COMISIÓN DE INTERNACIONAL

 

ACTIVIDADES DEL AÑO 2012

 

I. REUNIONES Y ENCUENTROS

 

– Consejo de Administración de MEDEL en Belgrado, 30 de junio de 2012.

– Consejo de Administración de MEDEL en Bucarest, el 10 de noviembre de 2012.

 

II. PROPUESTA DE CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

 

A tenor del correo remitido por el Secretariado, se propuso una actividad de formación continua sobre el reconocimiento mutuo y los problemas que se plantean en la práctica, que fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial bajo el formato de seminario, nombrando a nuestra compañera Manuela Fernández Prado, una experta en la materia, como la persona que lo coordinará.

 

III. BOLETÍN DE NOTICIAS

 

Se ha puesto en marcha, con el inestimable apoyo de la Oficina Técnica, un boletín electrónico con las novedades más relevantes en el ámbito del derecho europeo e internacional así como dar cuenta de las actividades de algunas organizaciones internacionales, especialmente en materia de derechos humanos.

 

El resto de la actividad ha sido el envío a los miembros de la Comisión de correos carácter estrictamente informativo (Organizaciones internacionales, MEDEL y ONG’s, sentencias de tribunales internacionales, páginas web, publicaciones de interés, etc.).

 

Se remitió a la Comisión de lo Social un correo solicitando la intervención de un compañero/a, en el coloquio que MEDEL en colaboración con la asociación alemana de jueces VER.DI está organizando sobre el Derecho del Trabajo y la crisis económica que padece actualmente Europa (en Berlín el próximo 21 de junio) para que pueda hablar de la situación en nuestro país y de las reformas operadas y las proyectadas desde el punto de vista de la legislación laboral. El único solicitante ha sido Rafa López Parada.

 

 

El coordinador

 

Iñaki González Vega

 

 

 

 

En la reunión del Consejo de Administración (CA) de MEDEL, celebrado en Belgrado el día 30 de junio de 2012, entre otros acuerdos, se aprobó por unanimidad la reforma del Reglamento interno así como se publicitó el nuevo sitio web de MEDEL: http://www.medelnet.org

 

Respecto del proyecto europeo de Universidad de Verano en colaboración con el Centro de Estudios Sociales de Coímbra la Comisión Europea ha rechazado subvencionar el proyecto.

 

La lista de correo de medelnet ha recogido diversas informaciones, como la reciente decisión del Tribunal Constitucional serbio anulando los acuerdos del Consejo Superior de Justicia de 204 magistrados, entre ellos el de nuestra Secretaria General, Dragana Boljevic, reintegrándoles en el cargo con efectos retroactivos. Sin duda MEDEL ha jugado un papel relevante en dicho conflicto a través de la auditoría del sistema judicial serbio elaborada por nuestros compañeros Simone Gaboriau (SM) y Hans-Ernst Boettcher (VER.DI).

 

En el buró, hay que señalar que la representante griega, Evi Palailogos, ha sido sustituida en el CA de Bucarest de 10 de noviembre, a petición propia por su compañero George M. Las reuniones del Buró, todas ellas de carácter virtual, han versado básicamente sobre la situación de los magistrados en Serbia y Turquia. Una cuestión debatida en fechas recientes ha sido la declaración de apoyo de MEDEL a los jueces y fiscales griegos. Al final se llegó a una solución de consenso en el seno del buró con el representante francés quien había objetado el párrafo tercero del citado documento [referente a los salarios de los magistrados con garantía de su autonomía e independencia y sus continuos recortes como perturbadores del imperio de la ley y la democracia (Recomendación R (2010) 12 del Consejo de Europa)], manteniendo el mismo e incluyendo un párrafo de la Declaración de Vilamoura sobre la defensa de los derechos fundamentales. Tal decisión del Buró fue refrendada por las asociaciones que dieron su opinión en la lista medelnet. Está previsto realizar una auditoría del sistema judicial rumano, a propuesta de la asociación de este país. Está previsto organizar a nivel europeo un día de alerta, en el que todas las asociaciones miembros organicen algún acto o emitan un comunicado poniendo de manifiesto las carencias de la Justicia y los ataques a la independencia judicial.

 

Se remitió una carta de apoyo a D. Fernando Cruz Castro, a propósito de la decisión de la Asamblea Nacional de Costa Rica de no renovarle en el cargo de Magistrado de la Corte Suprema. Y se elaboró un comunicado de apoyo a los jueces egipcios.

 

La tercera reunión anual del CA celebrada en Bucarest (Rumanía) el 10 de noviembre. Fue precedida de un coloquio organizado por la Unión Nacional de Jueces Rumanos juntamente con MEDEL y la Fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung, con el título “El Consejo Superior de la Magistratura – buenas prácticas y lecciones aprendidas”. Los debates se centraron en la eficiencia de los Consejos de la Magistratura respecto a la gestión del sistema judicial, la forma de ejercer estos consejos su papel defender la independencia de la justicia y la integridad y responsabilidad de sus miembros así como la transparencia de la institución. A fin de tener una información completa y comparada de la actividad de los consejos de justicia de los países que forman parte de MEDEL se ha remitido un cuestionario que fue cumplimentado por casi todos los países. También se remitieron por las diferentes asociaciones miembros informes sobre la situación social y judicial de los distintos Estados miembros.

 

Finalmente, se adoptó el siguiente acuerdo a propuesta de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, remitido a la Comisaría de Justicia de la UE, al Parlamento Europeo así como al Consejo Consultivo de Jueces Europeos y al de Fiscales:

 

  1. La crisis financiera y económica que desde 2008 afecta a Europa ha obligado a varios Estados Europeos a recurrir a la asistencia financiera de organismos internacionales como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones han impuesto una serie de medidas de austeridad que los Estados deben ejecutar, muchas de ellas dirigidas a reducir el gasto público. En aplicación de estas medidas, Estados como Portugal Grecia y España han realizado enormes recortes presupuestarios en servicios públicos. Sin embargo, estos Estados no han tenido en cuenta la situación específica del servicio público de la justicia y de los jueces y fiscales, así como el hecho que las funciones ejercidas por éstos son esenciales para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, especialmente en esta difícil situación en la que los derechos más básicos son puestos en cuestión. Pero los mismos gobernantes que rechazan aceptar la especificidad de las funciones judiciales, han acordado numerosas excepciones referidas a autoridades de bancos centrales y organismos reguladores justificándolo en la independencia que sus funciones requieren.

 

Es en estos momentos de crisis cuando los ciudadanos tienen mayor necesidad de un poder independiente y reforzado al cual puedan recurrir para defender sus derechos.

 

Por ello, las asociaciones de jueces y fiscales tienen el deber de defender no solamente la independencia sino también la imagen pública de un poder judicial independiente y de hacer respetar las leyes vigentes que lo amparan.

  1. Esta cuestión ha sido analizada por el Parlamento Europeo, en el documento de trabajo “sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría”, presentado en el mes de septiembre de 2012 a la Comisión de las Libertades Civiles, de Justicia y Asuntos Interiores. En el mismo, se dice que “la menor duda sobre la independencia e imparcialidad de los jueces por motivo de las sistemáticas insuficiencias señaladas en la Constitución y las leyes naciones podría tener efectos considerables sobre la cooperación en curso en el ámbito del espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundado sobre el principio de reconocimiento mutuo, tal y como lo consagra los artículos 81 (en materia civil) y 82 (en materia penal) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (…) En consecuencia, todo problema relativo a la apariencia de independencia e imparcialidad de los jueces compromete el conjunto de la estructura existente, basado en la confianza mutua. Además, todo problema interestatal suscitado a propósito de la aplicación del derecho de la Unión Europea podría conducir a un recurso inmediato del artículo 47, apartado 2º, de la Carta Europea de Derechos Fundamentales así como de su artículo 52, apartado 3º, para lograr una interpretación armónica de los derechos garantizados igualmente por la Convención Europea de los Derechos Humanos.”
  2. El pasado 8 de octubre, el Tribunal Constitucional Italiano ha resuelto (en sentencia nº 223/2012) que los recortes salariales de jueces y fiscales eran inconstitucionales, remarcando en su decisión la clara diferencia entre ellos y el resto de funcionarios públicos. El Alto Tribunal ha señalado, inter alia, que “la relación entre el Estado y el Poder Judicial, como poder autónomo, no se puede reducir a una relación laboral, donde el empleador es al mismo tiempo regulador de la relación” y que una de las dimensiones del principio de independencia judicial –consagrado en la Constitución- es la garantía de la independencia económica y la estabilidad de los jueces y fiscales, que no pueden “estar sujetos a periódicas y sistemáticas negociaciones con los otros poderes del Estado”, situación que podría sembrar una imagen generalizada de la subordinación del poder judicial por los poderes ejecutivo y legislativo.

 

El Tribunal Constitucional Italiano hace un análisis sobre la cuestión nuclear de su decisión: la relación entre los diferentes poderes del Estado y la independencia judicial, remarcando que los Estados que han reducido el salario de sus jueces y fiscales han infringido la normativa europea.

  1. El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza a todos los ciudadanos europeos el derecho a acceder a un tribunal independiente e imparcial. Como afirma el Tribunal Constitucional Italiano, las reducciones salariales aplicadas por algunos Estados (y que presumiblemente otros Estados se disponen a realizar) son una interferencia ilegitima de los poderes ejecutivo y legislativo en el poder judicial, minimizando el papel de los jueces y fiscales, sin considerar su especial protagonismo en la sociedad y en el Estado.
  2. El artículo 53 de la CDFUE establece un “estándar máximo” si uno de los Estados Miembros garantiza a sus ciudadanos un derecho fundamental, el resto de ciudadanos europeos pueden esperar que ese derecho sea aplicado a ellos también. Por consiguiente, la decisión del Tribunal Constitucional Italiano garantiza a todos el derecho de tener un poder judicial que no se halle sujeto a interferencias de los otros poderes del Estado.
  3. En conclusión, las medidas aplicadas por los Estados Europeos que han reducido drásticamente el presupuesto del servicio público de la justicia, incluyendo los salarios de jueces y fiscales, afectan directamente al principio de independencia del poder judicial y son contrarias al Derecho Europeo.

 

Según el Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene por misión defender el Derecho de la Unión y evitar que los Estados Miembros lo infrinjan. El Parlamento Europeo tiene como función fiscalizar a la Comisión.

 

Por todos estos motivos, el Consejo de Administración de MEDEL, celebrado en Bucarest el 10 de noviembre de 2012, en esta situación de crisis en la que los derechos fundamentales son puestos en cuestión por la destrucción de los servicios públicos:

 

  • Reafirma el especial papel de los derechos fundamentales en la construcción de la Unión Europea y la específica función del poder judicial en la protección de estos derechos;
  • Recuerda que la independencia judicial, como principio esencial del Estado de Derecho, protege los derechos fundamentales de los ciudadanos;
  • Decide mandatar al Buró para:
    • Presentar una queja formal ante la Comisión Europea, basada en la violación del Derecho Europeo, contra los Estados Miembros que han adoptado drásticas medidas de reducción del presupuesto del servicio público de la justicia, en la medida en que el buen funcionamiento del sistema judicial está en peligro, incluyendo el estatuto económico de jueces y fiscales, haciendo caso omiso del estándar mínimo de sus remuneraciones;
    • Presentar un informe al Parlamento Europeo, denunciando la violación del Derecho Europeo por estos Estados Miembros.