El magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, ha intervenido en un foro por la convivencia, en el que han participado víctimas de ETA, del GAL y de diversas situaciones de conflicto en el País Vasco. En dicha intervención José Ricardo de Prada manifestó que en nuestro país se han producido casos de tortura y que en algunos de ellos nuestros tribunales no han dado una respuesta adecuada. Dichas valoraciones han sido calificadas como “infames” por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el cual ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial que actúe contra De Prada, con la indicación de que habría podido cometer los delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo.

Desde Jueces para la Democracia valoramos que el ministro del Interior instrumentaliza a las víctimas del terrorismo en un supuesto en el que estas no eran aludidas por el magistrado José Ricardo de Prada, que se limitó a mostrar su preocupación por la existencia de casos de torturas que, aunque no son sistemáticos, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho. La realidad de estos casos está confirmada por diversas resoluciones judiciales, que el ministro parece desconocer. Debemos recordarle que entre ellas se encuentra la condena por torturas a cuatro agentes que fueron indultados por el gobierno del que forma parte Jorge Fernández Díaz, a pesar de los informes desfavorables del tribunal sentenciador.

Tampoco podemos olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en seis ocasiones a España por no realizar una investigación adecuada de torturas denunciadas. Además, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa se ha dirigido en varias ocasiones a nuestro país para reclamarle mayor firmeza para impedir malos tratos y torturas a personas detenidas.

Estamos convencidos de que nuestras fuerzas de seguridad no comparten que la lucha contra el terrorismo pueda realizarse con instrumentos ajenos al Estado de Derecho, que resultan especialmente contrarios a la dignidad humana. Por ello, las actuaciones puntuales que supongan un trato inhumano o degradante contra las personas detenidas no pueden silenciarse, sino que han de ser perseguidas desde el derecho penal. El firme compromiso de Jueces para la Democracia contra la brutalidad terrorista y a favor de la protección de las víctimas también nos lleva a rechazar cualquier actuación delictiva que pueda estar vinculada a la práctica policial de torturas.

Por ello, valoramos que las reflexiones de José Ricardo de Prada resultan pertinentes para analizar los límites del Estado de Derecho, desde una perspectiva de defensa de sus instituciones desde el ordenamiento constitucional. Y consideramos inadmisible cualquier intento de limitar su libertad de expresión o de atacar el ejercicio de su independencia judicial. Debemos recordar que De Prada es un magistrado con más de 25 años de experiencia en la Audiencia Nacional. Y que cuenta con una amplia trayectoria de protección de los derechos humanos a nivel internacional, pues ha sido juez del tribunal internacional de crímenes de guerra de Bosnia-Herzegovina e integrante de diversos organizamos internacionales de defensa de los derechos. No podemos decir lo mismo de Jorge Fernández Díaz, que pasará a la historia como el ministro que ha impulsado los mayores recortes de derechos y libertades de nuestra democracia. Desde Jueces para la Democracia reiteramos nuestra apuesta con los valores del Estado Constitucional. Y rechazamos cualquier utilización del injusto dolor causado por el terrorismo para perseguir finalidades políticas.

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA