JD: La pretendida reforma de la LOPJ que impulsa el Gobierno pretende establecer Tribunales Provinciales con demarcación provincial y sede en capitales de provincia.
El modelo de organización territorial que se pretende implantar es cuestionable al desconocer/ignorar la realidad social de determinados territorios lo cual aleja a los ciudadanos de la justicia. El Anteproyecto genera una quiebra entre la Administración de Justicia y la división administrativa del territorio. Desconoce el principio de eficiencia y vulnera los principios de concentración y coordinación. No tiene en cuenta el número de asuntos ingresados en cada ámbito territorial, ni tampoco las características de la población. Desconoce el criterio de eficacia e ignora la verdadera demanda judicial y el volumen de litigiosidad.
No considera factores geográfico, socioeconómicos, demográficos, laborales ni tampoco la actual dotación de vías y comunicaciones. De hecho adopta el esquema territorial organizativo del siglo XIX. Un ejemplo claro de los problemas que va a generar este modelo en el caso de Vigo donde el servicio público y la atención a la ciudadanía va a verse afectada muy negativamente por las razones indicadas anteriormente.
Por ello: JP considera que debe revisarse la demarcación provincial propuesta para que se adapte a las peculiaridades de cada ámbito territorial.