Informe del Secretariado
La elección del lema del congreso de Jueces para la Democracia responde a la necesidad de intentar integrar los debates que han surgido a lo largo de los últimos años y contextualizarlos en una reflexión más profunda, una reflexión que tiene que ver con la calidad de la democracia y de sus instituciones.
La calidad de un sistema democrático debería poder medirse a partir de parámetros tales como el de participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la transparencia de las instituciones, en el grado de conexión o de empatía de los representantes con los representados, en la dación de cuentas y la asunción de responsabilidades.
Nos hemos acostumbrado a vivir, a sobrevivir, quejándonos de la incidencia que la crisis económica ha tenido en la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas. En realidad la crisis no está siendo sino el pretexto para una involución económica, política y social de dimensiones mucho más profundas, el regreso a escenarios que creíamos olvidados en el pasado más remoto.
No cabe duda de que la calidad de la democracia española viene marcada por una serie de acontecimientos históricos marcados por la experiencia de la dictadura y las exigencias y temores de la transición. Podría haberse planteado un congreso en clave de revisión de lo sucedido durante todos estos años, abriendo un debate crítico, interesante pero con el riesgo de no ser capaz de realizar propuestas de futuro en un momento en el que urgen soluciones, de ahí que desde el secretariado pensemos que debe realizarse una aproximación a la calidad de la democracia bajo el prisma de la necesidad de participar en las iniciativas que permitan una mejora de la calidad, incluso en la necesidad de abordar cambios de modelo de convivencia ya que son muchas las voces que advierten que el modelo actual de democracia en España se ha agotado.
En el marco del congreso de una asociación judicial no cabe duda de que la aproximación a la calidad de la democracia debe hacerse desde la perspectiva de la justicia, no en vano es una institución del estado y como tal sufre el desgaste del resto de instituciones. Además en el caso español en la justicia se aprecia una sintomatología específica que permite afirmar que muchas de las carencias del sistema en general se agravan o intensifican al examinar su incidencia en la justicia y en su gestión.
Por otra parte como secretariado somos conscientes de la necesidad de poner en común lo hecho y no hecho durante este primer año de trabajo con el fin de abrir un debate sobre las prioridades y estrategias que, como asociación judicial de referencia no sólo para la carrera sino para cientos de miles de ciudadanos, debemos consolidar durante los próximos meses.
En el comité permanente de Valladolid, celebrado hace muy pocos meses, tuvimos ya una primera oportunidad de identificar alguna de las encrucijadas en las que nos encontramos y pensamos que este congreso es el escenario natural para configurar cual debe ser el papel que deberíamos jugar en distintos ámbitos profesionales, políticos, sociales y económicos, asumiendo que está en entredicho la calidad de nuestro modelo de democracia y que, por lo tanto, algunas cuestiones no sólo deben afrontarse en clave interna, en clave de interés de la judicatura, sino fundamentalmente en clave externa, en clave de la gente de la calle que vive perpleja ante un retroceso de las libertades, el desmontaje de los pilares fundamentales de un pretendido estado social a partir del cuestionamiento de la sanidad, de la educación, de los derechos de los trabajadores.
El ministro de justicia, seguramente de una manera consciente, se ha erigido en el principal adalid de este proceso de involución democrática y de desprecio a las reglas del juego, lo que hace que confluyan en la justicia una parte importante de los conflictos actuales de nuestro sistema.
Piénsese, por ejemplo, en el recorte que se ha producido en los instrumentos que se deben facilitar en la lucha contra la corrupción; debería ser evidente que para la mejora de la calidad de la democracia debería dotarse al poder judicial de los medios materiales y humanos suficientes como para combatir de modo eficaz la corrupción. Sin embargo el gobierno, más interesado en eludir responsabilidades incluso penales, ha mantenido una estrategia permanente de descrédito y falta de apoyo a quienes han de realizar estas tareas de investigación y enjuiciamiento de las tramas corruptas que afectan a ayuntamientos, a comunidades autónomas y a las estructuras de financiamiento de los principales partidos políticos. De ahí que una de las propuestas que el secretariado de JpD quiere trasladar al congreso es la de reivindicar un plan de actuación urgente que dote de medios de toda índole para que los procedimientos judiciales por corrupción puedan instruirse y enjuiciarse con celeridad y con transparencia absoluta.
Conectada con esta primera propuesta surge también la necesidad de abordar el problema de la planta judicial, de la necesidad de que el país disponga del número de jueces y juezas suficientes como para poder dar una respuesta adecuada a las demandas de justicia de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. La justicia se ha convertido en el último refugio para dar respuesta a millones de conflictos, la crisis ha incrementado los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria y arrendaticia, los litigios por despido, ha tensado las relaciones personales, el gobierno ha asumido una estrategia de penalización de cualquier comportamiento que le resultara incómodo.
La respuesta gubernamental no ha sido, ni mucho menos, la de incrementar el número de juzgados, ni la racionalización de los partidos judiciales para adaptarlos a las necesidades actuales.
La respuesta ha sido justo la contraria, se ha producido en los últimos meses un ERE encubierto que ha dejado sin empleo a más de un millar de jueces y juezas sustitutos/tas y suplentes; hace años que no se convocan oposiciones en número suficiente para cubrir las necesidades de la planta judicial; no hay un plan razonable de creación de plazas judiciales, se ha abandonado cualquier iniciativa destinada a configurar el funcionamiento de los tribunales unipersonales como tribunales de instancia y el anuncio que ha realizado el ministro de justicia de reforma de la planta judicial se ha hecho sin plantear de antemano un espacio de puesta en común de prioridades y soluciones.
Por lo tanto desde el secretariado de JpD reclamamos la inmediata apertura de una mesa de trabajo plural que permita un diseño de planta judicial y de creación de juzgados y tribunales que permite una ratio de juez por número de ciudadanos equivalente a la de otros países de nuestro entorno; un número de juzgados suficiente como para dar una respuesta adecuada a los procedimientos judiciales en curso atendiendo al incremento de la litigiosidad en jurisdicciones especialmente afectadas por la crisis.
Siguiendo los dictados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde el secretariado de JpD creemos que la judicatura, como el resto de integrantes de la administración del Estado, tiene la obligación de garantizar una intervención positiva de los poderes públicos destinada a que los derechos se puedan disfrutar de modo efectivo sobre todo en aquellos ámbitos en los que se han observado situaciones de desequilibrio en cuanto a la información que reciben los ciudadanos y ciudadanas, en cuanto a las posibilidades de disfrutar de unas garantías procesales efectivas. Esta intervención positiva que obliga a la jurisdicción incluso a intervenir de oficio, sin necesidad de que la parte más débil se vea obligada a litigar, no sólo se plantea en el ámbito de la tutela de los consumidores, sino también en el ámbito de la protección de los trabajadores y las trabajadoras frente a los recortes económicos y de derechos, sin olvidar los atropellos que las distintas administraciones públicas cometen cotidianamente. Por lo que desde el secretariado de JpD reclamamos una inmediata reforma procesal que de modo integral habilite esta intervención positiva de la jurisdicción en la tutela de los grupos económica y socialmente más vulnerables.
Jueces para la Democracia, por medio de sus comisiones, ha realizado una labor capital en la defensa de este modelo de implicación de la jurisdicción en la tutela de los grupos más vulnerables, defendiendo que ese modelo de implicación no puede supeditarse a tensiones ideológicas, sino que debe servir como motor de funcionamiento de todos los jueces y juezas.
La comisión de lo social en la denuncia de los abusos cometidos como consecuencia de una reforma laboral que olvidó por completo a los trabajadores; la comisión de penal, que se ha convertido en el principal altavoz frente a los retrocesos materiales y procesales que sin duda va a generar la reforma del código penal y la anunciada ley de enjuiciamiento; la comisión de privado, que desde hace años ha trabajado en lo referente a la protección de los consumidores con especial referencia a su salvaguarda en los procedimientos de ejecución y de desahucio; la comisión de igualdad, que realiza un esfuerzo cotidiano por la visibilidad de la discriminación que incluso en el lenguaje sufre la mujer; la comisión de violencia de género, que reclamar un desarrollo permanente de la legislación integral en esta materia; y la comisión sindical ha realizado un esfuerzo incansable en defensa de las condiciones profesionales de la judicatura, con la finalidad de que podamos garantizar en las mejores condiciones el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.
El trabajo colectivo de todos estos compañeros y compañeras además de dar proyección pública a la asociación están permitiendo construir una visión de la justicia que sintoniza con la preocupación de mucha gente de la calle, que permite defender que la calidad de la justicia no sólo depende de las normas en vigor, sino también de la sensibilidad y capacidad de los jueces y juezas en su aplicación acorde con las exigencias de la realidad y de una estructura de valores amparado por la legislación comunitaria y por la constitución. Desde el secretariado queremos reconocer el trabajo de los/las integrantes de estas comisiones ya que se han convertido en uno de los principales activos de la asociación.
La reforma de las instituciones debería ser también un instrumento para abordar la mejora de la calidad de la democracia, sin embargo el gobierno no ha dado paso alguno en orden a reformar las leyes electorales que permitan superar las discriminaciones que surgen de la aplicación de la Ley D’Hont. Tampoco ha sido capaz de articular un proyecto que permita listas abiertas o que modifique las demarcaciones electorales, lo que determina un modelo de democracia representativa anquilosado, que discrimina claramente a grupos y partidos con mucho apoyo social que, sin embargo, se encuentran infra-representados en las cámaras. Por lo que desde el secretariado de JpD reivindicamos una modificación inmediata de la ley electoral que facilite la implantación de listas abiertas, que corrija las deficiencias del actual sistema de atribución de escaños y que garantice la presencia en las cámaras de los partidos minoritarios, abandonando un modelo bipartidista claramente agotado.
Advertida la falta de iniciativa en la reforma de algunas instituciones, sin embargo otras, como el Consejo General del Poder Judicial, se encuentran actualmente en proceso de modificación integral sin que dicha reforma permita dar respuesta a los graves problemas que tenía y tiene esta institución; el actual consejo ha quedado lastrado por la crisis que llevó a la dimisión a su anterior presidente y su modelo de funcionamiento y gestión no ha sido todo lo efectivo que las circunstancias exigían. El secretariado se ha reunido con todos los grupos parlamentarios con el fin de trasladarles nuestro rechazo al proyecto, esos contactos no han dado el resultado deseado puesto que el gobierno, escudado en su cómoda mayoría, no ha sido permeable a ninguna de las enmiendas de calado que hubieran permitido una mejora sustancial del proyecto.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha conseguido que todas las asociaciones judiciales y la práctica totalidad de la carrera judicial haya coincidido en su rechazo frontal porque no da respuesta ni tan siquiera a las reivindicaciones de los grupos que tradicionalmente apoyaban al Partido Popular. Reclamamos, por lo tanto, la paralización del actual proceso de reforma, la devolución del proyecto al gobierno para que se abra una verdadera mesa de negociación destinada a consensuar un modelo de consejo con sus competencias bien definidas y con reglas de funcionamiento claras para garantizar la efectiva independencia de los jueces y juezas, magistrados y magistradas.
Hay un sombrío hilo conductor en la descripción de la situación actual, sombrío en la medida en la que, con la excusa de la crisis económica, se enmascara un desmantelamiento sistemático de aquellos elementos del sistema que permitían identificar valores sociales y democráticos. La imagen del presidente del gobierno dirigiéndose a los medios de comunicación a través de una pantalla de plasma, sin posibilidad de realizar preguntas, es una metáfora clara de una democracia virtual en la que se prefiere pactar con poderes e intereses económicos y empresariales en vez de buscar amplios consensos sociales.
Esa democracia secuestrada por pretendidos intereses macroeconómicos ha llevado al secretariado de JpD a buscar espacios sociales amplios de reivindicación y protesta potenciando la presencia en las redes sociales, los datos del muro de Facebook de la asociación – con más de 4.000 personas e instituciones vinculadas – y la constante actividad de la cuenta de twitter gestionada desde el área de comunicación permiten el contacto en tiempo real con los grupos que están dando cuerpo y sentido a la protesta social – son más de 14.000 los seguidores de esta cuenta en sus primeros meses de funcionamiento -. Por otra parte la Cumbre Social se ha constituido como el punto de encuentro de las mareas contra los recortes, entendemos que una parte de la oposición a las políticas del gobierno debe realizarse fundamentalmente en este foro social, sumando a la asociación en las protestas y movilizaciones.
Queda por abordar un capítulo que no debería desvincularse de este contexto de debilitamiento de la democracia y las instituciones, es el capítulo de las reivindicaciones profesionales. En estos días el secretariado de JpD ha impulsado una reactivación de la unidad de las asociaciones judiciales por medio de la CIC, somos conscientes de las dificultades de este proceso por el papel que pretende jugar la Asociación Profesional de la Magistratura, de nuevo identificada con los proyectos del ministro de justicia. Tanto la asociación Francisco de Vitoria como el Foro Judicial Independiente están aprovechando la unidad asociativa para intentar imponer un discurso netamente corporativo, desvinculado de reivindicaciones sociales.
Desde el secretariado seguimos apostando por la necesidad de mantener la unidad de las asociaciones siempre y cuando se diseñe una hoja de ruta en la que se potencien los valores de mejora del servicio público, entendiendo que las mejoras del estatuto profesional de los jueces y juezas debe entenderse en clave de la mejora de la justicia, por lo tanto ha de revertir en el ciudadano o ciudadana que acude al juzgado a la búsqueda de una respuesta judicial a sus problemas. A nadie se le debe escapar que las bases de la actual unidad asociativa son extremadamente débiles y que se están poniendo de manifiesto las diferencias cualitativas en los planteamientos de las distintas asociaciones.
El congreso es el espacio adecuado para debatir sobre cuál debe ser la actuación del secretariado frente a todas estas cuestiones, un debate que ha de ser crítico con el fin de establecer posibles alternativas a la estrategia actual.
El resultado de este año puede y debe considerarse insuficiente en la medida en la que la dureza y la falta de diálogo del gobierno ha impedido cualquier posibilidad de influencia, de negociación efectiva respecto de los proyectos y medidas en trámite. Pensábamos que la capacidad de convocatoria de las distintas movilizaciones que se han producido en el ámbito de la justicia, con una huelga que fue respaldada por más del 60% de la carrera judicial, permitiría abrir mesas de negociación o, por lo menos, la paralización de algunos proyectos. Entre todos deberíamos identificar los pasos que se deben dar en un futuro asumiendo, quizás, que por muy dura que sea nuestra respuesta las posibilidades que modificar de modo efectivo el diseño del ministro de justicia más a ser muy reducidas.
La insatisfacción de la situación actual puede tener como efecto aparente de que se ha producido una parálisis en la actuación del secretariado. Sin embargo, esa apariencia contrasta con la realidad del esfuerzo individual y colectivo de todos y cada uno de los miembros del secretariado; en los comunicados emitidos durante estos meses por la CIC se han introducido elementos propios del discurso asociativo de JpD como la crítica a las tasas judiciales, el rechazo a la anunciada reforma penal y procesal penal, la utilización partidista del indulto, la insuficiencia de las reformas abordadas por el gobierno para paliar la tragedia de las ejecuciones hipotecarias, la falta de respuesta efectiva frente a la iniciativa popular de la dación en pago, o las exigencias derivadas de las sentencias del tribunal de justicia de la unión europea de junio de 2012 y marzo de 2013.
Para el secretariado es importante este congreso y es importante que su lema, la calidad de la democracia, se llene de contenidos efectivos para poder abordar con la confianza de los asociados las movilizaciones futuras de la asociación en el seno de la carrera y junto con otros grupos sociales. La tramitación de la reforma del Consejo, la anunciada reforma del aborto, la privatización de la justicia civil por medio del fortalecimiento de la procuraduría y la externalización de los registros civiles, la tramitación de la reforma del código penal, el impacto de los recortes en servicios públicos vitales como la educación o la sanidad. Son muchos los frentes abiertos y todos ellos inciden en considerar que la nuestra es una democracia en riesgo extremo.
Por otro lado, resulta importante constatar que para llevar adelante nuestras actuaciones asociativas vamos a tener limitaciones de medios económicos. En el presente ejercicio ya se han aplicado restricciones presupuestarias, con el recorte de la subvención anual, que nos han obligado a reducir gastos. Y esta situación puede empeorar si siguen adelante los planes del Ministerio de Justicia de imposibilitar cualquier ayuda pública a las asociaciones judiciales.
En relación con algunas propuestas concretas, el secretariado ha valorado que el ámbito de actuación de la CIC debe limitarse a la defensa conjunta de reivindicaciones estrictamente profesionales. En especial, las referentes a carga de trabajo, retribuciones por sustituciones, MUGEJU, retribuciones variables, jubilación, salud laboral, mejora de nuestro estatuto profesional, defensa de las competencias del CGPJ para garantizar la independencia judicial o defensa del asociacionismo judicial, entre otras. En este ámbito, se intentará consensuar en la CIC actos que expresen nuestra disconformidad, como concentraciones y paros parciales. En todo caso, nuestra participación en la CIC no debe impedir la elaboración de un discurso propio en materia sindical. Ello supone la denuncia por parte de JpD de la precarización de las condiciones de trabajo que supone la supresión de la judicatura interina. También habremos de mostrar nuestra disconformidad ante la falta de un diseño adecuado de la planta judicial y nuestra reivindicación de una carga de trabajo racional y asumible
En otras materias que supongan una mayor implicación ideológica, tendríamos que reforzar el discurso propio de JpD, ante las evidentes diferencias que existen en relación con otras asociaciones. Con iniciativas como la del reciente manifiesto y otras en las que hemos expresado en solitario nuestra voz asociativa se ha demostrado que tenemos capacidad para incidir a nivel interno y a nivel externo. En este terreno, nuestras alianzas naturales se encuentran en otros sectores de la administración de justicia, en el mundo sindical y en los movimientos sociales. Ello nos permite expresar una línea firme de oposición ante las restricciones de derechos fundamentales en todos los ámbitos. Y también nos permite instar al Gobierno para que se aparte de la dogmática de recortes del sector público, que está poniendo en peligro la supervivencia del Estado Social y Democrático de Derecho. Y requerir a los poderes públicos para que garanticen los derechos constitucionales reconocidos a la ciudadanía, como el derecho a la vivienda, a un trabajo digno, a la salud, a la educación y a una tutela judicial igual para todas y todos.