Mediante Auto del pasado día 26 de julio de 2016 en las Diligencias Previas 5563/2013 del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, cuya titular es Dª Rosa María Freire Pérez, se declaró conclusa la fase de instrucción y se abría la fase de procedimiento abreviado, entre otros, contra el Partido Popular, por la presunta comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento. Los hechos relatados en el auto consisten en la entrega, a requerimiento de judicial, por el Partido Popular, de dos discos duros obrantes en su sede manipulados o destruidos.
Corresponde a la jueza de instrucción dictar esta resolución con plena independencia y sometimiento al Ordenamiento Jurídico. Contra estos hechos y su apariencia delictiva pueden las personas físicas y jurídicas aun investigadas, en su caso, ejercitar su derecho de defensa. Aún no se encuentran acusadas puesto que no se han formulado, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los escritos de acusación por el Ministerio Fiscal y demás partes acusadoras.
Desde el primer momento en que se hizo pública la citada resolución, desde Jueces para la Democracia hemos asistido con preocupación a una serie de declaraciones irresponsables de algunos dirigentes políticos. Más allá de la imprescindible crítica a las resoluciones judiciales en una sociedad democrática, tales declaraciones contenían ataques personales a la magistrada, incluyendo veladas referencias machistas. También son reprochables las declaraciones del Ministro de Justicia poco respetuosas con el trabajo de los jueces/zas, tratando de influir como representante de otro poder del estado en los pronunciamientos judiciales. Dicha crítica, por innecesaria e injusta, no tiene por finalidad más que socavar la confianza de la ciudadanía en los tribunales de justicia y poner en entredicho la imparcialidad e independencia de la magistrada.
Por ello, desde Jueces para la Democracia rechazamos rotundamente estas injerencias a la labor de magistrada así como las descalificaciones hacia su persona, al margen de la crítica razonada y razonable a sus resoluciones judiciales, y exigimos del Consejo General del Poder Judicial un claro y expreso pronunciamiento en defensa de la independencia de la jueza con rechazo absoluto a este tipo de declaraciones.
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA