Ante las manifestaciones vertidas en la editorial del diario El Mundo el pasado Sábado día 5 de febrero en relación con compañeros de la Audiencia Nacional, JpD debe manifestar nuevamente su rechazo al ataque personal sufrido por miembros de la judicatura. En esta ocasión, por Magistrados de dicho órgano judicial.
Siempre hemos defendido, y seguimos defendiendo, que las resoluciones judiciales deben ser sometidas a crítica pública, que los argumentos en ellas usados tienen precisamente, entre otras, la finalidad de permitir el debate sobre las razones que llevan a una u otra decisión. Las sentencias no sólo encierran debates técnicos, sino que suponen valoraciones que son objeto de controversia y acreedoras de análisis por toda la sociedad. Los Jueces y Magistrados no sólo no debemos gozar de inmunidad, sino que debemos ser alérgicos a ella y reclamar ese debate en el que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental.
Ahora bien, esa crítica de la resolución no justifica el ataque ni a las instituciones ni a las personas llamadas al dictado de sentencias. Confundir la información sobre la argumentación de una sentencia con el ataque a la persona que la dicta no es una práctica aceptable de debate público, sino un intento de instrumentalizar una resolución para otra finalidad. Rechazamos la personalización de los análisis de las sentencias que esconden otras intenciones y sirven para intentar someter a la Judicatura a presiones intolerables. Cuando en una resolución quedan explicitados los motivos y argumentos de la decisión, ésos son los que deben ser objeto de impugnación. Buscar oscuras intenciones o pretender lecturas entre líneas sin base alguna para ello no es fomentar el debate sino falsearlo en pro de otras causas no legítimas.
En este caso, nos resulta absolutamente rechazable que una divergencia sobre la interpretación del alcance de la nulidad de unas diligencias, sea excusa para tildar a esos magistrados de poco sensibles con valores democráticos. La carrera de esos Magistrados, y en especial del compañero mencionado por ese editorial (Ramón Sáez Valcárcel), en defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas es tan larga como intensa siendo su compromiso con los mismos un ejemplo para muchas personas. Desde aquí queremos mostrar nuestra solidaridad con ellos, y exigir respeto a su labor, denunciando el uso torticero que de un debate jurídico se ha pretendido realizar.
El Secretariado,
Madrid, 7 de febrero de 2011