Jueces para la Democracia valora negativamente todo el proceso de renovación del CGPJ y la elección del nuevo presidente. Se trata de un Consejo que nace devaluado sensiblemente, porque la reforma de la LOPJ ha limitado no solo sus competencias sino también su operatividad. Además, la amplia designación como vocales del CGPJ de cargos gubernativos que podrán compatibilizar sus funciones genera riesgos para la independencia judicial. No ha existido ninguna evaluación de méritos de los vocales judiciales, ni tampoco transparencia en el proceso. Y la reducción de los avales a la cifra mínima de 25 ha permitido un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad a las cúpulas de las fuerzas políticas mayoritarias para nombrar a las personas que han querido en función de intereses estrictamente partidistas.

Por otro lado, la elección de Carlos Lesmes ha seguido la misma línea. Se trata de un presidente que ha sido decidido realmente por los partidos políticos y no por los vocales del CGPJ. Con ello la mayoría de los integrantes del CGPJ han mostrado que será muy difícil que puedan actuar con autonomía, ya que decisiones de semejante relevancia son acordadas al margen de este órgano constitucional. El hecho de que el PP haya impuesto el nombre de Carlos Lesmes, ex director general de Justicia en el gobierno de Aznar, es una muestra más de que el ministro Ruiz Gallardón ha conseguido una mayoría afín a sus intereses para controlar la institución.

Jueces para la Democracia decidió no presentar candidaturas a este proceso de renovación, ante la disconformidad con una reforma del CGPJ que subordinaba la institución al poder político y reducía de manera importante sus competencias. Las personas asociadas a JpD que han sido elegidas vocales se han presentado a título personal y no son representantes de nuestro proyecto asociativo. En todo caso, hacemos un llamamiento a dichos vocales y al resto para que, más allá de la forma de nombramiento, no actúen como correas de transmisión de las fuerzas políticas. Y para que ejerzan sus elevadas funciones constitucionales, como máximos garantes de la independencia judicial y como gestores eficaces de las funciones para la mejora de la administración de justicia.

Lamentamos que este proceso haya provocado un mayor descrédito de las instituciones judiciales a los ojos de la ciudadanía. En una situación de amplia crisis social como la presente, nuestra sociedad necesita de un poder judicial fuerte, independiente y con una credibilidad suficiente. Para ello debe visibilizarse de forma clara la existencia de división de poderes, como rasgo característico de un Estado de Derecho. La notable interferencia del poder político en el poder judicial que se ha escenificado con esta renovación del CGPJ supone un nuevo paso atrás en las legítimas expectativas ciudadanas

13 de diciembre de 2013

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA