La presente legislatura está tocando a su fin y el congreso de Jueces para la Democracia es una ocasión adecuada para realizar un balance de la misma. Cualquier examen objetivo sobre la situación de nuestro sistema judicial nos debe llevar a la conclusión de que en estos años no se ha producido ninguna mejora significativa que haya redundado en beneficio del servicio público que se presta a la ciudadanía, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales.
A pesar de que el Gobierno disponía de mayoría absoluta para llevar adelante cualquier proyecto modernizador de la Justicia, la realidad es que se han perdido cuatro años e incluso se ha retrocedido en algunos aspectos. Ha aumentado la sobrecarga de nuestros juzgados, se han producido importantes recortes, se ha estancado la nueva oficina judicial, existen tres promociones de jueces/as en situación de intolerable precariedad y se ha paralizado la modernización tecnológica de los órganos judiciales.
La gestión de Gallardón como ministro no se ha visto acompañada en modo alguno por cambios favorables en el servicio público. En cambio, será recordada por los numerosos proyectos que finalmente han sido retirados, como la Ley del Aborto, las tasas judiciales, la privatización del registro civil o la nueva LOPJ en la que se pretendía una nueva estructura judicial jerarquizada y poco respetuosa con la independencia y la inamovilidad judicial, así como atacar el asociacionismo judicial. En el ámbito de los derechos y libertades resulta especialmente criticable la reforma del Código Penal, que establece una versión de la cadena perpetua, y la Ley de Seguridad Ciudadana, que criminaliza la protesta social.
El único proyecto orgánico de Gallardón que salió adelante fue la reforma del CGPJ, que ha permitido un notable control político de la institución, ha suprimido buena parte de sus competencias y ha debilitado la separación de poderes. Además, en este reparto político de cuotas, se situó al frente del órgano de gobierno judicial como presidente a Carlos Lesmes, como persona con manifiestas vinculaciones con el partido gobernante, por lo que no puede sorprendernos que se haya distinguido por actuar al servicio de esos intereses políticos. Y lo ha hecho con un estilo autoritario, marcadamente presidencialista y muy poco dialogante, que ha empeorado incluso el limitado margen de actuación normativa y ha propiciado un CGPJ a dos niveles que resulta incompatible con el carácter colegiado de la institución. Además, Lesmes ha sido incapaz de defender con firmeza la independencia judicial y de reclamar a los poderes públicos los recursos que requiere nuestro sistema judicial. El CGPJ se ha convertido en una institución sin relevancia pública ni capacidad de incidencia en las funciones que tiene asignadas constitucionalmente, es decir, en una caricatura de lo que debería ser el órgano de gobierno del poder judicial.
Por otro lado, la etapa final del ministro Catalá se ha caracterizado por revisar algunos proyectos anteriores y por actuar a través de parches precipitados, erróneos y sin fundamento, como la reforma parcial de la LECRIM para limitar los plazos de instrucción, que llevará a cierres en falso de las investigaciones penales y facilitará la impunidad en los casos de corrupción. O la adopción de nuevas medidas para reforzar a toda prisa los aspectos más criticables del CGPJ. Se han mejorado algunas cuestiones formales, como una mayor disponibilidad del ministro para escuchar a los sectores judiciales, pero el diálogo ha sido ficticio y se ha diseñado especialmente para ofrecer una imagen conciliadora desde las apariencias.
En conjunto, se trata de una legislatura perdida en materia de Justicia, en la que la ciudadanía ha visto empeorar la situación del sistema judicial. Y no se ha aprovechado la mayoría parlamentaria para introducir cambios sustanciales en el servicio público, ni tampoco para buscar un Pacto de Estado con vocación de futuro. Este ha sido el resultado de no contar con un proyecto definido de transformación de nuestro sistema judicial. Probablemente se trata de la peor legislatura en toda la historia de nuestra democracia en el ámbito de la Justicia.
Cádiz, 5 de junio de 2015.
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA