Los posibles efectos negativos de la crisis económica sobre la prevención y persecución efectiva de la violencia de género se han confirmado. Las denuncias por violencia machista se han reducido en un 10% en el último año, a su vez las mujeres renuncian cada vez más a concluir los procesos judiciales, en 2012 un 12% de las mujeres que presentó denuncia la retiró después. La falta de dinero, la dificultad para hacer frente a las cargas familiares, la precariedad laboral y los recortes en prestaciones sociales han tenido un efecto que ya es constatable en la disminución de la persecución efectiva de estos delitos.

A las dificultades expuestas debe añadirse la disminución de servicios de apoyo a las mujeres y menores víctimas de esta violencia, ya que después de salir de un ámbito violento deben recuperarse de importantes pérdidas personales: emocionales, psicológicas y físicas, por lo que con frecuencia se precisa un apoyo social especifico.

La violencia de género no ha descendido, ya que se ha incrementado la cifra oculta de mujeres que sufre violencia y no la denuncian. Los conflictos económicos en el hogar son un factor de riesgo muy importante, un detonante más de la violencia machista; en lo que va de año han muerto 26 mujeres como consecuencia de la violencia de género y solo cuatro de ellas habían denunciado agresiones previas.

Podemos concluir que el impacto de la crisis económica dificulta que las mujeres salgan del círculo de la violencia, lo que nos lleva a solicitar nuevamente el mantenimiento del gasto público para lograr el funcionamiento adecuado y la efectividad del sistema legal. Debemos mantener el apoyo prestado a las mujeres que sufren esta violencia e incrementar la atención y apoyo a los/las menores que han sido las victimas olvidadas de este fenómeno violento.

El 70,6% de las mujeres que están sufriendo episodios de malos tratos tienen hijos/as pequeños a su cargo, el 61,7% de los casos de violencia de género afectan directamente a menores de edad presentes en el hogar y 8 menores han quedado huérfanos en lo que va de año.

Es preciso que se implementen efectivamente en todos los juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de instrucción de guardia,  unidades de valoración del riesgo integral, como prevé la Ley Integral,  y que las mismas  examinen y valoren también a los/las menores, efectuando en sus informes las indicaciones y prescripciones profesionales que en cada caso sean más adecuadas. Procede llevar a cabo un estudio riguroso, profesional e individualizado de las limitaciones y /o exclusiones de visitas,  lejos de afirmaciones apriorísticas que pueden resultar en su aplicación gravemente perjudiciales para el menor.

La afirmación de sectores que proclaman que la violencia de género está muy extendida y no ha resultado erradicada por la aplicación de la Ley 1/2004 implica un desconocimiento profundo de la realidad y de los limites estructurales del sistema jurídico y del derecho penal, pues lo cierto es que ya  no hay impunidad para estos delitos.

Las víctimas mortales de este tipo de violencia en 2012, en su mayoría no habían presentado denuncia, cuatro tenían vigente una medida cautelar y ninguna llevaba colocado un dispositivo electrónico en forma de pulsera; además debemos tener en cuenta que no es posible exacerbar indefinidamente la efectividad del derecho penal para mejorar su rendimiento, por el contrario, la prevención eficaz de estos delitos no debe limitarse a los mecanismos del control penal, sino que debe buscarse en una mayor integración o sincronización de este tipo de control formal  con los demás  controles informales.

Lo dicho no merma la importancia de la correcta utilización de las categorías conceptuales, del adecuado tratamiento legal y de la atención y esfuerzo para conseguir un buen funcionamiento del sistema judicial y penal, que debe revisar sus categorías axiológicas y solicitar los medios precisos para una adecuada eficacia de las órdenes de alejamiento.

Debemos insistir en la importancia de la respuesta del conjunto social para la efectividad de la aplicación del ordenamiento, ya que una norma despliega efectivamente sus efectos cuando se produce la aceptación general de la Ley. La prevención más eficaz  para este tipo de delitos necesita no sólo de la disuasión penal, sino que requiere también una intervención dinámica y positiva de toda la sociedad que neutralice las raíces y causas de esta criminalidad; no puede obviarse que el poder dentro de la relaciones, la connivencia social y legal, así como los roles adscritos culturalmente actúan como legitimadores del abuso que subyace en este tipo de violencia.

En esta línea queremos poner de manifiesto el retroceso que supondrá la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ya que en la misma no se contempla la educación en igualdad de sexos ni la formación para la prevención y resolución de conflictos como está previsto tanto en la Ley de Igualdad como en la Ley Integral.

Jueces para la Democracia quiere dejar constancia de que la educación es un medio imprescindible para avanzar en la igualdad y en la erradicación de la violencia de género.

Queremos, por último, mostrar particularmente nuestra más enérgica repulsa por los recientes asesinatos de cuatro mujeres. Son ya 22 las mujeres asesinadas por violencia de género a lo largo de este año.

28 de mayo de 2013