Jueces para la Democracia apoya la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 14 de noviembre. Consideramos que se está produciendo un inaceptable desmantelamiento del Estado Social y un ataque sin precedentes contra el sector público. Todo ello se está llevando a cabo con intensos recortes de las prestaciones sociales y de los servicios públicos más importantes para la ciudadanía. Al mismo tiempo, se están produciendo las mayores restricciones en los derechos fundamentales de toda la etapa democrática. Asimismo, como ya denunciamos en su momento, los efectos de una reforma laboral injusta y de dudosa constitucionalidad han provocado unos niveles de desempleo de enorme entidad, así como han generado una situación de importantes desequilibrios en las relaciones laborales.

El resultado de dicha gestión está siendo un aumento sin precedentes de las desigualdades, con un incremento considerable de la exclusión social. Además, los sacrificios que se exigen a la mayoría de la población no se extienden a los sectores más privilegiados, pues las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas siguen sin realizar las correspondientes aportaciones tributarias en términos similares a otros países de nuestro entorno. Al contrario, este trato de favor se completa con la aprobación de una amnistía fiscal. Todo ello resulta contrario a los principios de capacidad económica y de progresividad en la aportación a las arcas públicas que se regula en nuestra Constitución, así como al principio de redistribución de la renta.

Los continuos recortes de los servicios públicos han tenido también considerables repercusiones en la administración de justicia. Nuestro país se encuentra con un sistema judicial en gran parte al borde del colapso, con una de las tasas más bajas de jueces por habitante en el ámbito europeo y con uno de los más elevados índices de litigiosidad. En lugar de solucionarse estos problemas, el gobierno ha acordado una importante reducción del presupuesto para 2013. Además, desde el gobierno se pretende prescindir de la mayor parte de la partida destinada a jueces sustitutos, en la línea de su política de ajustes económicos, con la pretensión de que sean los jueces titulares quienes asuman dicha carga de trabajo. Ello resulta manifiestamente imposible, lo cual provocará mayores disfunciones y demoras, con el consiguiente perjuicio para el servicio público y para los ciudadanos, que verán afectado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Del mismo modo, la paralización de las inversiones en Justicia imposibilitará el desarrollo de la nueva oficina judicial. Por otro lado, la implantación de las tasas judiciales provocará graves desigualdades procesales por razones económicas y permitirá que solo tengan acceso a la justicia quienes puedan pagársela.

Todas estas razones motivan nuestro apoyo a la huelga general del 14 de noviembre, en el ámbito de nuestra participación en la Cumbre Social. Y por ello compartimos las razones de los sindicatos al efectuar dicha convocatoria. Ante la negativa del CGPJ a regular los servicios mínimos, los propios jueces asumiremos su autorregulación.

12 de noviembre de 2012

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA