En los últimos días podemos leer en la prensa noticias e informaciones extremadamente preocupantes referentes al Mar Menor, tales como que “El Mar Menor se muere”, o que incluso se está comenzando a cuestionar la salubridad del baño en sus aguas.
Estas noticias no son sino trasunto de lo que se ha venido anunciando y denunciado de forma constante y reiterada por científicos y técnicos durante largos años. Se trata de una catástrofe ecológica sin precedentes que se sabía con certeza que iba a ocurrir, sin que la sociedad, en general, ni los responsables de las instituciones públicas, en particular, hayamos sido capaces de evitarlo.
No cabe duda de que este nefasto resultado es directamente imputable a la irresponsabilidad de quienes han tenido la obligación, por mandato constitucional, de velar por nuestro Mar Menor, espacio singular y único del Mediterráneo que constituye una inigualable fuente de riqueza para el medio ambiente y el patrimonio cultural y que además contribuye sobremanera a levantar la maltrecha situación económica de nuestra Región.
La Administración se ha llegado a dotar de algunos instrumentos para proteger la laguna que que nunca han llegado a tener virtualidad. El proyecto CAMP elaborado en septiembre de 2003, de gestión integral de la laguna, nunca llegó a tener aplicación cierta; la Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, que ya en esas fechas contenía planes de saneamiento del mar menor y ordenación de su litoral, fue derogada, y las declaraciones europeas de Área Sensible y Zona Vulnerable han carecido de efectos prácticos.
Por ello, desde Jueces para la Democracia de la Región de Murcia, en nuestra condición de integrantes de la Plataforma en Defensa del Mar Menor, entendemos que los responsables de esta catástrofe deben abandonar los puestos de responsabilidad que la ciudadanía les había conferido dando a paso a personas realmente comprometidas con el problema, por la flagrante vulneración del artículo 45 de nuestra constitución, en el que se dispone que “…. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.”
Por otro lado, pensamos que han de depurarse las posibles responsabilidades de toda índole en que hayan podido incurrir los culpables de esta dejación.
Finalmente, solicitamos de las autoridades competentes que sin más dilación y de manera inmediata se adopten de manera efectiva las medidas oportunas que puedan proponer científicos y técnicos para evitar la catástrofe ecológica que se avecina, si es que esta no es ya irreversible.
JUECES PARA LA DEMOCRACIA DE LA REGIÓN DE MURCIA