COMISION SINDICAL  

CONGRESO JpD, de junio 2016 (Valladolid)

 

LA SALUD JUDICIAL TAMBIÉN ES JUSTICIA

 

A)- El periplo de la  prevención de riesgos laborales en la carrera judicial

 

Desde la Comisión Sindical de Jpd, en perfecta sincronía con la sección sindical del secretariado, seguimos concentrando nuestros esfuerzos en la defensa de los derechos  de nuestros/as compañeros/as y entre ellos, con carácter preferente, nos propusimos en el año 2015, conseguir el mejor plan de prevención de riesgos laborales para la carrera judicial. Finalmente en febrero 2015, y tras plantear la primera acción judicial de conflicto colectivo, fue aprobado el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PPRL) de la Carrera Judicial (2015-2016).

 

A partir del verano de  2015 se avanzó livianamente hacia la implantación del citado PPRL, a través de la valoración de riesgos ergonómicos y psicosociales, pero de forma insuficiente, sobre todo por lo que respecta a la valoración del factor de riesgos psicosociales, utilizándose para ello un test de preguntas no adecuado para el ejercicio de un trabajo tan peculiar como es el nuestro. Desde Jpd lo hemos criticado en diversas reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS). También reivindicamos el cumplimiento real, que no formal de nuestra máxima herramienta preventiva.

 

Una muestra clara de ese  incumplimiento real, se produce  en torno a las cargas de trabajo judiciales, elemento sustancial del plan. A pesar de reconocerse como un riesgo profesional (estrés, conectado con la sobrecarga) y existir una obligación del CGPJ de tomar medidas preventivas limitando las cargas de trabajo, se ha ignorado de forma flagrante, desoyendo las continuas peticiones que desde las Asociaciones judiciales hemos venido efectuando en todas y cada una de las reuniones de la CNSS.

A tan solo ocho meses de acabar el año 2016 y con él, la vigencia del Plan, el CGPJ  ha incumplido la citada obligación, sin haber iniciado, siquiera intentado, los trabajos de medición de cargas judiciales saludables. Eso sí,  no tuvo reparos en acometer con la máxima urgencia, otras mediciones de cargas judiciales, tanto a efectos de creación de órganos judiciales como a efectos disciplinarios, mediciones cuyos trabajos técnicos se están ejecutando al margen de cualquier criterio de salubridad y sin participación de la  CNSS.

El CGPJ  da prioridad a la disciplina frente a la protección de la integridad física y psicológica de los /as  jueces/as de este País.

 

Por ello, desde la Comisión Sindical no bajamos la guardia  y seguimos reivindicando del CGPJ el cumplimiento  del PPRL, para que los integrantes de la carrera judicial, no tengan que exponer su integridad física y/o psicológica al realizar su actividad jurisdiccional.

Entre los mecanismos utilizados para disuadir a nuestro garante de seguridad de instalarse en el cumplimiento formalista de nuestra mejor herramienta preventiva, podemos destacar las siguientes  propuestas, algunas de las cuales ya estamos ejecutando.

 

 

PROPUESTAS:

 

1º- Cargas de Trabajo. Nuestra paciencia llegó a su límite y a pocos meses de finalizar la vigencia del PPRL sin que se hayan iniciado los trabajos de medición de cargas saludables,  decidimos actuar  de la única forma que parece que entienden: la acción judicial. El pasado mes de abril, fue presentada por Jpd ante la AN,  la segunda acción judicial de Conflicto Colectivo en la que nosotros/as somos los justiciables. En el petitum se solicita algo tan sencillo como es que se cumpla con el PPRL, limitándose las cargas de trabajo judiciales  cuya obligación corresponde al CGPJ, y como medida cautelar y hasta tanto se cumpla lo anterior, se aplique provisionalmente la propuesta consensuada por todas las asociaciones judiciales el pasado mes de febrero 2016 ( Sistema de medición de la función jurisdiccional de salida de 2010, con una horquilla de disminución de hasta el 10% a tenor de criterios personales del juez o jueza o estructurales del órgano judicial).

2º- Riesgos Psicosociales, el pasado mes de junio 2015, se iniciaron las valoraciones ergonómicas de los puestos de trabajo de todos los integrantes de la carrera judicial, que finalizaron durante el pasado mes de diciembre. También se realizaron las evaluaciones de riesgos psicosociales, aunque utilizándose una herramienta (test), absolutamente inadecuada para valorar la actividad jurisdiccional que no se halla subordinada jerárquicamente. Cuestión ésta que ya ha sido denunciada por Jpd en la CNSS. Por eso nuestra propuesta pasa por confeccionar una herramienta de valoración del factor de riesgos psicosociales personalizada y adecuada a las peculiaridades del ejercicio de la actividad jurisdiccional, una herramienta que deberá crearse para la carrera judicial, con intervención de técnicos de prevención de riesgos  y las asociaciones profesionales judiciales.

 

3º- Estatuto de los representantes de prevención en la carrera judicial. El pasado 30 de octubre de 2015, fue aprobado por fin, por unanimidad en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS) el primer Estatuto de los representantes de  prevención en la carrera judicial, previa audiencia de las Salas de gobierno y representantes judiciales. El texto definitivo ampliaba las competencias de los/as representantes de acuerdo con el contenido de la  LPRL, con medidas necesarias para garantizar el desarrollo, sin intromisiones, de sus funciones preventivas, pero finalmente  este texto no fue aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ, que previo informe de su gabinete técnico, entendió que lo procedente es modificar el Reglamento de la carrera judicial 2/2011. Esta ausencia de regulación de nuestros representantes de prevención, supone otro grave incumplimiento del PPRL, pues su control se hace imposible sin la imprescindible actividad de control ejercida por los representantes  territoriales judiciales en materia de prevención. Nuestra propuesta es que se modifique urgentemente el Reglamento, incluyéndose tal y como se consensuó, el texto íntegro del Estatuto de los Representantes de Prevención en la carrera judicial.

4º- Coordinación de actividades preventivas. Seguimos denunciando  los graves Incumplimientos del deber de coordinación de las actividades preventivas  con las CCAA, con competencias en  Justicia.  Aunque se van dando pasos positivos para el cumplimiento de esta obligación, con una respuesta no homogénea por parte de las distintas CCAA, seguimos reivindicando que la coordinación sea una realidad y se tomen por el CGPJ las medidas necesarias para asegurar que podamos trabajar en condiciones saludables, que las instalaciones reúnan los mínimos de salubridad exigidos legalmente  y dispongan de planes de evacuación y emergencia. Hemos prestado nuestro apoyo a los/as compañeros/as que han denunciado ante la Inspección de trabajo, los graves incumplimientos por parte de algunas CCAA, como en Valencia y seguiremos planteando todas las denuncias necesarias hasta conseguir nuestro propósito.

5º- Unidad Especial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Hemos reactivado la actuación de la Inspección de Trabajo, en nuestra cruzada por el cumplimiento real del PPRL y específicamente al Inspector Jefe de  la Unidad Especial de la ITSS de Madrid  que ya se ha REQUERIDO al CGPJ para la aportación de documentación y justificación del cumplimiento de sus deberes como deudores de seguridad de la carrera judicial.

6º-Ausencia de un verdadero servicio de Prevención Propio. Pretenden defender que cumplen la Ley y disponen de un Servicio de Prevención Propio, cuando la realidad es que no se puede dar esa calificación a un Servicio compuesto por dos personas, sin medios materiales, para asistir a más de 5.300 personas.  Y no se prevé que ello pueda mejorar, cuando la asignación presupuestaria anual para el citado servicio, no superaba  los 100.000 euros (para el 2015).

7º- Informar y formar en materia preventiva a la carrera judicial. Tareas de especial importancia, en un colectivo virgen en políticas preventivas personalizadas.  Proponemos mejorar y aumentar la cantidad y cualidad  formativa, así como mejorar la información que llega a la carrera judicial, pues de acuerdo con los resultados obtenidos con “la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces y magistrados en servicio activo 2015”, promovida desde el CGPJ, tan sólo un 37% de los jueces y juezas encuestados tenían conocimiento de la existencia del PPRL.

B)- Implantación del papel 0 y el expediente digital.

 

Ante  el precipitado anuncio de la implantación del papel 0 , con un contenido más político que real, y más mediático que efectivo,  denunciamos ante la CNSS la preocupación de la carrera judicial en esta quimera imposible de acometer sin una planificación, formación y asignación de medios materiales y humanos para su efectividad.

 

C)- Defensoría  de los Jueces y Juezas de Adscripción Territorial, el gran agujero de nuestro Estatuto profesional.

 

Desde el Congreso de Cádiz, Jueces para la Democracia ha desarrollado ampliamente sus instrumentos dedicados a la reivindicación y amparo de los derechos de los Jueces de Adscripción Territorial y los Jueces en Expectativa de Destino.

Junto con el resto de las asociaciones judiciales, no hemos cesado de reclamar la aprobación de un verdadero marco normativo que ofrezca la regulación suficiente del estatuto de estos compañeros, hasta la fecha, por extraño que pueda parecer, privados, en la práctica, de cualquier seguridad jurídica.

 

En ese orden de cosas, conjuntamente, logramos que el Consejo General del Poder Judicial se aviniera a iniciar un proceso de elaboración reglamentaria que aún no ha concluido pero se halla en fase ciertamente avanzada. Jueces para la Democracia ha participado con voz propia en sendas reuniones con la Comisión encargada de la redacción del proyecto de reforma del Reglamento de la Carrera Judicial en esta materia y ha emitido sucesivos informes mediante los cuales trató de influir en la consecución de una norma aceptable en amparo de los intereses de esta nueva especie de Jueces en situación de precariedad.

 

En abril del presente año recibimos notificación del proyecto final de reforma, con motivo de la apertura de la fase de consultas previas a su sometimiento al Pleno del CGPJ. Aunque, por su propia naturaleza reglamentaria, este instrumento no alcanza a satisfacer plenamente nuestras expectativas, nuestras exigencias, hay que decirlo, compartidas en gran medida por el Vocal que presidió la Comisión, fueron plenamente acogidas en el mismo. Además, mediante él el CGPJ se comprometió a solicitar al Gobierno que emprendiera la iniciativa legislativa, necesaria para la consecución de ciertas reformas imprescindibles a los fines propuestas, como consta en nuestro informe, que adjuntamos.

 

Jueces para la Democracia ha exigido incontables veces, en el ámbito de ese proceso, que se promovieran cuantas medidas pudieran juzgarse precisas para garantizar la plena participación democrática de los JAT en las Juntas de Jueces y, en particular, para la elección de Decanos. La nueva realidad jurídica que la incorporación de los JATs a la nómina de cargos judiciales obliga a un cambio no desdeñable en la mentalidad; el destino judicial ya no es concepto inseparable del de un Juzgado concreto y es preciso ofrecer plenas garantías de participación a los compañeros que, sin asumir la dirección o presidencia de un órgano exclusivo para sí, han de someterse igualmente a las consecuencias que las decisiones que, en el ámbito de sus competencias, pueda adoptar en Decano del Partido en que desempeñan sus funciones. Privar al Juez adscrito del derecho a elegir a éste, siendo que su destino no está sometido a un término cierto, supone una injustificada preterición en sus derechos y debe ser combatido.

 

Junto a ello, hemos solicitado al Consejo que, una vez aprobado el Reglamento, quede constituida, en la forma jurídica que considere oportuna, una comisión consultiva encargada de recabar información e dictaminar sobre la concreta implementación de las exigencias reglamentarias y legales en orden a la garantía de la inamovilidad e independencia de los Jueces de Adscripción Territorial y Jueces en Expectativa. Consideramos imprescindible que, dada la novedad de esta figura y de buena parte de su regulación, se adopten estrategias de homogeneización, precedidas del correspondiente estudio, sin perjuicio, como es natural, de las competencias de cada TSJ.

 

Además, nuestra Comisión ha propuesto la creación de un observatorio propio sobre la materia, que nos permita emitir juicios suficientemente fundados sobre el estado de esta cuestión en cada momento. Para ello, proponemos que las Secciones Territoriales se encarguen, junto con la propia Comisión, de elaborar informes sobre la situación de los JATs y JEDs en sus territorios respectivos y de forma periódica. Consideramos que nuestro observatorio debería ser capaz de ofrecer una visión general sobre el efectivo cumplimiento del Reglamento cada pocos meses y, en su caso, adoptar las medidas tendentes a evitar cualquier atropello.

 

En los últimos tiempos, muchos de nuestros compañeros JATs y JEDs han debido soportar traslados inopinados, modificaciones, no sometidas a su consideración, de las normas de reparto que les afectaban e insuficiente determinación de ella, sobrecarga de trabajo y, en algunos casos, incluso insuficiencia de medios físicos. Por ello, debemos adelantarnos a posibles reincidencias en estas agresiones a la dignidad de nuestro trabajo, conscientes de que un ataque contra un juez en el ejercicio de sus funciones, se dirige, ciertamente, contra todos ellos y contra la propia esencia del ejercicio del Poder Judicial.

 

La propuesta de observatorio, que fue ya sometida por esta Comisión, alcanza especial interés una vez aprobado el Reglamento, pues éste nos proporciona un criterio objetivo para la valoración de cada decisión adoptada en los distintos TSJ. La red que, desde los territorios, apoye el proyecto debe, pues, fundarse en un compromiso real y constante, por lo que proponemos que se cree una específica conexión permanente -mediante listas de correo ad hoc, principalmente- para que, coordinadamente, la Comisión Sindical, las Territoriales y los asociados que lo deseen -y esperamos sean muchos- puedan proporcionar información específica con facilidad y eficacia.

 

El acuciante problema que afecta a los JATs y JEDs, no conviene olvidarlo, no es sectorial. Afecta a la propia esencia de nuestras funciones. Por ello solicitamos de todos nuestros compañeros su apoyo explícito y, en la medida de sus posibilidades, operativo.

 

Y como siempre, seguimos a vuestra disposición, sin bajar la guardia.

 

 

Comisión Sindical y Sección Sindical del Secretariado.

Carlos Preciado

Glòria Poyatos

Gonzalo Alcoba

Andrés Montalbán