I.- Organización:
La principal función de la Comisión Estatal Social es llevar a cabo la coordinación de las diferentes comisiones territoriales de lo Social. Es la más numerosa de las de JpD, representa a una cuarta parte de los Juzgados de lo Social y la integran en la actualidad ciento veintisiete miembros, con destino en órganos unipersonales y colegiados del orden jurisdiccional social.
La Comisión ha logrado una importante proyección a nivel europeo a través de Medel Social, fruto de la actividad desarrollada por los compañeros Antoni Oliver y Miquel Falguera y el apoyo de la Oficina Técnica de la Asociación.
En el congreso de la Asociación celebrado en Bilbao, en fecha 27 de mayo de 2010, fueron elegidas coordinadoras Petra García Márquez y Mar Mirón.
La Comisión aglutina y canaliza las opiniones, ideas y sugerencias que surgen en los distintos territorios sobre temas sociales, laborales y de actualidad relacionados con aquellos ámbitos y con la práctica jurídica y procesal. Persigue obtener una posición asociativa común tras el debate entre las distintas opiniones de los asociados en materias relacionadas con el orden jurisdiccional social.
La Comisión Social Estatal se nutre de la actividad y el debate de las Comisiones de lo Social, creadas de modo informal en distintas provincias y Comunidades Autónomas. Es destacable la actividad realizada por sus integrantes en Madrid, el País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Andalucía, Asturias o Galicia, donde se celebran reuniones, bien de forma puntual o con carácter periódico. Se han realizado también reuniones o actividades de forma conjunta entre compañeros de distintas Comunidades. La actividad de las Comisiones Territoriales de lo Social ha consistido principalmente en la celebración de reuniones, convocadas con la finalidad de tratar tanto de cuestiones asociativas o de política social general como otras de carácter más próximo, tales como comentarios a las sucesivas reformas legislativas, análisis de sentencias, prácticas procesales, organización de cursos, actos o conferencias, y participación en los mismos.
II.- Medios:
La comunicación entre los integrantes de la Comisión Social, tanto a nivel individual como a través de las Secciones Territoriales, se lleva a cabo principalmente a través de la Red de Comunicación, a la que pueden acceder todos los compañeros que se dan de alta en la Comisión de Social. A la operatividad y dinamismo de aquel canal de comunicación contribuyen de forma decidida muchos compañeros que, con sus intervenciones, han propiciado el debate sobre asuntos de interés para todos, permitiendo con ello la puesta en común de opiniones bien sobre temas que afectan a nuestro ámbito jurisdiccional, junto a otros de interés social y jurídico en general, a efectos de su análisis y discusión, posibilitando, igualmente, la información sobre sentencias o doctrina de interés.
A través de la Red de comunicación es accesible la Revista «on line» que edita la Comisión con periodicidad mensual y el avance semanal, que recibimos puntualmente los integrantes de la Comisión Social y que se publica mensualmente en la web de JpD, pudiendo acceder a la misma todos los asociados. Miquel Falguera es el Director de la revista, su creador e impulsor, diseña su contenido y persigue que se realicen las máximas aportaciones por los miembros de la Comisión y por destacados profesionales en los distintos ámbitos del Derecho del Trabajo, informando sobre los enlaces que contienen la mejor información a nivel interno e internacional sobre ámbitos conexos a nuestra disciplina. En la revista se informa puntualmente y de forma sistematizada de las últimas novedades legislativas, de la doctrina científica y jurisprudencial. La revista, que alcanzó su número 100 en 2010, cumplió una década el año pasado, que cerró publicando el número 127.
Trimestralmente, por el compañero Carlos Hugo Preciado, se confeccionan y remiten a los asociados de la Comisión Social los prontuarios de doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo y del TJEU, que complementan la información de la Revista y que ofrecen una puntual reseña de las principales novedades de la jurisprudencia española y comunitaria, de consulta imprescindible.
Se ha convertido en importante instrumento de trabajo e información sobre el Derecho del Trabajo fuera de nuestras fronteras la revista de Medel Social, que también nos hace llegar el compañero Miquel Falguera en coordinación con Antoni Oliver.
III.- Reuniones:
La Comisión Estatal de lo Social se ha reunido de forma ordinaria en dos ocasiones desde la celebración de la última Comisión Permanente, que tuvo lugar en Valladolid los días 7 y 8 de febrero de 2013. Durante su celebración se presentó por la Comisión un comunicado en relación con el tema objeto del mismo relativo a “LA POSICIÓN DEL PODER JUDICIAL ANTE LA CRISIS ECONÓMICA”, en el que se exponían las reflexiones y Propuestas de la Comisión Social, proponiéndose los siguientes puntos fundamentales, en defensa de la democracia y del estado social:
- La necesidad de un cambio de rumbo en la orientación del legislador de las reformas laborales, demostrada su ineficacia al objetivo de crear empleo y la escasa incidencia que pueden tener sobre el mismo.
- El freno a la política de austeridad, por ineficaz, al haber lastrado el crecimiento económico y contribuido a la destrucción de ingente de puestos de trabajo, sin haber logrado el objetivo de contracción del déficit público.
- El retorno a la valoración del trabajo como auténtico motor para la salida de la crisis y el rechazo al establecimiento de políticas que ahonden en la desigualdad social para la obtención de riqueza, postulando un reequilibrio en las condiciones económicas, laborales y reconocimiento social de la clase trabajadora.
- La creación de empleo a partir de políticas activas, que permitan el acceso al empleo y la salida del desempleo, que se adapten a las necesidades de las empresas. Políticas que ofrezcan un trabajo digno, con una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia y la conciliación de las obligaciones laborales y familiares.
- El mantenimiento de una protección social acorde a la contribución del trabajo y en las necesidades de los ciudadanos, basada en la solidaridad intergeneracional. Su financiación debe garantizarse, controlando el déficit, mediante la aportación del Estado con cargo a impuestos, como alternativa a la reducción del nivel de protección, cuando la aportación de cotizaciones sociales, bien sea por la reducción de cotizaciones y/o de cotizantes pueda generar déficit para el pago de pensiones públicas.
- La derogación de la Ley de Tasas como limitadora a la tutela judicial de los derechos de los trabajadores y la retirada del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, en tanto incide en su reconocimiento a trabajadores y beneficiarios de prestaciones.
- La regulación homogénea de las condiciones de trabajo, con la definición de los derechos básicos de trabajo en Europa, partiendo de los contenidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y con intervención de los interlocutores sociales europeos. Ello es imprescindible para hacer frente a los retos que Europa debe asumir ante los procesos de globalización.
- Potenciar el diálogo social europeo, la negociación colectiva y la utilización de los instrumentos normativos comunitarios para que los acuerdos tengan eficacia «erga omnes» en todos los países de la Unión Europea.
- El establecimiento de un salario mínimo europeo ante el desarrollo actual del principio de libre circulación de trabajadores y su contratación en distintos países miembros.
- La implicación de los jueces y juezas europeos, dada la importancia de su compromiso en la consecución de un modelo social y económico europeo, y la disposición de JpD a apoyar las iniciativas sociales que se orienten hacia ello.
En la Reunión celebrada en fecha 23 de mayo de 2013, en el marco del XXVIII Congreso de JpD, celebrado en Pamplona, se decidió elaborar un comunicado y proponer su aprobación en el Congreso en relación con el tema objeto del mismo desde la perspectiva de nuestro orden jurisdiccional. Tras lo cual se abordó el tema relativo a la puesta en marcha del comentario colectivo a la LRJS, haciendo referencia Jesús Rentero, artífice de la idea en la reunión de la Comisión Social celebrada en Cenicero, a los compañeros que ya se habían ofrecido para colaborar en dicho proyecto, animando a que se presentasen otros, acordando que una vez totalizada la lista de los mismos, incluidas las preferencias personales por los artículos a desarrollar, se llevaría a cabo la concreción precisa de los términos en los que se llevaría a cabo el comentario de la Ley.
En cuanto a la valoración por la Comisión Social del manifiesto en defensa de la independencia judicial, por todos los asistentes, de forma unánime, se puso de manifiesto su total y absoluta conformidad con el mismo, así como, no solo su necesaria ratificación, sino el deseo de que fuese suscrito por muchos mas compañeros.
La última reunión de la Comisión se celebró en Palma de Mallorca los días 21 y 22 de noviembre de 2013, desarrollándose a lo largo de la misma tres ponencias, la primera de las cuales estuvo a cargo de Jesús Rentero, que trató el tema relativo a «La extinción individual del contrato de trabajo en el empleo público. Reflexiones sobre la STS de 22-07-2013», estructurando su exposición a través de la distinción de tres momentos en la regulación de la extinción del contrato de trabajo en la esfera del empleo público: antes del EBEP, la aprobación del EBEP y la situación creada a partir de la STS de 22-07-2013. Destacando la “criminalización” del empleado público temporal que se vislumbra en el modo en que los Tribunales han abordado la extinción de los contratos en la administración pública y el amplio margen para la arbitrariedad de la administración que han facilitado.
La segunda ponente fue Carmen Piqueras, y el tema tratado por la misma el «Periodo de prueba: desvirtuación de una institución jurídico laboral clásica. Especial referencia a su utilización en el empleo público”. Diversificando su exposición en tres apartados, periodo de prueba en el empleo público, cese de la mujer embarazada durante el periodo de prueba y periodo de prueba en el contrato de emprendedores.
El tercer ponente fue Joan Agustí Maragall, versando su ponencia sobre “Los derechos fundamentales y constitucionales y la normativa internacional y comunitaria como límite a la interpretación y aplicación por los Juzgados y Tribunales del orden social de las reformas laborales”. Exposición que inició mediante un análisis de la evolución del derecho del trabajo en los últimos 20 años manteniendo la progresiva pérdida del equilibrio tradicional en el Derecho del Trabajo y la necesidad de reforzar el carácter tuitivo de la jurisdicción, siendo para ello fundamental la actuación de los Juzgados y TSJ en instancia, en particular de los Juzgados de lo Social, ante la necesidad de cuestionar la doctrina existente en aplicación directa de la doctrina constitucional y de la normativa internacional y de la Unión Europea.
Por último se llevaron a cabo diversas propuestas, entre ellas, Jesús Rentero planteó la oportunidad de proponer en el Comité Permanente, como tema del próximo Congreso, “JpD por el mantenimiento y defensa de los servicios públicos.”, propuesta aceptada por todos los asistentes.
José Luis Asenjo propuso la oportunidad de centralizar a través de la Comisión las cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales que se interpongan y remitirlas para su publicación en la Revista, existiendo unanimidad en la conveniencia de sistematizarlas.
Toni Oliver, ante la inminente convocatoria de las elecciones europeas, planteó la importancia de hacer llegar nuestras propuestas e inquietudes como asociación, en línea con los avances realizados en la reunión de Düsseldorf. Propuso plantear a través del correo la puesta en común de ideas referidas al ámbito comunitario, tales como salario mínimo europeo; control de la producción en origen a efectos de salvaguardar el trabajo “decente”; control de los productos que se ofrecen en el mercado interior a efectos del cumplimiento de las normas mínimas sobre ese trabajo “decente”, etc.
Existió unanimidad entre los asistentes en la necesidad de pronunciarnos sobre las consecuencias para las condiciones de vida de los trabajadores de los fenómenos de “dumping social” evitables a través del necesario control de las garantías laborales mínimas en los sistemas de producción de los distintos países. Otra de las cuestiones en las que se consideró necesario un pronunciamiento asociativo es el ejercicio del derecho de huelga y su prevista regulación, en particular de los servicios mínimos, suscitada ante el ejercicio por los trabajadores de sus derechos en servicios esenciales para la comunidad.
Amaya planteo la necesidad de recuperar y plantear reivindicaciones básicas como la crítica a los recortes en justicia, carga de trabajo, falta de jueces y de compañeros sin plaza tras superar la oposición. Criticó también las carencias en la formación de los jueces, en particular en derecho internacional y comunitario, destacando el mínimo conocimiento y formación sobre Derecho del Trabajo, con escasos temas en el programa y en la formación en la Escuela Judicial.
IV.- Actividades:
A través del Foro de la Red, se han debatido diversos temas tanto asociativos, de política sindical, como de valoración de las reformas laborales y de pronunciamientos judiciales novedosos.
Señalar que sigue siendo nuestro objetivo, como coordinadoras de la Comisión, continuar con la labor de coordinación e intercambio entre todos los componentes de la Comisión de Social, propiciando el planteamiento, análisis y discusión sobre los diversos temas que se puedan plantear a través de la Red, convocando reuniones ordinarias de carácter periódico.
También el intentar una mayor proyección europea de la Comisión Social, con la implicación de Miquel Falguera en la redacción y envío de la revista mensual de MEDEL y la coordinación de Antoni Oliver, contactando con los compañeros de Medel, en orden a la celebración de encuentros con los mismos y poder llegar a constituir un grupo o plataforma de debate permanente junto a profesionales de otros ámbitos del Derecho del Trabajo.
Esperamos seguir contando con el trabajo y la dedicación de las personas que son auténtico motor de la Comisión, como Miquel Falguera y Carlos Preciado. Pero también recibir la colaboración de todos los integrantes de la Comisión de Social, a quienes agradecemos su compromiso asociativo y la oportunidad que nos han brindado de mantener activa esta comisión y crear más estrechos vínculos entre sus asociados.
Las Coordinadoras: Mar Mirón Hernández y Petra García Márquez