PACTO POR LA JUSTICIA
En Diciembre del pasado año, antes de la primera cita electoral, las cuatro Asociaciones por primera vez, haciéndonos eco del sentir mayoritario de la Carrera Judicial, acordamos una propuesta unitaria dirigida al resto de Poderes del Estado. La finalidad de la misma era clara. En beneficio de todos, la Justicia debe protegerse, cuidarse y transformarse en la mejor Justicia posible y ello con independencia de avatares políticos. Una administración de Justicia tiene que ser real, moderna, en la que un Poder Judicial independiente sea una de sus piedras angulares, como así se demanda de forma insistente por nuestra sociedad.
En un Estado Democrático de Derecho, la Justicia es una prioridad, como la sanidad o la educación. Por ello, acordamos la necesidad de un Pacto de Estado y una serie de puntos esenciales integrantes del mismo, que ahora les pasamos a resumir.
– Un nuevo modelo de Carrera Judicial y de organización territorial y funcional de la Administración de Justicia. La organización actual de la Administración de Justicia es obsoleta. Es necesario diseñar un nuevo modelo organizativo, revisar el sistema de categorías profesionales, implantar los tribunales de instancia en la primera línea –con estricto respecto a los principios de independencia e inamovilidad, estructurado por órdenes jurisdiccionales y presididos por una persona elegida por los compañeros y compañeras-, una nueva distribución territorial acomodada a la realidad social, política, económica y demográfica, y una oficina judicial que realmente sirva como instrumento de asistencia y apoyo a actividad jurisdiccional –y no como un fin en sí mismo o herramienta de control al servicio de otros intereses-.
– La implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la Justicia y la confianza de la ciudadanía en sus tribunales. Es preciso reforzar la imagen de independencia de los jueces y juezas y la credibilidad del sistema.
En particular, el Consejo General del Poder Judicial ha de quedar al margen de las tensiones políticas, lo que no pasa desde luego por su desaparición, sino por potenciar sus competencias y asegurar que la elección de sus miembros, su composición y régimen de funcionamiento, responden al objetivo que justificó su creación: disponer de un órgano que garantizase la independencia judicial frente a cualquier injerencia externa de los demás poderes públicos y de terceros, para lo cual se considera imprescindible recuperar la elección directa de los vocales judiciales por los propios jueces y juezas con criterios de proporcionalidad, la dedicación plena de todos los vocales y las competencias necesarias para el desarrollo de su función constitucional. La Sentencia de 21 de junio de 2016, dictada por el TEDH, en el asunto “Ramos Nunes de Carvalho contra Portugal”, enseña y muestra al futuro Legislador la senda a seguir en este tema.
– La redefinición y coordinación del régimen de competencias en materia de Administración de Justicia. Hay que redefinir y clarificar el sistema de competencias, así como asegurar la debida coordinación entre las Administraciones estatal y autonómica, de forma que se trabaje en la misma dirección.
– Plan de inversión económica. Ha de elaborarse un plan de inversiones distribuido a lo largo de varias legislaturas, que permita dotar a la Administración de Justicia de los medios imprescindibles para asegurar una Justicia ágil, eficaz y de calidad, asignando un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado y exigiendo que cada reforma legal vaya acompañada de una memoria económica, auditada por expertos independientes, y un proceso de implantación adecuado a las circunstancias. Todo ello debe partir de una perspectiva de la Justicia como servicio público, que sea accesible a la ciudadanía, sin discriminar a nadie por razones económicas y sin obstáculos que impidan o dificulten el acceso a la justicia a los particulares y a las pequeñas y medianas empresas.
– Plan de ampliación de la planta judicial garantizado. Ha de elaborarse un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo, que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno, como medio para garantizar la prestación de un servicio de calidad.
– Condiciones profesionales dignas. Hay que establecer las condiciones adecuadas para que los jueces y juezas puedan desempeñar su función con las debidas garantías, en beneficio de la ciudadanía, lo que pasa por afrontar extremos como la salud laboral, los riesgos y enfermedades profesionales, la igualdad de género, la mejora del régimen de sustituciones, el volumen de trabajo y un régimen retributivo acorde con la responsabilidad y categoría profesional del puesto y la función desarrollada.
– Modernización tecnológica. Se hace necesario ya, compatibilizar los sistemas informáticos procesales. La regulación homogénea de la sede judicial electrónica, la puesta a disposición de los órganos judiciales de tecnología realmente operativa, el acceso inmediato a archivos y registros electrónicos públicos, etc.
– Reformas procesales y sustantivas. No cabe legislar en caliente ni tampoco para resolver un caso concreto.
Se debe modificar la práctica de reformas legislativas parciales y a corto plazo, que no vienen acompañadas de ninguna dotación presupuestaria específica y se imponen sin responder a ninguna planificación o proyecto común.
Es necesario hacer un análisis en profundidad con todos los operadores, que permita abordar una reforma global, por áreas, pero siempre pensando de dónde venimos y a dónde queremos ir, así como en la necesidad de acompasar esas reformas a los recursos existentes o previsibles a corto plazo.
Se trata por tanto, de una serie de propuestas unánimes, acordes con los nuevos tiempos, la nueva sociedad y el trascendente papel que la Justicia y el Poder Judicial deben asumir como garantía de eficacia, cumplimiento de la legalidad, lucha contra la corrupción y protección de los Derechos. En definitiva, medidas tendentes de manera directa e indirecta al mantenimiento de la paz social y a la protección de los Derechos y Libertades Públicas.
Los Partidos y Coaliciones electorales que por decisión popular han obtenido representación parlamentaria, tienen ahora y siempre el deber y la responsabilidad de lograr que la Justicia sea real y efectiva. El Pacto propuesto es un medio trascendental para su consecución.
Por ello, las Asociaciones firmantes, representantes mayoritarias de la Carrera Judicial, solicitamos a quienes compete tal deber y siempre respetando su independencia, que remuevan los obstáculos existentes y que den la prelación que corresponde a la Justicia y trabajen para conseguir los objetivos y finalidad pretendida. No hacerlo así, entendemos, sería un fracaso para todos y todas.