Los días 8 y 9 de febrero se celebró el Comité Permanente de Jueces para la Democracia. Allí se acordó un pronunciamiento crítico con el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del artículo 114 de la Ley del Poder Judicial. En ese pronunciamiento se denunciaba que el texto suponía una afrenta a los pilares básicos del sistema democrático, y exigía al CGPJ que, a la vista de la intolerable injerencia, activara los mecanismos a su alcance para evitar que se materializara esta fraudulenta pretensión del Ejecutivo.
En contra de lo deseado, lo cierto es que el Pleno del Consejo ha aprobado la semana pasada – 11 votos a favor, 4 abstenciones y 5 votos en contra – un informe complaciente con la propuesta del Gobierno en el que no se afronta claramente el fraude que supone la paralización del proceso de renovación del CGPJ hasta que no entre en vigor la anunciada reforma del sistema de elección, funcionamiento y competencias del CGPJ.
El acuerdo del Pleno del CGPJ parece olvidar que dicho órgano es el garante institucional de la independencia judicial, se respalda una reforma que supone un ataque a las reglas del juego democrático que, además, implica un nuevo golpe al funcionamiento regular de un órgano constitucional central para la ciudadanía y para la judicatura. La sorprendente paralización del proceso de renovación implica que sus integrantes vean prorrogados sus mandatos hasta tanto se apruebe una reforma que ha sido claramente criticada no sólo por JpD sino por también por otras asociaciones judiciales, por fuerzas políticas que en el Parlamento se han anunciado su oposición a la reforma y por la inmensa mayoría de colectivos implicados en la justicia.
El informe del pleno del CGPJ determina de hecho la complicidad el proceso de desmantelamiento del gobierno de la justicia y, por extensión, del ejercicio independiente de la jurisdicción. La extraña situación que se produce al favorecer prórroga indefinida de su mandato legal del consejo evidencia un mal funcionamiento de las instituciones democráticas y un mal uso por parte de los partidos políticos de las reglas de su renovación.
Por todo ello, y dado que el Anteproyecto terminará aprobándose en el Parlamento, apelamos a la responsabilidad de todos los vocales del CGPJ y les exigimos que eviten esta burda instrumentalización del ordenamiento con una finalidad puramente partidista. La situación que conlleva este informe habrá de llevar a los vocales a plantearse la renuncia en el momento en que hubiera de expirar normalmente su mandato. No sería aceptable que en una coyuntura compleja para nuestra democracia como la actual, un Consejo con sus funciones prorrogadas de modo tan atípico continuara funcionando hasta tanto se realizara el hecho incierto y futuro de la aprobación del nuevo modelo de funcionamiento, organización y competencias del CGPJ que debilita claramente el modelo constitucionalmente diseñado.
El Secretariado,
Madrid a 19 de febrero de 2013