El Real Decreto-Ley 3/2012: ¿un golpe de estado constitucional?. Miguel Àngel Falguera Baró
La reciente reforma laboral es algo más que la enésima modificación de la regulación del mercado de trabajo. Se trata de un salto cualitativo en la estrategia desreguladora que ha sobrepasado diversas líneas rojas constitucionales: se desvirtúa la concertación social, se limita la capacidad de regulación de los convenios colectivos, se disminuye la autonomía colectiva y se potencia el poder del empresario en el contrato de trabajo.
El Consejo General del Poder Judicial vuelve al ‘quirófano’. Perfecto Andrés Ibáñez
El anuncio de una nueva reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, hecho recientemente por el ministro de Justicia, trae a primer plano ya viejo debate suscitado por la incorporación de la “enmienda Bandrés”, sobre el que ahora pesa también el patente deterioro de la institución, indisociable de la penosa experiencia de las prácticas generadas por aquella a lo largo de un cuarto de siglo.
Urbanismo en tiempos de crisis. Eduardo Calvo Rojas
Las administraciones públicas han propiciado el largo periodo de desmedido crecimiento urbanístico y edificatorio que ha vivido España hasta bien entrado el año 2008, y en no pocos casos han impulsado iniciativas difícilmente justificables en términos de racionalidad. La profunda depresión en la que ahora se encuentra el sector inmobiliario, que se anuncia duradera, puede, paradójicamente, resultar propicia para que los poderes públicos acometan una amplia reconsideración del urbanismo y de la función de las administraciones en su desarrollo. Aunque no parece probable que tal cosa vaya a suceder, por lo que debemos ser razonablemente pesimistas.
Búsqueda de la verdad y necesidad de motivación: elementos clave para una teoría general de la justificación de las resoluciones judiciales. Tomás J. Aliste Santos
La elaboración de una teoría general de la motivación de las decisiones judiciales requiere tener muy presente la búsqueda de la verdad como uno de los nes esenciales de todo proceso. No puede haber una correcta justificación de la resolución judicial sin el conocimiento de la verdad que arrojan los enunciados de hecho históricamente determinados ciertos. En este sentido, verdad y justificación se erigen ante nosotros como principios fundamentales y condicionantes metodológicos en la construcción de una teoría general de la motivación judicial.
Las penas de las personas jurídicas y su determinación legal y judicial: regulación española. José Luis Díez Ripollés
La reciente regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido objeto de una intensa atención de la doctrina jurídica. La mayoría de los trabajos se han ocupado de analizar el ámbito objetivo y subjetivo de esa responsabilidad y los elementos que la configuran. En el presente trabajo, por el contrario, la atención se centra en las interesantes cuestiones que plantea el sistema de penas diseñado para las personas jurídicas al igual que las previsiones establecidas para su determinación legal y judicial.
Estándares judiciales mínimos en Europa. José Miguel García Moreno
Este artículo expone el contenido del informe elaborado por el grupo de trabajo sobre “Desarrollo de Estándares Judiciales Mínimos” 2010-2011 de la Red Europea de Consejos de Justicia, aprobado en la Asamblea General de la Red celebrada en junio de 2011. El autor describe las propuestas de estándares mínimos referidos a los temas específicos analizados por el grupo de trabajo (selección y nombramiento de jueces; formación judicial y ética judicial), las cuales fueron hechas desde el convencimiento de que la adopción de estándares mínimos en estos campos reforzará el desarrollo de los Consejos del Poder Judicial independientes y contribuirá a alcanzar una cultura judicial común a toda Europa.
La tortura en relación con la banda terrorista ETA: estado de la jurisprudencia penal. Jon-Mirena Landa Gorostiza
Esta contribución presenta una visión global del conjunto de las sentencias condenatorias por torturas que se han pronunciado hasta la fecha por los tribunales penales en España en relación con la banda terrorista ETA. La aplicación del delito de torturas en este campo particular se compara inicialmente con la evolución de la jurisprudencia penal en materia de tortura en general en España. El objetivo es reunir de forma sistemática la información disponible sobre la verdad judicial de la tortura con relación a la banda terrorista ETA y hacer una primera contextualización crítica a la luz de algunos de los pronunciamientos más significativos provenientes tanto de los Altos Tribunales del Estado Español (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los informes internacionales de control de los derechos humanos. Incluye también una consideración especial a la STS de 2 de noviembre de 2011 que absuelve a todos los acusados del «caso Portu y Sarasola».
¿Es necesario un informe social para decidir acerca de la pena? Una aproximación a la toma de decisiones judiciales. Elena Larrauri
El texto sugiere la necesidad de contar con un ‘informe social’ que aporte datos sobre la persona, su entorno social y su actitud frente al delito, antes de que el juez imponga una pena. Con apoyo en entrevistas, el estudio plantea que la práctica hoy extendida en España de consultar sólo la antigüedad del hecho y la existencia de antecedentes penales, conlleva que se impongan penas alternativas a la prisión que pueden ser de difícil cumplimiento. El informe social expone además variables dinámicas y permite recomendar el tipo de pena, los plazos y los deberes específicos que el condenado debe cumplir. Esta información y un mejor conocimiento de la labor de los delegados de ejecución de penas y medidas alternativas, puede ayudar a que los jueces asuman que las penas alternativas no son sólo para las personas que delinquen por primera vez.
Algunas consideraciones sobre el Ministerio Fiscal italiano. Livio Pepino
Examen de los principios básicos del sistema procesal penal italiano, basado en la independencia del Ministerio Fiscal y de obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal. Sistema que se demuestra como el más adecuado para un correcto equilibrio entre los poderes en el contexto de un estado democrático de derecho y permite contestar las críticas que frente al mismo se dirigen. El sistema permite, en mejores condiciones que un sistema de acción penal discrecional, la corrección de la falta de efectividad del sistema penal derivándola, en el ámbito de la legalidad, a instancia del ministerio fiscal y con control judicial, a supuestos concretos de irrelevancia o falta de necesidad de reacción penal.
El modelo chileno de organización de la magistratura. Un caso de autogobierno judicial. Álvaro Flores Monardes
La organización del orden judicial en Chile se ajusta al modelo clásico napoleónico de la magistratura y evidencia, sin modificaciones en su discurso histórico, una incapacidad para asegurar la independencia de la función de juzgar. La magistratura chilena profesa además una ideología institucional conservadora y apolítica que sólo en el último lustro ha dado paso tímida pero sostenidamente a una reflexión sobre la inadecuación del modelo con las exigencias del estado democrático de derecho.
En Honduras los golpes continuan. Tirza Flores Lanza
La autora, tomando como punto de referencia la decisión, claramente discriminatoria, de la Corte Suprema de expulsar al juez Renan Osvaldo Vindel, reflexiona sobre la colonización política de la administración de justicia hondureña, gobernada por el grupo de magistrados alineado desde los primeros momentos con el golpe que rompió la normalidad constitucional en el país.
Cuestiones de Derecho Procesal Penal austríaco (y II). Eckart Rainer
La fuente principal del derecho procesal pena austriaco es la Ley Procesal Penal, (Strafprozessordung), un texto legal que, aunque originariamente se remonta al sigloXIX, ha sido objeto de importantes reformas a lo largo de su período de vigencia. Las últimas reformas parciales se han llevado a cabo por medio de sendas leyes aprobadas en 2004 y 2005 (que entraron en vigor en 2008 y 2006, respectivamente). El autor de este trabajo expone algunas de las normas de la Ley Procesal Penal austriaca que resultan de interés desde el punto de vista del derecho comparado, centrando su estudio
en la vigente regulación de la prisión provisional, la recusación de jueces, el derecho probatorio y el papel de la víctima del delito en el proceso penal en Austria.
Apuntes
- Para que se enteren
- ¡Qué necesidad había!
- Banesto y la justicia