JpD considera que la especifica medida impulsada por el Ministerio de Justicia en relación a los llamados Jueces sustitutos, que en número de 1.200 han sido cesados sin ser reemplazados por Jueces de acceso permanente al ejercicio de la función jurisdiccional, ha supuesto un grave perjuicio inmediato que se verá incrementado progresivamente en los próximos meses.

El aumento de las controversias a solucionar por l@s Juez@s, como consecuencia de dicho cese (que supone desaprovechar un bagaje y experiencia profesional digna de resaltar), y la asignación de muchas de ellas a quienes desde hace años se han dedicado a parcelas del derecho totalmente distintas, se considera una grave irresponsabilidad que pone de manifiesto un gran desconocimiento de la realidad judicial española.

Por ello Jueces para la Democracia hace un llamamiento a la responsabilidad  y a  no exigir a l@s Juez@s incrementar la razonable y exigible carga de trabajo que ya se encuentra superada ampliamente por los criterios establecidos, ni a asumir la resolución de controversias, que exigen cada vez mayor especialización en el conocimiento del derecho, a quienes desde hace años pueden estar aplicando una distinta especialidad del cada vez más complejo ordenamiento jurídico. No resultaría lógico ni asumible por los ciudadanos que un médico especialista en huesos se le exija que realice una operación de corazón por haberse suprimido, en un momento determinado, la plaza de un cardiólogo.

JpD cree necesario recordar al Ministro de Justicia que la función de los Jueces y Juezas es mucho más compleja que la celebración de los actos de juicio y exige una formación continua, un estudio previo de los juicios a celebrar y un análisis exhaustivo del propio juicio celebrado, que termina finalmente en una Sentencia.

El desconocer tal evidencia y confundir celebración de juicios con trabajo de las Juezas y Jueces, para justificar decisiones personales, supone una irresponsabilidad que los ciudadanos no tienen que soportar desde una lectura Constitucional del derecho a la Tutela Judicial efectiva.