Se han difundido determinadas informaciones en las que se ha indicado que desde el Departament de Justícia de la Generalitat catalana, a través del magistrado Santiago Vidal, se estaba elaborando un estudio sobre los jueces y juezas que abandonarían sus destinos en el caso de que Cataluña se convirtiera en un estado independiente, así como que se estaba procediendo a una especie de preselección de integrantes de ese poder judicial futuro, al margen de los procedimientos legalmente previstos. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha expresado su comprensible preocupación ante estas informaciones. Y desde Jueces para la Democracia también mostramos nuestra inquietud ante unas actuaciones en las que parece cuestionarse la estabilidad en sus destinos de numerosos/as miembros de la judicatura en el ámbito catalán.
Aunque dichas informaciones no han sido confirmadas por el Departament de Justícia de la Generalitat, al mismo tiempo se ha reconocido la elaboración de un informe sobre la situación de la judicatura en un futuro estado independiente. Desde Jueces para la Democracia siempre hemos respaldado la libertad de expresión de las compañeras y compañeros que defienden el derecho a decidir. También hemos apoyado la libertad ideológica de quienes apuestan por otro marco constitucional o por la existencia de un estado propio. Entendemos que resulta legítimo que dichas posturas sean defendidas también por entidades cívicas, colectivos sociales o por fuerzas políticas, así como que formulen las propuestas que estimen oportunas sobre cómo querrían organizar dicho estado independiente y sus distintas instituciones, entre ellas la Justicia. Son igualmente legítimas las posiciones que se manifiestan en sentido contrario, a favor del actual sistema estatal o de una reforma constitucional de carácter federal.
En cambio, consideramos que son ilegítimas las actuaciones que desde una institución pública se realicen para orientar la judicatura de un hipotético estado independiente futuro, pues suponen una quiebra del principio de neutralidad institucional para realizar una apuesta ideológicamente partidista. Además, resulta inadmisible que dichas actuaciones se lleven a cabo a través de instrumentos públicos que son financiados con los impuestos de todas y de todos.
En este ámbito, creemos que resulta muy criticable la ligereza con la que se está tratando con cuestiones que afectan al futuro personal, familiar y profesional de numerosos magistrados y magistradas. El debate sobre la situación en Cataluña tiene un carácter muy complejo, por lo que debería tratarse en todos sus aspectos desde el rigor, la transparencia y el respeto. Y en ningún caso resulta aceptable que se cuestione la profesionalidad, el enorme esfuerzo y la considerable dedicación de quienes ejercen la jurisdicción en los juzgados y tribunales catalanes. Al contrario, la credibilidad del sistema judicial representa un elemento clave en un Estado Constitucional. Y no debería ser erosionada desde las instituciones públicas con elucubraciones sobre la posible marcha de sus destinos por parte de los titulares de los órganos judiciales, sin perjuicio de las controversias que tengan lugar en el ámbito social.
Por ello, desde Jueces para la Democracia pedimos responsabilidad a todas las partes implicadas para que busquen soluciones institucionales de forma constructiva a la situación de Cataluña y a las reivindicaciones que se están planteando. Y reclamamos respeto a los magistrados y magistradas que allí desempeñan sus funciones como integrantes esenciales de nuestro Estado de Derecho.
30 de septiembre de 2015
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA