Por la Asociación Judicial JPD se ha demandado al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales

El próximo miércoles 8 de junio a las 9:30 horas tendrá lugar la celebración del acto del juicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,(calle Goya, 14) a raíz de la demanda presentada por Jueces para la Democracia (JpD) el pasado día 27 de abril en planteamiento de conflicto colectivo contra el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. El motivo es exigir una carga de trabajo adecuada y que no comporte un riesgo psicosocial para los jueces y juezas que estamos al frente de los distintos órganos jurisdiccionales.

Desde Jueces para la Democracia hemos denunciado sistemáticamente el incumplimiento por el Consejo General del Poder Judicial, de su obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, en orden de adoptar todas las medidas necesarias para que Juezas y Jueces gocen de su reconocido derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía exige dotar a los órganos judiciales de los medios personales y materiales necesarios, sin someter a las personas que están al frente de órganos judiciales a situaciones de estrés

Reclamamos la inmediata aplicación a los miembros de la carrera judicial de la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, del artículo 317 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial (BOE 9 de mayo) y de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junio de 1989, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que, según ha tenido ocasión de reconocer el Tribunal de la Unión Europea, no se excluye su aplicación al ámbito de la función pública.

Asimismo, recordamos la vinculación del Consejo General del Poder Judicial para con la Ley y al resto del Ordenamiento Jurídico (art. 106 de la Constitución), recordando que eliminar los riesgos laborales, evaluar aquellos que no se puedan evitar y la adopción de medidas que eliminen y reduzcan los mismos, es una obligación legal, según los artículos 4,14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos, entre otros.

En la Encuesta de ámbito nacional realizada en el año 2015 por el Consejo General del Poder Judicial a todos los Jueces y Juezas arrojó como resultado que un 70 por ciento de los magistrados/as y jueces/zas consideran excesiva la carga de trabajo que tienen asignada.

Con la demanda de conflicto colectivo, y cuyo enjuiciamiento está previsto para el próximo miércoles 8 de junio, se pretende denunciar la inactividad y dejación de funciones del Consejo General del Poder Judicial en la aprobación de unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades de la sociedad a la que servimos, que exigen constantemente dedicación y profesionalidad de los/las juzgadores(as en la defensa de sus derechos y libertades.

Exigimos, como integrantes del poder judicial y de la sociedad en su conjunto, el respeto de los derechos de la carrera judicial a la integridad física y psíquica en el ejercicio de las funciones que la Constitución nos encomienda, integridad que necesariamente lleva consigo el pleno respeto de nuestra derecho al descanso y de la conciliación de nuestra vida y desarrollo personal y familiar con nuestros deberes constitucionales y legales.

Asimismo, no queremos dejar de señalar que hay jurisprudencia suficiente que avala nuestra legitimación como colectivo asociativo, interesado en el planteamiento de un conflicto contra quienes tienen las obligaciones legales de subvenirlo y paliarlo, que el Consejo General del Poder Judicial no puede seguir dejando la regulación de los módulos de entrada y salida en la indefinición permanente desde las sucesivas declaraciones de nulidad de los módulos que ha ido aprobando, y que ni el Ministerio ni el Consejo puede dejar desamparados a millares de Juezas y Jueces que, en su ejercicio cotidiano, vienen resolviendo el doble de lo que dichos módulos provisionales tenían establecido en detrimento de su seguridad, su salud y conciliación con su vida personal y familiar.

Desde el Secretariado de Jueces para la Democracia queremos mostrar nuestro agradecimiento a los componentes de la Comisión Sindical así como al equipo de letrados/as que ha presentado la demanda en nombre de la Asociación y a la que se han unido, por expresa invitación o llamada al proceso, el resto de las Asociaciones Judiciales.

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA