforma LOPJ en materia de permisos y sustituciones en el mes de julio; criticó el excesivo poder de las asociaciones judiciales en el mes de septiembre; del mismo modo, rechazó la huelga de los jueces en el mes de octubre; en cuanto a la ley de tasas, ya en noviembre, cuestionó a los jueces que discrepaban de ella manifestando que su obligación era aplicar las leyes, y que la ley de tasas podía ser “problemática”, pero no “injusta”; en el mismo mes convocó a todos los Presidentes de TSJ a un encuentro  para abordar los “excesos” de las Juntas de Jueces; sin salir del mes, censuró la protesta de más de 200 jueces sobre los indultos; ya  en enero, votó en contra de que el CGPJ formulara instrucciones generales sobre el nuevo régimen de sustituciones derivado de la reforma de la LOPJ. El último capítulo ha sido el relativo a la convocatoria de nuevas oposiciones de turno libre, que han desconocido un acuerdo aprobado ya en firme por el Consejo y la Comisión de Calificación para cambiar el criterio al hilo de las exigencias del Ministro sobre titulación de base necesaria para acceder a los exámenes, siendo más que dudoso el acierto jurídico de la decisión actual lo que, reconocido por la propia Comisión de Calificación, no ha impedido que triunfase la imposición del Ministerio.

Con todo, como Secretariado, nos hemos abstenido de cuestionar al Presidente CGPJ, con lo que, de modo indirecto, favorecemos la consolidación de un extraño estado de cosas agravado por la proximidad del proceso de renovación del órgano. La única crítica de la que hemos sido capaces en todo este tiempo se ha concretado en dos líneas en un comunicado en el que se muestra el “disconformidad” con lo que se califica como una postura poco clara del Presidente y dos vocales de la Comisión Permanente ante el tema de las sustituciones en el ámbito de la carrera.

Al mismo tiempo, se ha producido dentro del Consejo la aparición de una nueva mayoría muy lejana de las diferencias ideológicas que supuestamente debían hacernos pasar por bueno el nombramiento de un presidente progresista. Cada vez más se ha arrinconado la anterior unidad de los vocales de origen judicial para sustentar una mayoría que ha ido imponiendo los nombramientos que tuvo a bien (ninguno justificado en posiciones progresistas) y que ha despreciado el trabajo que podía representar la posición judicial. Al tiempo que reivindicábamos, con el aporte de la comisión de privado y de personas a título individual, una respuesta al tema de los desahucios, el Presidente se encargaba de rechazar un informe judicial que habría aportado muchos y buenos argumentos a lo que decíamos defender. Como Secretariado no hemos sido capaces de mantener el pulso crítico.

 

4.- La asociación

No hemos conseguido dinamizar internamente a la asociación. Ese pretendido objetivo, objeto de continuada crítica en el pasado y que debería por ello haber sido bandera común, no ha pasado de ser un postulado teórico. Las Secciones Territoriales y Comisiones no han recibido impulso alguno del Secretariado, y, en relación a estas últimas, salvando la Sindical que dada la situación política general ha estado muy activa por su propio impulso, el efecto ha sido el desaprovechamiento de un importante capital humano y técnico que se ha sostenido por el esfuerzo de las personas que las conforman. Como se expresó antes, no hemos emitido informe alguno sobre los proyectos de ley en marcha, pese a que reconocemos su indudable trascendencia desde el punto de vista de las finalidades de la asociación y que, como es evidente, nuestras comisiones técnicas podían haber auxiliado de forma eficaz al Secretariado en esta tarea. Es a la ausencia de impulso a lo que debemos achacar esta situación.

 

5.- Política sindical

En la situación actual  de la carrera judicial, un pilar importante de cualquier acción política debiera ser el sindical. La reflexión conjunta nos llevó hace dos años a crear un instrumento específico para coordinar y desarrollar el trabajo sindical y así nació la Comisión Sindical. Con ella queríamos también dar respuesta a una crítica que recibíamos con frecuencia de la carrera y que nos reprochaba escasa atención a los problemas propios de la judicatura, desde los salariales a los de condiciones de trabajo.

Paralelamente, desde tiempo atrás habíamos impulsado que el trabajo sindical fuera un punto de unidad entre las diversas asociaciones en el convencimiento de que en esos temas sí podíamos lograr unidad y, con ella, mucha más fuerza.

La Comisión Sindical no pretendía sustituir al Secretariado en un área de trabajo. Pero la realidad que se ha impuesto es que ese trabajo se ha volcado en la Comisión Sindical. El Secretariado ni se ha coordinado con esa comisión de forma eficaz ni la ha amparado para promover su desarrollo. Un Secretariado sólido y con iniciativa política habría tenido que concentrar sus esfuerzos en la política sindical tanto para explicar y reforzar los posicionamientos como para defender objetivos sindicales razonables a medio plazo, como para fijar estrategias para el logro de objetivos. En ese sentido en estos momentos la actividad sindical de JpD depende fundamentalmente del esfuerzo de sus coordinadores. No existe un plan político de actuación ni la coordinación de objetivos y acciones a medio y largo plazo. Por el contrario los temas se van tratando efímeramente, sin estudio ni poso previo, y desaparecen a golpe de titular.

La unidad asociativa tenía esa función sindical pero, sorprendentemente, se ha convertido en un lugar donde se han abordado diversidad de temas en los que precisamente no compartíamos objetivos con otras asociaciones. Un ejemplo claro es el uso de ese espacio para debatir la forma de elección de vocales o para discutir los contenidos de otras leyes. Las reuniones de la Comisión Interasociativa empiezan a recordar a las de la Comisión Europea pues a ella van personas concretas que no tienen control efectivo de sus lugares de origen y crean una red propia de relaciones sin que podamos saber a ciencia cierta si suponen la expresión y llevan el respaldo de los respectivos conjuntos. Corre, por lo tanto, el mismo peligro: avanzar sola, sin advertir que no hay nadie detrás. Las reuniones que a lo largo de este tiempo se han producido de esa Comisión Interasociativa se han producido sin debate previo en el Secretariado y sin, al menos, comunicación sobre qué posición iba a ser defendida. No parece esa una forma eficaz de mantener en el tiempo las posiciones y reivindicaciones.

Por otra parte, en la actividad reivindicativa se han ido mezclando temas de forma cumulativa y sin plan conocido. Para obtener esa unidad debemos pagar el precio de la ambigüedad y el de la exageración del enemigo común: ahora mismo Gallardón. El problema ya lo vivimos en el pasado, el enemigo puede desaparecer (como pasó con otros ministros) y las frases deberán ser concretadas. Entonces puede desaparecer esa unidad y entonces, precisamente a quienes nos acompañaron les surgirá la pregunta de qué se ha conseguido. El peligro es, pues, la desilusión y la desarticulación de lo que ahora, aprovechando el desencanto generalizado, podríamos estar construyendo.

 

6.- Funcionamiento interno

El funcionamiento del propio Secretariado se caracteriza por la desaparición del mismo como órgano colegiado y su conversión en un órgano de dación de cuenta de lo que una o varias personas han decidido o hecho. Nos encontramos con que, en los asuntos trascendentales, no existen debates previos a decisiones que no pueden sino ser del órgano en su conjunto. Sin embargo, esas decisiones se adoptan por una única persona o a lo sumo dos, y se apoya toda gestión en la actuación personalista de quien ahora mismo ejerce como portavoz dando lugar a que los espacios de decisión política se trasladen a un espacio no asociativo. Reconocer el esfuerzo de quien hace de portavoz no puede ser óbice para la crítica a la deriva que ha tomado esa actuación. Todo esto viene a desmentir, con los correspondientes riesgos de legitimación democrática, lo recogido en nuestros propios estatutos sobre lo que debe ser el gobierno bienal de la asociación.

 

Como decíamos al inicio, hemos agotado una tercera parte de nuestro mandato. Creemos que era necesario este análisis. Siempre hemos defendido que es natural que en JpD convivamos diversas formas de entender y vivir el trabajo asociativo y la propia Asociación. Confiamos en que aún estemos a tiempo de rectificar el rumbo.

 

 

Valladolid, a 7 de febrero de 2013

 

María Calvo

Urko Giménez

José Luis Ramírez